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Librerías en peligro de extinción: el sector editorial contra la derogación de la Ley del Libro
Ante el intento del Gobierno de derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, editoriales y libreros advierten que la medida no bajará los precios y provocará el cierre de comercios de barrio. La desregulación favorecerá a los grandes retailers y pondrá en riesgo el ecosistema del libro en todo el país.
- julio 26, 2026
- Lectura: 18 minutos
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Libreros, editores y diversos actores de la industria editorial han expresado su preocupación por un proyecto que impulsa el gobierno nacional desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, para eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera.
La normativa estableció en 2001 un sistema según el que las editoriales fijan un precio de venta único para todas las librerías y puntos de comercialización del territorio. Países como España, Alemania, Italia, Portugal, Japón o Corea del Sur también sostienen legislaciones similares. Desde el gobierno, argumentan que la derogación provocaría mayor competencia y una disminución en el precio de los libros, además de permitir un abanico más amplio de ofertas y promociones. La propuesta ya había sido parte de la llamada “Ley Bases” de 2024. En ese momento, las librerías de barrio e incluso las de cadena ya habían reaccionado con una campaña manifestando su desacuerdo. Finalmente, el artículo en donde se incluía la derogación no se aprobó.
Según explican las cámaras, entidades y trabajadores ligados al sector del libro, el cambio de la normativa provocaría el efecto contrario al que presupone el gobierno, favoreciendo la concentración y posibilitando prácticas como el dumping por parte de actores como los supermercados y plataformas, que podrían ofrecer temporalmente rebajas imposibles de equiparar para el sector independiente. Eventualmente, con el colapso de librerías de barrio y editoriales pequeñas, los precios volverían a subir y se generaría un efecto en cadena de reducción de la diversidad de la oferta, con menos espacios para apuestas menos rentables desde un punto de vista financiero.
En conversación con 4Palabras, Víctor Malumián, cofundador de Ediciones Godot y organizador de la Feria de Editores, dice que es útil despejar confusiones que rondan el tema. “La ley no insume un solo centavo de los fondos públicos ni funciona como un subsidio para editores o libreros. Además, es un error muy común creer que si eliminás el precio fijo los libros van a ser más baratos, ya que la experiencia empírica en otros países comprobó exactamente lo contrario”, explica. Por otro lado, no es un invento argentino ni partidario, sino que “este tipo de políticas tiene como antecedente directo un acuerdo del sector librero alemán a principios de siglo, luego tomó impulso en Francia en 1981 de la mano de la Ley Lang”.
Según explican las cámaras, entidades y trabajadores ligados al sector del libro, el cambio de la normativa provocaría el efecto contrario al que presupone el gobierno, favoreciendo la concentración y posibilitando prácticas como el dumping por parte de actores como los supermercados y plataformas, que podrían ofrecer temporalmente rebajas imposibles de equiparar para el sector independiente.
Desde el Consejo de Administración de la Fundación El Libro expresaron en un comunicado que la ley vigente “es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio”. La Cámara Argentina del Libro (CAL), entidad que agrupa a 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país, expresó en un comunicado que el sistema actual “reconoce la naturaleza dual del libro, como un bien económico, pero sobre todo como un bien cultural”.
“Si la ley se deroga, la única variable para competir pasará a ser el precio, y de esa manera solo gana quien puede bajar costos y resignar margen porque su ganancia está en otro lado. Ganarían plataformas como los supermercados, donde el libro es solo un producto gancho; pero sobre todo los grandes retailers digitales. Hace años que hay vendedores masivos en Mercado Libre, y ojo con la llegada de Amazon. Estos actores tienen una capacidad de venta masiva aplastante. Pueden permitirse márgenes ínfimos de ganancia, o incluso ir a pérdida durante un período de tiempo”, expresan Paz y Tito Villar, libreros y fundadores de Bók libros, en Bella Vista.
“La Ley del Libro permite que las librerías compitan en pie de igualdad con las grandes cadenas. Conseguís el mismo libro al mismo precio en La Quiaca, en Ushuaia y en Buenos Aires. Una librería, entonces, puede ganar con sus armas de hacer eventos culturales, tener un buen librero, aconsejar, que el local sea lindo. Puede competir en eso, en servicio, no tiene que competir en el precio, que con la gran cadena no puede hacer nada. Igual, las grandes cadenas en Argentina tampoco quieren que se caiga esta ley, no hay nadie del sector pidiendo eso”, asegura Joaquín Ramos, secretario de la CAL. Bajo esa luz, el proyecto parece tener únicamente una base ideológica. “Es la desregulación por la desregulación misma”, remarca Ramos.
Las declaraciones del CEO de Yenny-El Ateneo Adolfo De Vincenzi a la revista Forbes dan cuenta de ese consenso. Aunque admitió en la entrevista que su empresa podría soportar mejor las consecuencias, recordó el ejemplo de la cadena estadounidense Borders, que quebró en 2011 por la competencia de Amazon, cuando la plataforma vendía libros a mitad de precio como estrategia para atraer clientes.
“Ni en las góndolas, ni en los grandes retailers va a haber espacio para nada que no se venda masivamente. Esto va a generar una degradación de la bibliodiversidad. Después de la sanción de la ley en el año 2001, la cantidad de librerías en el país casi se duplicaron. Esto implicó también una multiplicación de proyectos editoriales emergentes e independientes, que a su vez implica mayor posibilidad de publicación para autores noveles, o rescates de autores que llevan años sin publicarse. Incluso la mayoría de las autoras argentinas que hoy son un boom de ventas dieron sus pasos más importantes en editoriales independientes o de tiradas más pequeñas antes de saltar a los grandes grupos editoriales”, continúan desde Bók. “Hay más editoriales porque hay más lugares donde exhibir libros. Es un círculo virtuoso que se retroalimenta”, acuerda Ramos. A su vez, desde la CAL expresaron que el precio uniforme facilita la transparencia de regalías y contribuye a combatir la piratería.
Desde el gobierno citan experiencias como la del Reino Unido, que eliminó el sistema de precio único en 1997. Sin embargo, para los consultados por 4Palabras, se trata, justamente, de un ejemplo negativo. “El resultado fue que la cantidad de librerías independientes se redujo casi a la mitad y el precio promedio de los libros terminó subiendo un 8% más que la inflación”, cuenta Malumián.
Para Damián Cabeza, socio de la librería cooperativa La Libre, los libros en Argentina no son particularmente caros en relación con sus costos de producción. El precio del papel, atado al dólar es uno de los principales factores que encarecen los libros, llegando a ocupar el 50% del costo de impresión. “El problema es, sobre todo, que los sueldos están pisados Hay un problema muy grande de endeudamiento general de la población argentina, hay gente comprando a crédito comida, y eso ha hecho que el libro se vea perjudicado y que se vea como un objeto de lujo cuando no lo es”, afirma.
“Lo que necesitamos para que los libros no se encarezcan es que no deroguen la ley 25.542 y que, al mismo tiempo, no se deroguen los artículos de la Ley de Fomento al Libro que figuran en el mismo capítulo, sobre todo la disolución del Fondo de Fomento Financiero, que eliminaría el Fondo Nacional de Fomento al Libro y la Lectura y algunos artículos más como el 13, 17, 18 y el 20 que decretaría el fin de la protección a la industria y logística nacional”, dice Cabeza. En su comunicado, la Unión de Escritores y Escritoras también señaló su preocupación en este sentido.
Entre los consultados, la propuesta de la quita del IVA y la mejora de la logística de distribución, con la construcción de nodos federales y acuerdos con el correo, aparecen como los factores más señalados como posibles medidas para reducir precios y beneficiar al ecosistema del libro.
“La eliminación del IVA sobre el papel reduce el PVP porque actúa en el primer eslabón de la cadena de costos: como cada actor —imprenta, editor, distribuidor, librería— calcula su margen sobre el costo que recibe del anterior, un papel más barato reduce la base de cálculo de todos los márgenes siguientes”, explica Malumián.
Para los libreros de Bók, otras medidas posibles son la creación de un fondo de fomento a la impresión de bajas tiradas, las compras públicas e impulso a Bibliotecas Populares, las tarifas diferenciadas de servicios públicos e impuestos locales para las librerías de barrio. Malumián agrega que una política fundamental a largo plazo es el fomento de la lectura en la primera infancia para aumentar el futuro mercado editorial.
“Como el negocio del libro depende de economías de escala —cuanto mayor el tiraje, menor el costo unitario de impresión, y mayor el margen que permite sostener catálogos de riesgo o de fondo—, ampliar la base de lectores no solo suma compradores, sino que baja el costo estructural de producir cada libro, lo que a su vez permite precios más bajos y catálogos más diversos, generando un círculo virtuoso”, señala.
Editoriales extranjeras como la española Las Afueras, expresaron su solidaridad con el ecosistema del libro argentino, haciéndose eco de la difusión que libreros de todo el país impulsan en sus propias redes. En el posteo que hicieron desde la librería Notanpuan de San Isidro, su dueño Fernando Pérez Morales, con 43 años de trayectoria en el oficio, afirmó que las librerías independientes están “pendiendo de un hilo” entre el aumento de costos fijos, liberación de alquileres y una enorme retracción de mercado. Este año, en su discurso de apertura de la Feria Internacional del Libro, Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, también había señalado las dificultades como la reducción de las tiradas, caída de compras estatales y reclamó la adopción de políticas públicas para la protección del libro.
Mientras el gobierno insiste en un proyecto que ya fue resistido y rechazado, las librerías vuelven a llenarse de carteles en sus vidrieras -físicas y virtuales- para expresar su desacuerdo.
4Palabras
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