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La democracia acorralada: libertad bajo amenaza, alerta social y un mapa político al límite

La tasa de suicidios expone el costo del tejido social roto y la oposición busca quórum para frenar el ajuste decretado por el gobierno. Con la mirada en el rechazo al DNU 70/23 y en la presentación de la medida cautelar de Pichetto y Massot por las tierras rurales, el Ejecutivo pretende colar en el Congreso facultades contra “enemigos internos” mientras la Corte Suprema devuelve la pelota a la política.

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La imagen muestra el icónico Palacio del Congreso de la Nación Argentina, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, con varias banderas argentinas ondeando en primer plano durante una manifestación o acto público.

Buen domingo. ¿Cómo van las cosas? Antes de preguntarle sobre el mate quiero compartirle que un lector de esta columna dominical –que también es amigo personal… para blanquear todo– me presentó un severo reclamo por mi insistencia con la infusión que yo considero preferida por las y los argentinos y me planteó la necesidad de abrirnos a los diversos tipos de té o al café con leche, por ejemplo. No creo que usted se haya sentido presionado por mi reiterada referencia al mate, pero si así fuera adelanto mis disculpas. 

Estoy seguro de que se siente libre de tomar sus propias decisiones y no vamos a enfrascarnos en otro debate intrascendente. Suficientes tenemos en nuestra sociedad como para sumar una “grieta” más. No se ría… o sí, ríase tranquilo. A esta altura es de lo poco que podemos hacer gratis y siempre al mismo precio.

Mientras tanto, yo acomodo el termo sobre el escritorio para iniciar esta tertulia dominguera. Quiero comenzar señalando –aunque quizás no sea el centro de las preocupaciones de mucha gente agobiada por las urgencias del trabajo, del salario y del costo de vida– una cuestión vinculada con la pérdida creciente de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación en el país. 

Habrá que prestar mucha atención a una de las últimas jugadas políticas del gobierno de Javier Milei que, bajo el paraguas del titulado proyecto de ley de la “soberanía nacional” enviado al Congreso y –según se dijo– cuyo objetivo primario apunta a la recuperación soberana de Malvinas, coló una serie de artículos que, lejos de vincularse con el tema central ponen en alerta sobre nuevos avances del oficialismo gobernante y atropellos al derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. 

Vale llamar la atención sobre dos cuestiones. La primera es que la práctica política del mileismo incluye la reiterada maniobra de incluir y encubrir en sus proyectos temas ajenos a los ejes centrales de la propuesta pero que forman parte de su intencionalidad política. Lo que se busca es evitar el debate público sobre esos asuntos que se saben de por sí conflictivos. Sucedió con el DNU/70 y con la llamada “ley bases” con la que se llegó hasta el límite de intentar modificar categorías centrales de la propia Constitución Nacional.

En otro plano ahora se busca seguir limitando el derecho ciudadano a la comunicación, ya vapuleado hasta por demás por razones de mercado que restringen las voces que participan del diálogo público. El riesgo fue advertido por legisladores de la oposición y por abogados constitucionalistas. El hecho no debería asombrar teniendo en cuenta que de manera reiterada el presidente se expresa contra los periodistas y agravia verbalmente a quienes no adhieren a sus posiciones o ponen en evidencia sus constantes falacias informativas y argumentales. 

Ahora el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación y  señaló que “la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de todos los ciudadanos, que sin información libre y plural no pueden formarse un juicio propio ni controlar a quienes los gobiernan”. Dijeron también que “una democracia plena necesita un debate público robusto, vigoroso, incluso áspero, pero el uso indiscriminado de insultos y agravios no solo no enriquece el debate sino que lo empobrece, lo debilita y finalmente, lo anula”.

Quienes afirman esto son abogados, no profesionales de la comunicación. No hay, en consecuencia, ninguna posibilidad de señalar la denuncia como una defensa corporativa de las y los comunicadores. 

Como bien apunta el colega Mauricio Caminos “el proyecto de ley de soberanía del gobierno, más que defender a las islas Malvinas, es un intento para reforzar a las Fuerzas Armadas y la SIDE a través del Consejo de Seguridad Nacional –sueño húmedo de Santiago Caputo– con la hipótesis de terroristas y enemigos internos”.

Es importante subrayar que, aunque agobiados por otras urgencias, no dejemos de tener este asunto en el centro de nuestras preocupaciones. Las reiteradas manifestaciones presidenciales apuntando contra los profesionales de la comunicación son también avances de autoritarismo que afectan a la democracia en su totalidad, a su funcionamiento. 

En un escenario ciudadano donde hay ya muchas voces silenciadas se corre el riesgo de seguir empobreciendo nuestra democracia. Porque se pierde la diversidad de voces y porque, en una poco clara maniobra política se pretende legitimar legislativamente nuevas formas de represión. Pensemos que se trata de un suerte de “protocolo anti piquetes” para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. De todas y todos los ciudadanos… no apenas de los profesionales de la comunicación.

Se lo dejo para pensar… con el mate, el té o el café con leche… para que después no me reclamen. 

Habrá que prestar mucha atención a una de las últimas jugadas políticas del gobierno de Javier Milei que, bajo el paraguas del titulado proyecto de ley de la “soberanía nacional” enviado al Congreso. y –según se dijo– cuyo objetivo primario apunta a la recuperación soberana de Malvinas, coló una serie de artículos que, lejos de vincularse con el tema central ponen en alerta sobre nuevos avances del oficialismo gobernante y atropellos al derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.

Tratemos de organizar, en la medida de lo posible, algunas informaciones sobre esta realidad que, por momentos, nos apabulla. Pero antes observemos que esto que nos pasa como sociedad tiene consecuencias que los analistas denominan como “efectos colaterales” y que afectan nuestra cotidianeidad. 

La tasa de suicidios en la Argentina está llegando a niveles estremecedores. Somos el tercer país de América del Sur con mayor cantidad de personas que se suicidan y, por primera vez desde 2022, esa es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años. Lo vienen advirtiendo los expertos: no existe hoy una política pública que haga frente a esta grave realidad que está directamente ligada a la falta de horizontes y a la angustia que genera la falta de recursos para resolver los problemas de todo tipo que se instalan en nuestra cotidianeidad.

Por eso hemos querido advertir desde aquí que la salud mental es también y fundamentalmente un espacio de debate y de disputa política. 

A esto sigue “aportando” además el hecho de que, a pesar de que el gobierno niegue lo evidente, comenzamos octubre con una nueva ola de aumentos que continúan golpeando nuestros bolsillos… y limando la indispensable serenidad de nuestra vida cotidiana. 

 

***

 

Mientras tanto en el frente político la Corte Suprema decidió avalar con su dictamen la derogación de la ley de tierras y, de esa forma, abrió un nuevo conflicto institucional. De hecho los supremos decidieron “lavarse las manos”. Se apoyaron en un recoveco formal para, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, devolverle el asunto a la política. Así revocando la inconstitucionalidad de la derogación de la ley de tierras (26.737), reactivaron de pleno el artículo 154 del mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. Una doble jugada: exponen al presidente pero también a la dirigencia política y, al mismo tiempo, se reservan para más adelante una eventual última palabra sobre el asunto. 

El gobierno se quedó sin reacción porque no esperaba este pronunciamiento. Cada día queda más claro que la Corte –es decir, el triunvirato de los supremos– tiene su propia agenda… política.

Desde París –en su viaje 46 desde que asumió y corríjame usted si no ando bien con los cálculos– Milei siguió con su práctica de autoelogio, continuó proclamando los éxitos de su modelo e insultó –una vez más– a quienes lo critican. Reiteró su decisión reeleccionista y adelantó que, si resulta reelecto, los frutos positivos se verán en 2028. Un nuevo chantaje electoral. Una zanahoria para que corran detrás de ella quienes siguen pensando (… y no son pocos) que “lo mejor está por llegar” y que “no hay que echar por tierra el sacrificio hecho hasta ahora”. ¡No me diga que no escuchó este argumento en la verdulería del barrio! Pero si usted no lo escuchó, le cuento que el dato aparece en los focus group de diferentes consultoras. 

 

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La oposición –-más unificada que otras veces– intentó aprovechar la coyuntura convocando a una sesión especial de Diputados prevista –en principio– para el 15 de octubre. Lo cuenta Manuel Barrientos. El propósito es triple: el rechazo definitivo al DNU 70/23, el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Si bien se está a pocas bancas de alcanzar el quórum, no es improbable que el oficialismo logre urdir una nueva maniobra para evitarlo.

Se sabe que en París, donde el presidente estuvo acompañado por trece mandatarios y representantes provinciales (once gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una vicegobernadora) hubo conversaciones –de las que participaron Karina Milei y Diego Santilli que también formaron parte de la comitiva– destinadas a impedir que la oposición logre su propósitos. Para eso también habrá argumento$. 

Pero al mismo tiempo que firmaron la convocatoria a la sesión especial en Diputados, Miguel Ángel Pichetto junto con Nicolás Massot (ambos de Encuentro Federal) presentaron a la Justicia Contencioso Administrativo Federal una medida cautelar urgente para suspender el artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el Congreso de la Nación resuelva de manera definitiva la validez del decreto o exista sentencia firme. Parte del juego político y legislativo. 

Frente a este escenario político el ministro Luis Caputo sigue anunciando inversiones que no se concretan y que quizás algún día llegarán. Pero ante la desconfianza de sus propios aliados representada en el aumento del “riesgo país” Toto prefiere decir que se trata de “un shock externo bastante brutal” atribuible a factores internacionales y agregar que en cualquier otro momento la Argentina “hubiera durado cinco minutos” frente a un golpe de ese tipo. ¡Si él lo dice! Le recuerdo que es el mismo funcionario que anunció en abril pasado que allí comenzaban los mejores 18 meses de la economía argentina. Usted dirá…

 

***

 

Algunas llamadas de atención finales para cerrar nuestra tertulia de este domingo. 

Estemos alertas a lo que pase hoy en las elecciones presidenciales en Brasil. Desde 4Palabras le vamos a estar informando los resultados finales. Nada de lo que allí suceda nos puede resultar ajeno, ni como argentinos ni como latinoamericanos. Es mucho lo que se pone en juego y nuestra realidad argentina depende demasiado de lo que ocurra en el país hermano. Pero además entre Lula y Flavio Bolsonaro se ponen en disputa también dos modelos: el de un país que busca desarrollo con autonomía y libertades y otro, el de la ultraderecha, que quiere seguir ampliando su presencia en la región atada a los designios de Estados Unidos.

En Bolivia el caso de Fernando Cerimedo comienza a tener otras ramificaciones que hablan del interés de Estados Unidos de evitar que se conozcan la multiplicidad de maniobras en las que el argentino estuvo involucrado en los países latinoamericanos actuando para la derecha en los procesos electorales democráticos. El 1° de octubre –fuera de toda legalidad y a pedido de Estados Unidos– fuerzas de seguridad aprehendieron al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al exministro de Gobierno (gestión de Luis Arce), Eduardo del Castillo, en el marco de una causa sobre presunta protección al narcotráfico. Mariaca había pedido investigar a fondo a Cerimedo y estaba empeñado en la tarea de recolectar pruebas sobre sus actividades. No habría que perder de vista el desarrollo de los acontecimientos en este caso. Bajo el subterfugio de la “lucha contra el narcotráfico” (el mismo argumento con el que secuestraron a Nicolás Maduro en Venezuela) Donald Trump quiere imponer su propia lógica de poder en la región. Para eso crearon el llamado “Escudo de las Américas” donde también nos inscribió Milei.

En lo local es importante tener en cuenta lo señalado por el arzobispo porteño Jorge García Cuerva quien dijo que el papa “va a encontrar una Argentina cascoteada por la pobreza” y que la “visita pastoral” del pontífice “nos va a dejar tarea para el hogar”.  Mientras la máxima dirigencia oficialista se abstiene de todo lo que pueda enfrentarla a la Iglesia antes de la llegada de León XIV al país, la respuesta llegó de parte del director del BICE y asesor del ministro Luis Caputo, Felipe Núñez, quien escribió que “como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”. Quizás hoy mismo, García Cuerva aclare algo más en su homilía desde Luján, en la misa con la que concluye la multitudinaria peregrinación a pie hasta el santuario de la Virgen. 

El clima de la visita papal apenas va tomando forma, pero cada día parece más evidente que nada de lo que diga o haga León XIV pasará inadvertido, sobre todo porque la doctrina social de la Iglesia basada en la justicia social estará presente en la mayoría de sus expresiones públicas.

Hasta aquí llegamos. Cuénteme después si con mate, té o café con leche. Para que transparentemos la diversidad y mi amigo lector no me critique después… con fundamento. No se ría. Aunque a usted le cueste creerlo, yo también soy una persona sensible.

Seguimos conversando.

 

4Palabras

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