El silencio lo envuelve todo. Es abrumador. Una multitud camina hacia la Plaza Libertad de Montevideo, Uruguay, donde desde hace treinta años, todos los 20 de mayo, marchamos junto a madres y familiares de detenidos desaparecidos para reafirmar nuestro pedido de verdad, justicia, y nunca más terrorismo de Estado. En Uruguay, tenemos 205 personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura militar. En esa misma fecha de 1976 Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz -ambos políticos uruguayos- fueron asesinados, en el marco del “Plan Cóndor”, en la ciudad de Buenos Aires donde se encontraban exiliados. 

Esto se ha convertido en una “causa sagrada” del pueblo uruguayo. Una columna interminable reclama el esclarecimiento de delitos que permanecen impunes, porque en tanto no aparezcan las víctimas o sus cuerpos, se siguen cometiendo día a día. 

En los carteles y pancartas, el grito desesperado sobre la verdad; ¿dónde están? ¿cuál fue su destino? ¿quiénes son los responsables? No hay respuesta. Los militares dicen no tener información. Sin embargo, todos los datos apuntan a concluir que existen archivos y que se niegan a proporcionarlos. Un juego perverso de negación. Omiten su responsabilidad. Mientras tanto, el Estado es culpable de los delitos que ha perpetrado. Si se detiene a una persona es obligación de la Administración velar por su vida e integridad. No se ajusta a derecho, secuestrar, torturar o asesinar y mucho menos hacer desaparecer. Esto es ilegal, inadmisible. Los responsables sostienen para deslindarse que se trataba de una “guerra”, que no lo fue, o que las organizaciones armadas violaban los derechos humanos y mataban. Jamás un representante del Estado puede actuar desconociendo el sistema jurídico que le da garantías a los ciudadanos, sustituyendo por normas propias que son violatorias de todos los Tratados Internacionales y de la propia normativa del país.

El pueblo uruguayo ha entendido cabalmente esto y sigue en búsqueda de sus desaparecidos. Así es que todos los años abraza y acompaña a madres y familiares, en más de 60 localidades del país. La imagen de una multitud silenciosa alzando las fotos de sus desaparecidos cada 20 de mayo, forma parte de nuestro inconsciente colectivo. No hay distinción de banderas, de credos o ideologías. Lo incomprensible e injustificado no puede tener cabida, no puede ser admitido. La marcha también es el singular reclamo a una sociedad sin ciudadanos impunes, sin distinción y sin excluidos. Es el recordatorio anual que existen pendientes, que no se está dispuesto a tolerar .

Gobiernos de todos los partidos han fracasado en la averiguación de las circunstancias de estos crímenes y en la averiguación del lugar dónde fueron enterrados. A más de 40 años y en base a datos proporcionados por algunos participantes secundarios de los acontecimientos y sobretodo a investigaciones muy rigurosas de los grupos de Derechos Humanos, se ha logrado ubicar enterramientos dentro de los predios militares, lo que hace concluir que tiene que haber más, que seguramente están todos y hay que continuar la búsqueda milímetro por milímetro.

Por eso las marchas de los 20 de mayo no decaen. Siguen siendo multitudinarias y son la causa sagrada de una ciudadanía que se resiste a admitir la impunidad de tan incalificables crímenes. A lo largo del tiempo hemos aprendido que el silencio es también nuestra arma más poderosa en las calles: exigimos respuestas sin expresar palabras.

Los militares también guardan un silencio que no permite dar vuelta una página hasta que no se aclaren e investiguen violaciones a los derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, hemos de seguir marchando, exigiendo verdad, justicia y nunca más. 

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