La educación pública argentina atraviesa un invierno que parece no tener fin. Mientras el gobierno nacional ensaya argumentos cada vez más endebles para justificar el desfinanciamiento, los números que arroja el reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) son una bofetada de realidad: entre 2023 y 2026, el presupuesto para las universidades nacionales registra una caída real acumulada del 41,6%. Son los datos del desmantelamiento programado del sistema que permitió el ascenso social en este país. Y que harán que este martes 12 se realice una nueva marcha federal universitaria para reclamar contra el ajuste. 

La cronología de los últimos meses describe una gestión que prefiere el decreto al consenso. La ley 27.795 de financiamiento universitario, sancionada en agosto de 2025 y ratificada por el Congreso tras un veto presidencial, es hoy una “ley fantasma”. El Ejecutivo decidió suspender su aplicación mediante el decreto 759/2025, alegando una supuesta falta de fondos que la propia ley preveía resolver mediante adecuaciones presupuestarias. Ante el revés judicial que ordenó cumplir la ley, la Casa Rosada respondió con una maniobra distractiva: un nuevo proyecto de ley enviado el 18 de febrero de 2026 que no busca financiar, sino consolidar el recorte. A eso se suman los recortes dispuestos hoy por el jefe de gabinete Manuel Adorni.

La situación salarial es, quizás, el punto más crítico de esta crisis. El poder adquisitivo de docentes y no docentes se desplomó un 34,2% entre noviembre de 2023 y abril de 2026. El impacto fue brutal en el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, concentrando una caída del 23,1% solo en el primer semestre de 2024.  Hoy, la “clase media” universitaria ha dejado de existir en términos de consumo básico. 

Los datos son contundentes. En marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo alcanzó los $1.434.464. Solo los docentes titulares con dedicación exclusiva superan este umbral. El resto de los cargos exclusivos, y la totalidad de los docentes con dedicación semi-exclusiva y simple, perciben salarios que no cubren la canasta de pobreza.  Aún más grave: si miramos la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de $658.011, la mayoría de los docentes de dedicación simple se encuentran hoy por debajo de la línea de indigencia.

La comparación entre la ley insistida por el Congreso y el proyecto del gobierno revela dos visiones de país. Si se aplicara la ley original, el presupuesto universitario para 2026 alcanzaría los $8,49 billones, recuperando prácticamente el nivel previo al ajuste. En contraste, la propuesta oficialista apenas llega a los $5,51 billones, lo que representa un presupuesto un 35,1% menor al que hubiera correspondido por ley. En materia salarial, el gobierno ofrece un incremento escalonado del 12,3% para todo el año, una cifra que se evapora frente a una inflación proyectada del 23,6% para septiembre.  

Para entender la magnitud del retroceso, basta observar el salario histórico de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva. En noviembre de 2015, ese salario equivalía a $1.187.482 actuales; para septiembre de 2026, bajo el esquema del gobierno, se proyecta que caerá a $547.748. Es una pérdida del 53,9% de la capacidad de compra en una década, con el agravante de que la mitad de ese deterioro ocurrió en los últimos dos años.  

El gobierno argumenta que “no hay plata”, pero los números del CEPA demuestran que lo que falta es voluntad política para sostener el sistema científico y educativo. Mientras el presupuesto se licúa y los docentes caen en la indigencia, la universidad pública argentina —ese orgullo que nos distinguió en América latina y que aún hoy logra pisar fuerte en los ránkings globales— resiste con lo último que le queda: la convicción de su comunidad. El interrogante es cuánto tiempo más se puede enseñar y aprender con hambre.

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