Bolivia vive una crisis de riesgo sistémico que si continúa en el actual ritmo de confrontación, podría derivar en un estado de relaciones irreconciliables y de colapso económico, político, social y étnico. Pero también, y aunque en estas circunstancias parezca un escenario ilusorio, siguiendo otra vía basada en la capacidad de resiliencia que tiene una sociedad cuando dialoga, la crisis se podría convertir en una oportunidad de (re)proyección con reconciliación.

Por Adalid Contreras Baspineiro desde La Paz (Bolivia)

¿Cambio de ciclo con crisis de riesgo sistémico?

¿Cómo definir la compleja y crítica coyuntura que está viviendo Bolivia con una agenda marcada por movimientos sectoriales fragmentados y multidireccionales, cada uno con demandas propias, en paralelo a un movimiento político de exigencia extrema que plantea la renuncia del presidente, sin definir transformaciones estructurales que podrían encaminar un tiempo de quiebre histórico?.

La coyuntura ha sido ganada por una crisis de riesgo sistémico, porque la disfunción de uno de sus factores (descontento popular) tiene la capacidad de producir un efecto dominó (movimientos sociales fragmentados), al que se adosa otro actor y otras demandas (movimiento político), acudiendo a acciones de fuerza (toma de calles y carreteras) que desestabilizan el sistema (crisis por exigencia de renuncia del presidente), con un impacto transversal que no se está pudiendo solucionar con la diversificación de respuestas parciales (mesas de diálogo con los movimientos sociales y contención pacífica con el movimiento político), porque a las acciones de concertación se superponen expresiones discursivas de descalificación que en lugar de acercar separan (estigmatización de los movimientos y prejuicios sobre el presidente) y porque en las percepciones desde el sentido común y desde la emocionalidad política no está claro el horizonte que la debilidad de la comunicación gubernamental no sabe explicar (¿gobierno (neo)liberal o nacional-popular?, ¿o…?).

Esta es la circunstancia histórica en la que en el campo político se identifican distintos actores, estrategias, discursividades y acciones de confrontación simbólica y material que impactan en distintos niveles de la realidad: a) en la democracia, desestabilizándola; b) en la economía nacional con pérdidas incalculables; c) colapsan a las ciudadanías por el alza del costo de vida, carencia de productos de subsistencia, problemas de transporte y de seguridad, empujándola a una situación de subsistencia crítica en un ambiente de temor con hartazgo y desesperanza; y d) se corresponde con un contexto internacional dividido en sus interpretaciones.

Un campo político desbordado

En el campo político destacan cinco actores, tres de ellos en polos extremos.

En el polo popular, diferenciado, están los movimientos sociales con reivindicaciones sectoriales y, actuando en paralelo, el movimiento político que pide la renuncia del presidente. En el polo del otro extremo está el gobierno. Otros dos actores que no se encuentran dentro los límites de los anteriores, sino en sus bordes y en sus enlaces, son las ciudadanías, especialmente de las ciudades de La Paz y El Alto, y un actor reciente, los mediadores. Un sexto actor lo constituye el entorno internacional que opina con criterios divididos.

Se tendría que mencionar también la no presencia de actores ausentes, o irrelevantes como los partidos políticos y las autoridades locales y regionales. La dinámica de este complejo escenario social sugiere que la resolución no vendrá de una sola fuerza, sino de la tensión constante entre las partes y de los acercamientos que tengan la capacidad de generar, entre todas.

Uno de los polos está constituido por los movimientos populares. No forman un movimiento unitario ni cuentan con una sola causa compartida, son más bien un estallido de movimientos sectoriales reivindicativos por un lado y un movimiento político de desestabilización por el otro, que operan por separado, pero no son opuestos, se conjugan en una creciente sensación de desamparo por parte del gobierno, percibiendo que sus prioridades se inclinan hacia los sectores empresariales.

Los movimientos sociales o reivindicativos, en plural, son un movimiento fragmentado en sus demandas, no se vinculan aunque se empatizan poniendo en agenda legítimas y múltiples reivindicaciones: campesinos e indígenas opuestos a la Ley de conversión de la pequeña en mediana propiedad; gremiales reclamando por el alza del costo de vida; obreros y maestros demandando por separado incrementos salariales; transportistas exigiendo mejorar la calidad de los combustibles; y cooperativistas mineros exigiendo concesiones, explosivos y condonación de deudas. Las voces diversas comparten la calle, ese lugar que su memoria larga les enseña que es el espacio donde ejercen poder, porque sus logros no son concesiones sino conquistas históricas a fuerza de movilizaciones, marchas y bloqueos de caminos.

La dinámica de este complejo escenario social sugiere que la resolución no vendrá de una sola fuerza, sino de la tensión constante entre las partes y de los acercamientos que tengan la capacidad de generar, entre todas.

El otro actor del polo de los movimientos populares, el movimiento político, tiene una sola finalidad: la renuncia del presidente. Participan la Central Obrera Boliviana (COB), la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y posteriormente, sumándose a ellos, la agrupación del ex presidente Evo Morales que envía un grupo de marchistas y bloqueadores a la sede de gobierno. Este movimiento no es expresivo de una rebelión popular, aunque podría estar germinándola y acumulándose fortalezas. No exponen un proyecto de sociedad, ni lo que pasará si renuncia el presidente, no tienen una dirección reconocida, tampoco una causa histórica que le de unidad a los movimientos. Forzando análisis se podría colegir que buscan resistir un sistema que han internalizado como privatizador, entreguista de los recursos naturales y con inclinación a un mayor endeudamiento externo. Sus formas de lucha son violentas tanto en las carreteras como en el cierre de las calles de la ciudad de El Alto y en el cerco a la plaza Murillo donde se encuentra el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz.

Un hecho que los medios de comunicación destacan, así como el gobierno, es la virulencia de las movilizaciones, que caen en excesos atípicos para los tradicionales movimientos populares bolivianos, cometiendo actos vandálicos como el daño a bienes públicos, agresiones a los transeúntes y robos a trabajadores humildes como lustrabotas y vendedores ambulantes. Se llegó a extremos como impedir el paso de ambulancias y oxígeno a los hospitales, o el paso de alimentos y de combustible. Esta conducta erosiona su legitimidad y estigmatiza a los movimientos populares. A diferencia de anteriores procesos históricos, como la masiva movilización por la nacionalización de los hidrocarburos en 2003 que congregó a 500 mil personas sin romper un solo vidrio ni daño al ornato urbano, este movimiento carece de disciplina orgánica sindical, así como de un definido horizonte de transformaciones históricas.

En el otro extremo del campo político está el polo gubernamental compuesto esencialmente por el Poder Ejecutivo, que al inicio y en gran parte del proceso actúa en soledad, porque los otros poderes no se involucran, salvo en contadas acciones y con mayor énfasis en la última semana creando condiciones para la implementación de un estado de excepción que el gobierno se resiste a declarar insistiendo en agotar la alternativa del diálogo. El gobierno responde con estrategias diferenciadas a las agendas de los movimientos sociales y del movimiento político. Estas agendas están marcando las características y dinámicas de la coyuntura, no es el gobierno quien define la agenda política, la enfrenta.

Como respuesta a las demandas de los movimientos sociales reivindicativos, reconociendo su legitimidad, el gobierno define como estrategia las mesas de diálogo, acude a la negociación por separado y consigue acuerdos sectoriales que van superando la mayoría de demandas. Curiosamente, y a pesar de estos acuerdos, algunos sectores no levantan sus medidas de presión porque las organizaciones sociales no son compactas, tienen fisuras y otras fragmentaciones. La directiva nacional del magisterio pacta con el gobierno y una de sus regionales mantiene las protestas, lo mismo las cooperativas mineras y los fabriles, y la misma COB, que no cuenta con la participación de seis de sus nueve asociadas regionales.

La estrategia con el otro movimiento, político, es de contención pacífica con aspiraciones de provocar su derrota por cansancio. No pasa a la ofensiva, resiste en los alrededores del Palacio de Gobierno. Salvo excepciones no interviene los bloqueos de carreteras. Toma iniciativas como la organización de corredores humanitarios con la presencia de la policía y las fuerzas armadas, sin el consenso suficiente que se requiere en este tipo de acciones en situaciones de crisis para la apertura temporal concertada de carreteras permitiendo el paso de los motorizados retenidos.

Esta dualidad en la respuesta gubernamental refleja una tensión constante entre la gestión de las necesidades materiales y la supervivencia del poder, así como evidencia la opción por evitar, en lo posible, el uso de la violencia represiva, que compensa con apresamientos y juzgamiento de los actores políticos, y no escatima en una diferenciación discursiva, porque estigmatiza a los movimientos como sediciosos, vandálicos y financiados por el narcotráfico. Esta es una paradoja entre acciones que evitan la violencia y una violencia simbólica que dificulta los acuerdos. En el proceso el gobierno trata de matizar la estigmatización diferenciando actores, lo que no le resulta fácil porque son juicios de opinión ya internalizados y porque la comunicación gubernamental es poco consistente.

Otro actor fundamental en el campo político son las ciudadanías, básicamente de la ciudad sede de gobierno, La Paz y su vecina El Alto, pero en un proceso expansivo a otras regiones. No pertenecen a ninguno de los polos anteriormente descritos, no participan de los movimientos, no los han hecho suyos, pero no están ausentes porque son las depositarias de los efectos de las estrategias tanto de los movilizados como del gobierno. No se puede afirmar que sean víctimas, aunque lo sean, porque su actitud de resistencia inconforme es más bien heroica. A cuatro semanas del conflicto aflora su cansancio, su resistencia tiene un límite, sus expresiones discursivas y sus acciones se inclinan por cuestionar los bloqueos que les impiden movilizarse, conseguir alimentos, trabajar, generarse ingresos, caminar con seguridad y tener acceso a productos de su canasta familiar sin el encarecimiento desmedido del costo de vida. Hay casos dramáticos, las familias pobres están golpeadas y los hospitales sin insumos médicos. Los costos de los bloqueos recaen sobre sus espaldas, y la opción de cansancio del gobierno golpea su seguridad.

En el proceso el gobierno trata de matizar la estigmatización diferenciando actores, lo que no le resulta fácil porque son juicios de opinión ya internalizados y porque la comunicación gubernamental es poco consistente.

Empezaron a movilizarse con autoconvocatorias de plataformas ciudadanas y de ciudadanos abrumados por la crisis. Sus movilizaciones quieren ser pacíficas y claman por la paz, defienden la democracia. Pero al calor de las movilizaciones tampoco están exentas de actos vandálicos como la quema de la Wiphala, símbolo

patrio recuperado de la identidad indígena. Condenan los bloqueos de caminos y la violencia en las calles. Presionan al gobierno para que les garantice sus derechos, están impacientes, esperan soluciones, quieren que se decrete el estado de excepción. Anuncian medidas de desbloqueo por su cuenta, con el riesgo indeseado de confrontar ciudadanos contra ciudadanos.

Los mediadores, surgidos los últimos días, han iniciado acciones bien intencionadas pero con un problema: no están participando los representantes del movimiento político, aunque se pide su presencia. No ven la conveniencia de hacerlo, quieren la renuncia del presidente, o no pueden hacerlo porque sus dirigentes tienen orden de aprehensión y piden como condición previa de seguridad, liberarlos de este mandamiento judicial. El gobierno reitera su apertura al diálogo al mismo tiempo que advierte que quien no acceda se somete a los dictados de la ley. Hay iniciativas de diálogo. Una de ellas es la convocada por el gobierno, que ha conformado un Consejo Económico Social, en cuyo lanzamiento, multitudinario, participaron representantes de las más diversas organizaciones y regiones del país, coincidiendo en una aspiración: la pacificación.

En paralelo, la Vicepresidencia, que es opuesta al gobierno, en acuerdo con los jefes de bancada de los partidos representados en la Asamblea Legislativa convoca a otro diálogo que se ha propuesto, con la coordinación de la Iglesia Católica, sentar en una mesa a representantes del movimiento político y del gobierno. También el alcalde de La Paz ha convocado a una reunión de la paceñidad en defensa de la ciudad.

Otro actor son los procesos que se generan en el entorno internacional. Hay distintas posiciones que dependen de sus grados de información, o desinformación, así como de sus institucionalidades. Dos casos: el primero, la declaración del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien advierte que “no permitirá que criminales y traficantes de droga” derroquen al presidente Paz. Y la declaración del presidente Gustavo Petro, de Colombia, quien califica a los movimientos como “insurrección popular” como respuesta a la “soberbia política” gubernamental. Esta declaración es tomada como injerencia en la soberanía nacional y deriva en la expulsión de la embajadora de Colombia. Sobre las primeras declaraciones se guarda silencio.

En el entorno internacional ligado a movimientos de izquierda se tiene la idea que el movimiento político en Bolivia es el faro de recuperación de un progresismo continental. Y desde la otra vereda se afirma que es el ex presidente Evo Morales Ayma el gestor de la insurrección, con el propósito de recuperar privilegios perdidos con la derrota electoral de su partido, así como por la urgencia de proteger su integridad de los juicios en su contra con orden de aprehensión.

Se tienen que tomar con cuidado estas y otras apreciaciones que juegan un rol no pensado en la coyuntura, es un entorno intenso. Por ejemplo, un estudio realizado sobre la desinformación que se genera en las redes sociodigitales, ha establecido que el 72% de los productos están elaborados fuera de Bolivia. Activistas de otros países están haciendo presencia en las movilizaciones y estrategas están operando como asesores. El ambiente es de incertidumbre y de profundas desconfianzas. Hacen falta más palabras como las del presidente Lula da Silva: “priorizar el diálogo como vía para superar las diferencias y preservar la paz social”.

Una crisis que pudo no haber sido

Empezando el mes de mayo que todavía transcurre, se cumplieron los primeros seis meses del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. La ocasión sirvió para balances desde distintas perspectivas, que permitieron identificar luces, sombras y desafíos.

Se reconocieron como los principales aspectos positivos la estabilización del precio de la gasolina levantando los subsidios sin mayores conflictos sociales y la estabilización del dólar. Los aspectos negativos más recurrentes son de orden político, como las contradicciones y retroceso en la aprobación de algunas leyes, la poca transparencia en hechos críticos como el manejo de los bienes del narcotraficante Marset, la venta de gasolina contaminada y la mala lectura sobre las amenazas de conflictividad, relativizando la fuerza de los movimientos sociales.

Y entre los aspectos pendientes se destacan la necesidad de encarar cambios estructurales clarificando un horizonte de país, promover reformas fundamentales y definir una estructura de alianzas, con medidas y participación multiactor.

Este balance, que podría servir como la brújula para ajustar acciones, objetivos y tiempos en el corto y mediano plazo, seguramente empezaba a ser procesado, cuando surgieron las demandas que han configurado la situación que estamos viviendo: una crisis que los movimientos le atribuyen al incumplimiento de promesas por parte del gobierno; que el gobierno le arroga al sobredimensionamiento de las demandas; y que los sectores conservadores le atribuyen al propósito del Movimiento al Socialismo (MAS) por seguir gozando de los beneficios del poder.

Desde el punto de vista conservador los movimientos que están en las calles serían en realidad los desplazados del poder y los derrotados electoralmente, que quisieran recuperar sus privilegios. Sostienen que en las elecciones de noviembre 2025 el país votó por la condena del modelo estatista del Movimiento al Socialismo (MAS). Se cree que el campo popular está derrotado y que es posible acabar el Estado Plurinacional. Y, en función de esta lectura, sostienen que el gobierno debe encarar un modelo de reformas estructurales, con préstamo del FMI para los ajustes fiscales y promoviendo la iniciativa privada. Es una visión que juzga los movimientos populares como delincuenciales, financiados por el narcotráfico y azuzados por Evo Morales Ayma para garantizar su libertad.

El ambiente es de incertidumbre y de profundas desconfianzas. Hacen falta más palabras como las del presidente Lula da Silva: “priorizar el diálogo como vía para superar las diferencias y preservar la paz social”.

La otra lectura sostiene que la causa de la crisis está en el desencanto de los sectores populares con un gobierno en el que confiaron por el acercamiento y las promesas logrados en la etapa electoral, que aseguraba la atención a sus necesidades, la garantía de no privatización, la incorporación de los sectores populares en los derroteros del desarrollo, la seguridad que no retornaba la extrema derecha, y otros. Sostienen que el presidente Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones con su voto, por lo que expresan su disconformidad porque las medidas tomadas hasta el momento favorecen a los grupos empresariales.

Lo cierto es que hay un desequilibrio entre la institucionalidad estatal y las demandas en las calles que evolucionan desde el descontento manifiesto por la inclusión de representantes de los grupos de poder en puestos estratégicos del Gabinete ministerial. Se cuestiona la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, así como la eliminación de la subvención a los hidrocarburos sin información ni consensos. Los sectores sociales resisten la promulgación del DS 5503 para la estabilización económica, financiera, energética y social que afecta territorios indígenas y áreas protegidas, así como la promulgación de la Ley 1720 que afecta la propiedad campesina. En distintos niveles se expresa preocupación por el alineamiento a la derecha internacional. Se instala la desconfianza con la venta de gasolina basura, con el manejo de la caída del avión con billetes en la ciudad de El Alto, con el caso no juzgado de las narcomaletas, y con las sospechas de corrupción en el manejo de los bienes tras la detención del narcotraficante Marset. Y el descontento crece con la estigmatización de los movimientos.

El presidente Rodrigo Paz Pereira, al no tener una estructura política propia, desarrolló en su campaña una estrategia de promesas con distintos sectores y propuestas que se conjugan en la naturaleza de su posición política ubicada en el centro con inclinación a una derecha moderada y apertura a las reivindicaciones del lado popular. Ya en el poder, el gobierno se configura con la suma a su gabinete de figuras ligadas a agrupaciones conservadoras, pacta la línea económica con los empresarios y se arrima en el orden internacional al entorno de Trump. Es una opción que posterga la inclusión de los sectores populares. Paradójicamente son los opuestos electorales los que participan en el gobierno y los que le dieron el triunfo con su voto son los relegados.

Se podía haber evitado el conflicto con una lectura adecuada de la realidad y de la naturaleza de los movimientos sociales. La crisis pudo no haber sido si se hubiera reconocido que el modelo nacional-popular no ha sido extinguido, ni un esquema de corte liberal ha sido instalado. En las elecciones se votó por la posibilidad de trabajar alternativas para superar la policrisis. Se confió en que un gobierno de centro podría ser capaz de generar un nuevo proyecto, pluralista.

El conflicto no hubiera escalado de haberse contado con una estrategia comunicacional de manejo de crisis adecuado para el control de la guerra de la desinformación que desatan las redes sociodigitales, las programaciones sensacionalistas de algunos medios, así como declaraciones de los actores en pugna, apuntando por un lado a un desencanto ciudadano con el gobierno en base a fake news que distorsionan los hechos y juegan con las emociones, y por otro a la estigmatización de los movimientos. Es una crisis que pudo no haber sido si la mayor inclusión que ahora proclama el gobierno hubiera sido de inicio el sello de su gestión.

La crisis pudo no haber sido si se hubiera reconocido que el modelo nacional-popular no ha sido extinguido, ni un esquema de corte liberal ha sido instalado. En las elecciones se votó por la posibilidad de trabajar alternativas para superar la policrisis. Se confió en que un gobierno de centro podría ser capaz de generar un nuevo proyecto, pluralista.

Se viven momentos de búsqueda de salidas con la posibilidad de tres escenarios:

1) La búsqueda de desarticulación del movimiento político con un estado de excepción en las zonas de conflicto. Podría implicar mayor violencia y la posibilidad de posteriores movimientos.

2) La renuncia del presidente. No está definido el escenario posterior, hay fuertes resistencias para la sucesión presidencial por el vicepresidente y no se ha definido si la alternativa sería la convocatoria a nuevas elecciones.

Y 3) La reconciliación nacional basada en el diálogo, preservando el orden democrático que permita dar respuesta no solamente a la agenda coyuntural, sino también encaminar tareas para superar los desafíos estructurales.

Adalid Contreras Baspineiro es sociólogo boliviano

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