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“Grave retroceso institucional”: juristas rechazan decreto de Milei sobre la designación de jueces

“Grave retroceso institucional”: juristas rechazan decreto de Milei sobre la designación de jueces

La Asociación Argentina de Juristas advirtió que el decreto 467/2026, firmado por Milei, rompe el sistema de contrapesos al derogar los mecanismos de transparencia vigentes desde 2003. Denuncian una "expulsión sistemática de la ciudadanía" que elimina la paridad de género y facilita la designación de magistrados adictos al Poder Ejecutivo.

Manuel Barrientos

La Asociación Argentina de Juristas (AAJ) —organización con estatuto consultivo ante la ONU— emitió un durísimo comunicado en rechazo al decreto 467/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La medida deroga los históricos decretos 222/2003 y 588/2003, implementados durante la gestión de Néstor Kirchner, que autolimitaban el poder discrecional del Ejecutivo y garantizaban la participación ciudadana en la elección de magistrados de la Corte Suprema y tribunales federales.

Desde la entidad rechazaron la medida publicada este martes 16 de junio en el Boletín Oficial como un “grave retroceso institucional” que busca concentrar el poder y licuar los controles democráticos. De acuerdo a la AAJ, el decreto tiene consecuencias estructurales, porque “rompe el sistema de contrapesos”, convirtiendo a la Corte Suprema en un tribunal potencialmente subordinado al Ejecutivo; “privatiza la justicia”, abriendo la puerta a jueces con lealtades económicas ocultas; y “excluye a la ciudadanía”, configurando una democracia delegativa donde el voto autoriza al Ejecutivo para nombrar jueces sin rendición de cuentas.

El nuevo decreto “destruye la transparencia” y elimina mecanismos clave que rigieron durante más de dos décadas. Entre los puntos más alarmantes, la AAJ señala la supresión del plazo de 15 días hábiles para que los ciudadanos y ongs presenten impugnaciones, la eliminación de la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes y listas de clientes por parte de los aspirantes, y el fin de la publicación de candidaturas en diarios de circulación nacional (restringiéndose ahora solo a la web del Ministerio de Justicia).

Asimismo, el decreto borra la consideración obligatoria de la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional para la conformación de los tribunales. «La eliminación explícita de la diversidad de género, especialidad y procedencia regional garantiza la perpetuación de tribunales homogéneos, masculinizados y desconectados de la pluralidad social», aseguraron en el comunicado.

“Este decreto tiene consecuencias estructurales: rompe el sistema de contrapesos, convirtiendo a la Corte Suprema en un tribunal potencialmente subordinado al Ejecutivo; privatiza la justicia, abriendo la puerta a jueces con lealtades económicas ocultas; excluye a la ciudadanía, configurando una democracia delegativa donde el voto autoriza al Ejecutivo para nombrar jueces sin rendición de cuentas; retrocede en derechos de las mujeres, perpetuando tribunales insensibles a la violencia de género, los derechos reproductivos y la discriminación; y amenaza la legitimidad del Poder Judicial, pues un tribunal seleccionado sin transparencia carece de autoridad moral para controlar los otros poderes del Estado”, afirma la Asociación Argentina de Juristas.

Para la Asociación Argentina de Juristas, la falta de acceso a los antecedentes comerciales y patrimoniales de los candidatos impide evaluar su idoneidad e independencia. Advirtieron que la medida “horada la independencia judicial” y facilita la designación de “jueces políticamente adictos”, comprometiendo el rol de control que debe ejercer la Corte Suprema sobre el Poder Ejecutivo.

Sobre el rol ciudadano, la AAJ señaló que “la eliminación del plazo de quince días para impugnaciones, la supresión de los requisitos informativos y la restricción de la publicidad constituyen una expulsión sistemática de la ciudadanía del proceso de selección de jueces».

Con respecto a la independencia de los magistrados, desde la entidad de juristas explicaron que “la independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es un derecho de la ciudadanía”. En esa línea, señalaron que un tribunal supremo seleccionado sin transparencia, sin participación ciudadana, sin idoneidad verificable y sin diversidad, no es un tribunal independiente: “Es un tribunal adicto». También advirtieron que la justicia “no puede ser moneda de cambio del poder político”.

La asociación remarcó que el decreto 467/2026 vulnera tratados internacionales ratificados por la Argentina, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sentando además un “peligroso precedente regional” para América Latina.

Ante este escenario, la AAJ exhortó al Congreso de la Nación a rechazar cualquier pliego de candidatos que se presente bajo este nuevo marco normativo y convocó a colegios de abogados, organizaciones feministas y defensores de derechos humanos a impugnar judicialmente el decreto por inconstitucional.

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