La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, analiza el proyecto de ley sobre “lobby” impulsado por el gobierno de Javier Milei. Advierte que, bajo la promesa de transparencia, la medida busca criminalizar la incidencia de las organizaciones sociales, ampliar la vigilancia estatal y restringir la participación política y la libertad de expresión.

POR PAULA LITVACHKY

Se está discutiendo en el Congreso el proyecto ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, presentado por el presidente Javier Milei con el propósito declarado de regular las acciones de lobby o influencia sobre las decisiones estatales.

Las actividades que busca controlar incluyen reunirse con legisladores para impulsar o rechazar la reforma de una ley, visitar a un funcionario para conversar sobre la aplicación de una política, integrar un consorcio de periodistas que recibe financiamiento de una organización no gubernamental de otro país, ser parte de un grupo de víctimas que busca justicia por un hecho violento, entre muchísimas otras.

De aprobarse, obligaría a personas físicas y jurídicas a informar cada interacción que tengan con un funcionario público o legislador. Aplicaría por igual a empresarios y trabajadores organizados, periodistas y defensores de derechos humanos. Implicaría, también, la construcción de una burocracia estatal para hacer cumplir nuevos requisitos que serán definidos discrecionalmente en la reglamentación, sin que se explique por qué son insuficientes los que ya existen para asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas, por ejemplo. Como si no fuera suficiente, el proyecto establece penas de prisión para quienes intenten influenciar en decisores públicos sin cumplir los nuevos reglamentos, mas no para los funcionarios que no lo hagan.

Con el proyecto el gobierno pretende normalizar restricciones a la actividad política y la libertad de expresión, y darle aún más herramientas de persecución y control social al Estado.

Con un conjunto de organizaciones advertimos que el proyecto es contrario al derecho a participar en la vida política y a peticionar a las autoridades y que amenazaría la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país, sobre todo de las menos institucionalizadas, debido a las exigencias que se les impondrán y a que muchas no podrán afrontar una defensa si son perseguidas.

La sola presentación de este proyecto es un instrumento para extender la sospecha sobre la sociedad organizada al equiparar sus acciones de incidencia política con las actividades empresariales que buscan beneficiarse económicamente del Estado. Lo mismo sucede con la figura de “principal extranjero” que se incluye en el proyecto: mientras el gobierno habilita la extranjerización de la tierra y los bienes comunes, busca tener una herramienta de vigilancia que es presentada como una defensa del interés nacional.

Con el proyecto el gobierno pretende normalizar restricciones a la actividad política y la libertad de expresión, y darle aún más herramientas de persecución y control social al Estado. Su aprobación agregaría un instrumento más a la política de desfinanciamiento, crecimiento del sistema de inteligencia, fake news y ataques de funcionarios públicos que le dan forma al sueño de poder gobernar sin una sociedad organizada.

Este texto fue publicado originalmente en la edición de junio de Posdata, Boletín del CELS.

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