Ruggeri sostuvo también que muchas de las metas originales del PEVI se vieron afectadas por la inestabilidad económica del país. Aun así, consideró que el trabajo de articulación y acompañamiento realizado por la corporación fue exitoso. “No entiendo por qué se le atribuye a la COVIAR que no cumplió el objetivo del plan estratégico cuando el trabajo operativo está recontra cumplido” y “fue la macroeconomía argentina que condicionó muchísimas cosas”, aseveró.

El dirigente de la industria vitivinícola insistió en que el sostenimiento económico de la COVIAR no depende del Estado nacional, sino de aportes obligatorios realizados por el propio sector. Explicó que esos fondos se destinan a proyectos vinculados con la promoción del vino, acompañamiento a productores, sustentabilidad, enoturismo e información estratégica.

“La COVIAR se sostiene con fondos de la industria y por ley sólo el 3% de esos aportes puede destinarse al mantenimiento de la estructura”, indicó.

Para Ruggeri, la decisión del Gobierno nacional responde a una visión ideológica que cuestiona los esquemas de organización colectiva de las economías regionales. El dirigente comparó la situación con otros organismos que también fueron cuestionados por la administración nacional. “Todo lo que son instituciones que fortalecen las economías regionales está siendo atacado sistemáticamente. Hay una metodología y una forma de pensar del Gobierno que considera que todo lo autoimpuesto no es bueno”, aseguró.

Caída del consumo y advertencia por el futuro del sector

El conflicto se desarrolla en un escenario complejo para toda la vitivinicultura argentina. Ruggeri describió una fuerte caída del consumo interno, problemas de rentabilidad para pequeños productores y dificultades crecientes en bodegas y cooperativas. Según afirmó, el vino es uno de los primeros productos que las familias dejan de consumir cuando disminuye el poder adquisitivo.

“La vitivinicultura está en crisis por una caída importantísima del consumo. Incluso han caído productos básicos como la leche, el pan o la carne; con más razón todavía cae el vino”, explicó.

Y agregó que existe una tendencia internacional a reducir el consumo de alcohol y que eso afecta al sector vitivinícola. Sin embargo, defendió el valor cultural y social del vino en la Argentina. Recordó además que desde la COVIAR se impulsaron políticas que permitieron declarar al vino como bebida nacional y producto alimenticio. Y advirtió que eliminar el PEVI implica debilitar un esquema de coordinación que permitió igualar oportunidades entre empresas grandes y pequeñas, especialmente en el acceso a información técnica y comercial.

“El plan estratégico se creó para acompañar a toda la vitivinicultura y evitar el ‘sálvese quien pueda’. Sin esos aportes es muy difícil sostener las herramientas que necesitan las empresas más chicas”, agregó el dirigente. 

Finalmente, confirmó que el directorio de la COVIAR resolvió avanzar judicialmente contra la decisión del Ejecutivo nacional. “Nos vamos a presentar ante la Justicia con un recurso de amparo porque la cobranza está establecida por ley y no puede modificarse mediante una resolución”, anticipó.

La estrategia legal impulsada por la Corporación Vitivinícola Argentina se sustenta principalmente en la Ley Nacional 25.849, sancionada en 2004, normativa que dio origen al Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y estableció el marco legal para su funcionamiento.

Mientras el sector espera la definición judicial, desde la corporación advierten que la continuidad del PEVI resulta clave para sostener políticas de promoción, asistencia técnica y articulación en una de las principales economías regionales del país, golpeada hoy por la recesión, la caída del consumo y la incertidumbre económica.

El sector que emplea aproximadamente unos cien mil trabajadoras y trabajadores directos e indirectos en el país, la “bebida nacional”, el alimento que genera encuentros familiares y de amigos sufre hoy una crisis de múltiples factores a nivel mundial pero paradójicamente en nuestro país los ataques también provienen de un Gobierno Nacional que no conoce ni comprende las economías regionales e ignora la historia y desarrollo de las mismas.

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