Por su parte, un investigador de Mendoza especializado en glaciología (que decidió reservar su identidad por temor a represalias), señala que “la reforma introduce más grises que la ley original. No está claro cómo, cuándo y dónde se determinará el rol hidrológico de un cuerpo de hielo, lo que podría generar criterios distintos entre provincias, incluso en cuencas interjurisdiccionales. La ley trata a los mismos como unidades aisladas y no como parte de un sistema junto con la nieve, los humedales de altura y el agua subterránea: un glaciar de escombros pequeño puede aportar poco en términos absolutos, pero puede ayudar a sostener un ecosistema mucho más complejo y delicado”, explica.

Por otro lado, el profesor de la UNQ, Juan Benavente, especializado en temas ambientales y de desarrollo sustentable, expresa que esta medida “reduce el piso mínimo de protección ambiental que establecía la normativa anterior, otorgando mayor margen a las provincias sobre los ambientes periglaciales en relación con proyectos mineros”.

Si bien esto puede ser una oportunidad económica –explica Benavente– el desafío es que no comprometa los recursos de las futuras generaciones. “La situación ambiental, a fin de cuentas, es un derecho humano básico, es el derecho a vivir en un ambiente sano”, argumenta. Y remarca que “se debe respetar una congruencia con la Ley General de Ambiente (25.675). Si una provincia legisla, solo puede y debe ser para aumentar la protección, nunca para disminuirla”.

A su vez, un estudio publicado en 2025 en la revista científica Nature Climate Change, liderado por investigadores de la Universidad de Innsbruck junto a científicos de la NASA, Carnegie Mellon University y otras instituciones internacionales, indica que la pérdida de un glaciar puede resultar irreversible: una vez desaparecido, su recuperación requeriría siglos o milenios de condiciones climáticas favorables. Asimismo, la pérdida de glaciares de montaña contribuye al aumento del nivel del mar, influye en los recursos hídricos en períodos de sequía e induce peligros naturales.

En ese contexto, otro de los puntos centrales de la reforma es la modificación del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) del Conicet, responsable del Inventario Nacional de Glaciares, cuya función central en la identificación y protección de glaciares queda reducida a un rol más acotado y de registro.  

Estudios del propio Ianigla ya registraron en la última década retrocesos significativos en los glaciares argentinos, atribuidos principalmente al cambio climático: en el noroeste del país, por ejemplo, se documentó una reducción del 17 por ciento de hielo descubierto y una contracción del 23 por ciento en los manchones de nieve perenne. En ese escenario, el debate sobre la Ley 26.639 permanece abierto, con voces científicas que advierten que los glaciares, una vez perdidos, no se recuperan.

*Eliana Silva es estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNQ.

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