Hoy la actividad agropecuaria dista mucho de lo que fue hace algunas décadas en cuanto al perfil de los actores que la integran, su articulación y sus modos de integración.

A partir de la dictadura instaurada en Argentina en 1976 y luego durante los años noventa y a fines del siglo XX, el proceso neoliberal produjo un cambio en las subjetividades y en las relaciones sociales en el agro. 

Transformaciones en torno al uso y tenencia de la tierra: propietarios, rentistas, arrendatarios.

El modelo vigente es el de “agronegocios”. Se propuso refundante a partir de nuevos esquemas empresariales que no dependen de la propiedad de la tierra y articulan una economía basada en una red de proveedores de servicios integrados verticalmente.

Aún con el riesgo de la reiteración, vale reforzar la idea: vivenciamos desde hace dos décadas o más, una nueva articulación o esquema de producción y comercialización que no depende necesariamente de la propiedad de la tierra o por lo menos de su acumulación. Transformación que ha sido posible por el desarrollo de una nueva integración de saberes, de conocimientos científico- tecnológicos y la articulación de servicios. Sumado a esto el reposicionamiento del capital financiero transnacional.

Los agronegocios han reconfigurado el escenario global con un predominio de los jugadores transnacionales, desafiando el desarrollo de normativas apropiadas en el marco jurídico internacional, poniendo en conflicto los intereses regionales, locales, frente a los capitales sin fronteras, ocasionando una transformación veloz de las estructuras socioeconómicas dependientes de esa cadena de producción. 

Dentro de este fenómeno se han desarrollado los tantas veces mencionados “pools de siembra” o “fideicomisos agropecuarios”

Pero es imprescindible describir que este escenario se fue dando a la par de la desaparición de muchos de los popularmente conocidos como “chacareros”, propietarios y productores, para dar paso a una nueva generación de  propietarios no-productores: los rentistas.                                                                                                        

Con el proceso rentista quedan definidos tres actores centrales: el dueño de la tierra, el que arrienda –el capitalista-, y el que la trabaja –el contratista- (Peretti/2018).   

Queda un interrogante abierto, a la sociedad, a la política: ¿entonces, qué define hoy a un productor agropecuario? 

Esta lógica preponderante incide directamente el entramado de quienes protagonizan a diario la actividad agropecuaria, sus vínculos, sus valoraciones, su relación con la ciudad; reestructura el mundo rural y pone en tensión modelos de empresas: lo familiar versus lo individual y modelos de producción: tradicional versus científica (Moreno/2021).

¿Quiénes son algunos de los partícipes actuales?

Chacarero o poseedor de una pequeña fracción de tierra; el estanciero poseedor de una gran fracción de tierra; el arrendatario; el quintero; el contratista con sus variadas maquinarias -sembradoras/cosechadoras/pulverizadoras/tolvas/etc.-; el transportista; el acopiador; el semillero; el proveedor de agroquímicos; el proveedor de productos veterinarios, el acopiador; el laboratorio de análisis; el ingeniero agrónomo; el veterinario; el agrimensor; el alambrador; el molinero; la cooperativa agrícola; el acopiador; el consignatario.

Obviamente el peón rural, el peón de a caballo, el tractorista, el capataz, el encargado, el puestero, el parquista, y muchos más.

La conformación del agronegocio, pone en escena a diversos actores de dispar origen sectorial y perfiles heterogéneos, que corren la centralidad de la propiedad de la tierra hacia la gestión. Y es aquí donde la tecnología de avanzada, la biotecnología, la informática, y otros desarrollos científico-técnicos, hacen su aporte a la capacidad para administrar de modo eficiente los recursos disponibles.

Por supuesto, esta nueva concepción de “el campo”, multidimensional, no está exceptuada de profundos interrogantes que afectan a la tensión entre la misma, el medioambiente y la justa distribución de los alimentos en el mundo que habitamos.

Esta dinámica del negocio agropecuario, desafía las políticas públicas del Estado en su rol de árbitro. La ejecución de mecanismos regulatorios, políticas proteccionistas y la puesta en marcha de procedimientos redistributivos, deben estar en orden de prioridad en este presente.

Algunos estamos convencidos de que no podemos seguir hablando de “el campo”, sino de “tenencia y uso de la tierra”. Esto supone primero una disputa cultural. Bienvenida sea. Pero también implica una identificación del sujeto o los actores que participan en toda la cadena de producción agropecuaria, a fin de poder delinear políticas apropiadas y justas.

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