La liberación de tierras que propone esta normativa “es grave” de acuerdo a Gómez Lizzi, incluso al punto de dejarla sin límites. Hoy hay una legislación (la Ley de Tierras N° 26.737) que permite la compra de tierras nacionales, provinciales o subprovinciales a extranjeros pero con límites. No solamente por el límite que impone del 15% sino también el límite que conlleva el acceso a lotes linderos o que contengan cuerpos de agua permanentes, es decir, a lagos y ríos. “El corazón del proyecto de gobierno es poder liberar el acceso irrestricto a las fuentes de agua, no solamente en términos de generación de energía sino también de acceso a fuentes de agua dulce”, insiste la experta.

La normativa, denuncian, además de un atentado contra la soberanía, los alimentos y los recursos naturales del país, vulnera el derecho a la vivienda de 11 millones de hogares inquilinos y limita la posibilidad del Estado para expropiar recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, afirma que “el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en realidad, es un proyecto para proteger y fomentar a los dueños de las viviendas y la tierra. Acelera el proceso de desalojo y quita las pocas garantías que tenemos los inquilinos en un juicio por desalojo. Ya hubo una modificación en los plazos de desalojo en noviembre de 2001, cuando Sturzenegger era funcionario en el Ministerio de Economía de Ricardo López Murphy, ahora van por la profundización del desalojo exprés en tiempos donde no hay ningún control de precio de los alquileres y la crisis habitacional avanza”.

Sin dudas, el problema está latente. Un relevamiento nacional de la Coalición Federal indica que el 5,93% del país ya estaba en manos extranjeras (15,8 millones de hectáreas) y 49 regiones ya habían pasado el límite del 15 por ciento de tenencia. Deolinda Carrizo, dirigente del MOCASE y del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Santiago del Estero, reconoce que la nueva legislación traerá aparejados un aumento del costo de renta de la tierra para los pequeños y medianos productores. “Esta ley profundizará la concentración de tierras, a costa de mayor despojo, por el modelo extractivista. Esto recrudecerá la violencia contra las familias campesinas indígenas. Sin dudas, también impactará en la mesa de las y los argentinos porque al disminuir territorios para producir alimentos sanos y variados, disminuye también su acceso”.

La dirigente, que también trabaja como Coordinadora de CLOC – La Vía Campesina de Argentina para Sudamérica resume que, en Argentina, el 24% de las tierras cultivables se encuentran hoy en manos de la agricultura familiar campesina indígena, lo que supone un 60% de los alimentos que consumen las y los argentinos todos los días en las mesas de sus cocinas: “En este proceso, se entrecruzan escenarios que se conectan: la tierra, el territorio, el agua, las semillas. Por eso es importante que como pueblo podamos defenderlas, porque si no vamos a perder más soberanía sin estos derechos. El desafío es informarse, involucrarse, reorganizarse para que no nos desapeguen de la tierra, de los saberes y sabores”.

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