Este jueves los aliados de la UCR y el PRO en el Senado cuestionaron las explicaciones del funcionario para justificar su crecimiento patrimonial. Adorni admitió ante la Oficina Anticorrupción que él y su esposa ahorraron “en negro, como todos los argentinos», y reconoció no haber declarado más de 500.000 dólares supuestamente obtenidos entre 2013 y 2018. La justificación: invirtió 200.000 dólares en bitcoin y obtuvo ganancias de otros 300.000. 

Para blindarse jurídicamente, se acogió al régimen de «inocencia fiscal», el mecanismo creado por el propio gobierno libertario que permite regularizar activos no declarados sin consecuencias penales. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que acumula diferencias con el círculo presidencial, fue directa: «Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones». Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado, también disparó: «Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado». El Gobierno respondió con el mínimo: «La Justicia va a poner punto final al asunto».

Adorni retrucó con que irá al Senado en julio a presentar su informe de gestión –lo que la Constitución le exige con una frecuencia mensual y que no cumplió desde que asumió en noviembre de 2025–, pero la presión para que comparezca antes de fin de mes crece. Villarruel y el bloque PRO, conducido por Martín Goerling, le reclaman que adelante la presentación a junio. La oposición, más envalentonada, impulsa una moción de censura y proyectos para derogar el régimen de inocencia fiscal. 

El oficialismo intentó gestionar el daño con una foto de unidad: Karina Milei publicó en redes a la mesa política celebrando el cumpleaños 70 de Bullrich en la Casa Rosada, con Adorni en la imagen, torta en mano, al lado de la misma senadora que lo había calificado de deshonesto horas antes. La foto como argumento: si hay torta compartida, no hay crisis.

La agenda parlamentaria refleja esa saturación acumulada. El oficialismo quiere despachar antes del Mundial varios proyectos en simultáneo: la nueva tanda de pliegos judiciales –65 candidatos, en su mayoría para la justicia porteña–, el Super-RIGI, la ley de Lobby, el etiquetado frontal y la regulación de apuestas online para proteger a menores. Son iniciativas que compiten por tiempo y votos en un Congreso donde los aliados radicales y del PRO tienen cada vez menos incentivos para ceder sin contrapartidas. 

En ese tráfico normativo, la reforma societaria –la más cara a los intereses de Thiel– queda relegada, empujada al fondo de una lista de prioridades donde el escándalo del día manda más que cualquier agenda estratégica.

Y ahí está el nudo de la semana. Thiel puede esperar. Tiene 30.000 millones de dólares, una mansión en Barrio Parque y el tiempo necesario para ver cómo Argentina acomoda su marco legal a sus necesidades. Adorni, en cambio, no tiene esa paciencia disponible. Cada día que pasa sin pisar el Senado, cada réplica que le exige explicar 500.000 dólares no declarados, cada foto donde aparece con una torta al lado de quien lo acaba de señalar públicamente, lo erosiona un poco más. 

El magnate y el funcionario comparten una lógica de fondo: que las reglas, cuando no convienen, se omiten o se reescriben. La diferencia es de escala y de poder. Thiel contrata a los que redactan las leyes. Adorni está descubriendo que el régimen de inocencia fiscal tiene un límite que ninguna norma puede cubrir: el político.

4Palabras