En la Argentina actual, el crédito dejó de ser una herramienta de progreso y se convirtió en un mecanismo desesperado de supervivencia. Seis de cada diez personas piden prestado para comer, pagar servicios o cancelar deudas viejas, empujando a las familias a una espiral violenta y sin salida.

Daniel Arroyo

El sobreendeudamiento de las familias es uno de los dramas sociales y económicos más graves de la Argentina. Pedir prestado ya no sirve para comprar un electrodoméstico o refaccionar la casa: hoy es una estrategia de supervivencia desesperada para llegar a fin de mes. La pérdida constante del poder adquisitivo genera una enorme tensión social, deteriora la salud mental de la población y aumenta el riesgo de violencia dentro de los hogares.

Las cifras reflejan una realidad devastadora. Seis de cada diez personas piden créditos para cubrir necesidades básicas como comer, pagar la luz, el gas, el alquiler o comprar medicamentos. Lo más preocupante es que muchas familias se endeudan para saldar compromisos anteriores, cayendo en la trampa del recrédito, una espiral sin salida.

El impacto dejó de ser sólo financiero. Hoy es un problema social crítico que afecta a grandes mayorías. En junio, la mora en las familias llegó al 17,5% —según el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung—, con un monto promedio de deuda que creció un 60% en términos reales. Además, el 35% de los deudores lleva más de un año de atraso. La crisis golpea con más fuerza a los jóvenes, donde casi cuatro de cada diez menores de 25 años no pueden cumplir con sus pagos. Acorraladas por el sistema formal, miles de familias terminan recurriendo a financieras que cobran tasas usurarias o a prestamistas de barrio vinculados al narcotráfico.

La pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios –junto a la suba de los costos fijos– genera una enorme tensión social y obliga a muchas familias a recurrir a préstamos de supervivencia. Así se deteriora la salud mental de la población y aumenta el riesgo de violencia dentro de los hogares.

Hay diversas variables que potencian esta situación. Por un lado, la masificación de billeteras virtuales que permiten acceder a préstamos a un solo click. Por otro lado, se observan mayores dificultades en los hogares monoparentales, con jefatura femenina (y con padres que deben sus cuotas alimentarias) o que deben acceder a tareas de cuidado, como en el caso de personas mayores a cargo o personas con discapacidad.

Esta crisis superó la idea de que es un “acuerdo entre privados”. Se transformó en un problema de mayorías que exige la intervención del Estado. Un ejemplo cercano es el programa Desenrola Brasil, impulsado por el gobierno de Lula da Silva, que puso un tope a los intereses de las tarjetas de crédito y permitió a los sectores de menores ingresos renegociar sus deudas en hasta 60 meses con tasas muy bajas.

La Argentina necesita con urgencia un plan nacional de inclusión financiera que regule y controle los abusos con límites estrictos a la usura, ofrezca un sistema masivo de microcrédito social con tasa subsidiada para cancelar deudas impagables y garantice educación financiera junto con asistencia legal integral. Sin una política pública firme, el crédito desregulado seguirá destruyendo el bolsillo de la gente y poniendo en riesgo el futuro de millones de familias.

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