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Orden judicial para frenar la persecución a los ambientalistas de Uspallata

Orden judicial para frenar la persecución a los ambientalistas de Uspallata

Un dictamen del Ministerio Público Fiscal exime de cargos a los responsables de acciones en defensa del ambiente en Uspallata, quienes habían sido denunciados por “ecoterrorismo” por las autoridades provinciales y municipales en vista de su oposición al proyecto minero San Jorge.

Juan Pablo Gayá desde Mendoza

El Ministerio Público Fiscal dio un giro radical en la causa que desde hace más de un año y medio persigue a vecinos de Uspallata por oponerse al proyecto minero San Jorge. Un dictamen emitido el 16 de junio por el Fiscal Jefe Sebastián Andrés Capizzi Pettignano concluye que no existe delito ni terrorismo en las acciones de los defensores ambientales, desestimando toda actuación judicial iniciada en enero de 2025 bajo el artículo 213 bis del Código Penal. El documento instruye solicitar el sobreseimiento inmediato.

El abogado Alfredo Guevara, quien defiende a los afectados, calificó el dictamen como un reconocimiento institucional de la gravedad de lo ocurrido: «Hay un dictamen donde el fiscal jefe considera que todo lo actuado desde enero del 2025 en relación a la supuesta existencia de grupos terroristas, ecoterroristas en Uspallata… resulta todo ilegal», señaló al ser entrevistado.

El fondo del dictamen: proteger la protesta legítima

El Fiscal Jefe Sebastián Andrés Capizzi Pettignano argumenta que calificar a la protesta social como «organización criminal» es jurídicamente insostenible. «Debe ser cuestionada esa calificación jurídica penal… porque su empleo indiscriminado puede producir en sus participantes un efecto amedrentador y una conculcación directa de su libertad de expresión», explica el texto del dictamen.

Basándose en la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH, el Procurador recuerda que «el derecho al ambiente sano como derecho autónomo protege los componentes del ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos». Invoca también el Acuerdo de Escazú, que prohíbe expresamente la criminalización de defensores ambientales.

«La determinación de la defensa del ambiente como objeto de la reunión, expresión, movilización y protesta contra la actividad minera configura un derecho constitucional merecedor del amparo y fomento reforzado del Estado«, resalta el dictamen. En consecuencia, «resulta incompatible la criminalización de las conductas de las personas por organizar o tomar parte de los grupos destinados a esa finalidad concreta».

El fallo señala que “"Deberemos tener la memoria para que en su momento todos estos jueces y fiscales también serán juzgados por estos crímenes que constituyen graves violaciones de derechos humanos, no solamente por el daño que le producen a las víctimas... sino también el conjunto de la comunidad, que resulta de manera indirecta afectada. Porque todos sentimos este temor de ir a una marcha, entonces vivimos como en la época d e la dictadura. Con el miedo instalado por el poder”.

La crítica política y la sombra del poder ejecutivo

Guevara denunció cómo autoridades como el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y Francisco Lopresti, intendente de Las Heras, habían impulsado públicamente la narrativa del «ecoterrorismo»: «Desautorizando todo lo actuado por el gobierno… han salido a calificar como terroristas e impulsado esta causa contra los vecinos de Uspallata para probar sus formas», dijo el abogado.

En el comunicado de prensa dado a conocer luego de hecho público el dictamen, Alfredo Guevara añadió que la acusación fue instrumentalizada: «El dictamen descalifica completamente la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez desde enero de 2025, quien instrumentó la versión del gobierno provincial para presentar a los vecinos como terroristas». Guevara señaló que Sánchez ha sido denunciado por prevaricato y privación ilegítima de la libertad, aunque lamentó que el Procurador Adjunto «no adopte medida alguna contra el fiscal Sánchez». Según un informe reciente elaborado por organizaciones de derechos humanos en la provincia de Mendoza más de 40 defensores del ambiente y periodistas han sido procesados o detenidos entre enero de 2025 y abril de 2026.

Guevara estableció conexión entre hechos actuales y la historia reciente y sostuvo que «así como en la época de la dictadura hubo jueces que fueron funcionales… deberemos tener la memoria para que en su momento todos estos jueces y fiscales también sean juzgados por estos crímenes que constituyen graves violaciones de derechos humanos».

Además advirtió que «todos sentimos el temor de ir a una marcha, entonces vivimos como en la época de la dictadura, con el miedo instalado por el poder» mientras se siga permitiendo que avance “una investigación que evidencia la instrumentalización del Poder Judicial por el poder político y económico».

Guevara cuestionó además la independencia judicial bajo Cornejo: «Ocho de cada diez jueces nombrados por Cornejo responden a un sistema clientelar» y «están utilizando el poder judicial para instrumentar este modelo de extractivismo que se quiere imponer», afirmó.

El camino hacia el sobreseimiento

Aunque el dictamen es un triunfo jurídico, la batalla judicial continúa. Según Guevara: «Eventualmente se deberán solicitar los sobreseimientos, salvo que el procurador adjunto decida mantener esta acusación todavía». Su postura denota optimismo: «Estamos seguros que vamos a ganar y que tarde o temprano van a pagar aquellos que están siendo funcionales a este tipo de persecución».

Con este respaldo constitucional, la causa contra los vecinos de Uspallata parece haber llegado a su fin, dejando al descubierto una maniobra de criminalización que no podrá repetirse impunemente sin consecuencias futuras para sus autores.

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