“La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja”. El ícono de una comunidad de WhatsApp con cientos de miembros divididos en grupos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Santa Fe y otras veinte localidades argentinas parece ser el germen de la organización de base detrás de la manifestación que se convoca para el próximo 6 de agosto al Congreso. Ese día el gobierno de Javier Milei buscará en el Senado aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, medida que desregula la extranjerización de la tierra.

“Impulsamos actividades y acciones callejeras, pero también hacemos el trabajo fino, desde el diálogo con algunos obispos para que nos apoyen hasta con los senadores que puedan llegar a votar a favor. Hemos tenidos algunas reuniones de mega Zoom, con 150 o 250 personas de todo el país”, dice Florencia Gómez, abogada experta en políticas de tierras rurales y ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales.

Así se está organizando la movilización multisectorial y multipartidaria que se concentrará frente al Palacio Legislativo para presionar por una votación que no está definida de antemano: ya fue postergada cuatro veces y la fecha del 6 se impuso porque Patricia Bullrich pidió un cuarto intermedio cuando tomó nota en pleno recinto, hace dos semanas, que no tenía el apoyo suficiente para avanzar. Hay poroteos en el peronismo que anticipan un virtual empate con 33 o 34 votos para cada lado, e incluso en las organizaciones no descartan que el oficialismo busque patear la sesión una semana más si se le vuelve a complicar el panorama.

«El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía. (…) Si se aprueba la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y cae la ley de Tierras, magnates globales como Peter Thiel se frotarán las manos. El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno», reflexionó Gómez en un reciente ensayo publicado en la revista Anfibia.

El proyecto que el ministro Federico Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo y que ahora Bullrich intenta cerrar en el Senado no se limita a la tierra: bajo el pomposo título de ley de inviolabilidad de la propiedad privada agrupa 48 artículos que modifican cinco normas distintas. Reforma el régimen de expropiaciones para acotar la declaración de utilidad pública a una interpretación restrictiva, fijar la indemnización al valor de mercado con un tope del 30% para el lucro cesante y prohibir la transferencia de dominio sin el pago previo e íntegro. Modifica también el Código Procesal Civil para acelerar los desalojos —incluida la posibilidad de un lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria— y reescribe la ley de manejo del fuego para derogar el artículo que prohibía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, dejando esa restricción acotada solo a los bosques nativos categorizados.

Pero el corazón del proyecto –y el que motoriza la protesta– es el capítulo que reescribe la ley de tierras rurales 26.737. La norma vigente, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, limita al 15% la tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, tope que baja al 30% para una misma nacionalidad, prohíbe comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes –la restricción que no alcanzó a frenar en su momento la compra del británico Joseph Lewis en Lago Escondido, pero que sí complicó adquisiciones posteriores–. El dictamen que Bullrich llevará al recinto deroga ocho de esos artículos y traslada la potestad de fijar límites a cada provincia, que “conservará la jurisdicción plena” sobre su territorio. Solo mantiene una prohibición dura: ningún Estado extranjero ni empresa con participación estatal extranjera podrá comprar tierra rural sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Para las personas físicas extranjeras, en cambio, no habrá techo de hectáreas.

El texto llegó a esa versión –la número 15, la que circula ahora entre los bloques aliados– después de que Bullrich se reuniera la semana pasada con Sturzenegger para destrabar las diferencias que la habían obligado a pedir el cuarto intermedio. El nudo era el artículo 25, el que define cuánto margen conservan las provincias para legislar sobre la venta de tierra a extranjeros: los senadores dialoguistas exigían mayores resguardos para sus gobernadores antes de dar el visto bueno. Fuentes que participaron del encuentro describieron los cambios como “mínimos” y aclararon que “no modifican sustancialmente el proyecto” original. Bullrich salió del despacho con un mensaje de optimismo –“Creemos que va a salir”– y la certeza, dijo, de que “la idea original es la misma”: un Estado extranjero no podrá comprar “ni un milímetro” de suelo argentino, pero una persona no tendrá límites de hectáreas porque, según su argumento, “eso es un concepto de propiedad y no de soberanía”. “Confiamos en lo que nos dice Pato”, aseguró una fuente del ministerio de Desregulación sobre cómo el Ejecutivo ve la negociación con los gobernadores.