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Santa Fe: juzgarán el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad

Santa Fe: juzgarán el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad

Este martes inicia el segundo juicio de la causa Laguna Paiva, que juzga a tres expolicías y al exjuez Víctor Brusa por crímenes de lesa humanidad contra 34 víctimas. El proceso destaca por abordar el abandono de persona y reconocer a las infancias no como daños colaterales, sino como víctimas directas del plan represivo.

Giselle Tepper

Este martes 5 de mayo comenzará en Santa Fe el juicio a tres expolicías y un exsecretario judicial por crímenes del terrorismo de Estado cometidos a 34 víctimas, de las cuales 16 eran menores de edad. Una de las características de este juicio es el abordaje sobre la participación de los acusados en el delito de abandono de persona, producto de los operativos de secuestro de sus madres y padres, además del juzgamiento de los crímenes de los que fueron víctimas los menores de entre uno y catorce años de edad.

“Desde la querella reclamamos que se reconozca a las infancias ya no como víctimas colaterales, sino como víctimas directas, con entidad jurídica propia y con derecho a ser oídas en esa condición”, comunicaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y agregaron que esta calificación implica “reconocer que el desamparo extremo en que quedaron las infancias formó parte del mismo entramado represivo y no puede escindirse del contexto estructural en que se produjo”.

Este juicio, que iba a comenzar a finales de abril y fue postergado por el cambio de defensor de uno de los acusados, es producto del primer debate por la causa Laguna Paiva o Chartier, que concluyó en 2021 con seis expolicías condenados, pero con penas que para las querellas resultaron bajas en relación con la gravedad de los crímenes.

En este segundo debate los cuatro acusados serán juzgados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, violación de domicilio, abandono de persona, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, con la intervención del fiscal general Martín Suárez Faisal, juzgará a los expolicías Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti, y el exsecretario judicial del fuero federal Víctor Hermes Brusa. Se espera que declaren alrededor de cincuenta testigos.

Luego del secuestro de los padres y uno de los hermanos, en la casa quedaron seis niños abandonados, entre ellos Mónica Páez, de 12 años, quien debió asumir el cuidado de sus cinco hermanos -el menor de apenas un año y medio. El grupo de hermanos sobrevivió por sus propios medios, como pudo, durante varias semanas.

La familia Páez como objetivo del horror

Arnaldo Catalino Páez, referente regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), militaba en la agrupación sindical “La Lucha”, integrada por trabajadores del Frigorífico Nelson. Con el objetivo de secuestrarlo, los genocidas desplegaron la persecución sobre toda su familia, como también sobre sus compañeros. En este segundo juicio por la causa Laguna Paiva se juzgarán delitos de lesa humanidad cometidos en 1980.

En los hechos de la acusación consta que el 8 de febrero de ese año en la ciudad de Esperanza su hermana María Ceferina Páez fue secuestrada junto a su esposo Luis Medina y sus cinco hijos quedaron sin cuidado. Días más tarde, su hija Susana Medina, de 13 años, también fue secuestrada y trasladada a la ciudad de Santa Fe.

Miguel Páez, hermano de Arnaldo, y su hija Graciela Páez, de 15 años, fueron torturados con picana eléctrica durante un operativo realizado el 12 de febrero en Esteban Rams en presencia de sus hermanos y de su madre, Elba Medina. Posteriormente, Miguel, Elba y sus cinco hijos menores de edad fueron secuestrados y mantenidos en cautiverio en distintos centros clandestinos. Ramona Isabel Páez, otra de las hermanas, fue secuestrada el mismo mes en la localidad de Ceres.

El 15 de febrero en Lima, provincia de Buenos Aires, Arnaldo Catalino Páez fue secuestrado junto a su esposa Juana Medina, quien estaba embarazada, y uno de sus hijos, Mario, de 14 años. Fueron llevados en cautiverio al Departamento de Informaciones de la Policía (D2). Mario Páez presenció los interrogatorios y torturas a los que era sometida su madre. En la casa quedaron seis niños abandonados, entre ellos Mónica Páez, de 12 años, quien debió asumir el cuidado de sus cinco hermanos -el menor de apenas un año y medio. El grupo de hermanos sobrevivió por sus propios medios, como pudo, durante varias semanas, hasta que posteriormente fueron institucionalizados en la ciudad de San Nicolás. Juana y Mario recuperaron la libertad algunos meses después del secuestro. Arnaldo Catalino Páez falleció en 2016, sin llegar a ver justicia por él, su familia y sus compañeros.

Los acusados

En este segundo juicio serán juzgados cuatro acusados. El quinto, Fernando Sebastián Mendoza, falleció antes del inicio.

Víctor Hermes Brusa ya tiene cuatro condenas por delitos de lesa humanidad. En 1980 se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe y posteriormente fue juez. Se lo acusa por su responsabilidad en apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, tormentos y abandono de persona.

Óscar Alberto Cayetano Valdez, abogado y ex integrante de la D2. Se lo acusa de los delitos de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal y abandono de persona. Ya tiene una condena a prisión perpetua en la causa “Balla”.

Antonio Parvelotti, ex subjefe de la D2, será juzgado por privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos y abandono de menores de edad.

Eduardo Enrique Riuli, oficial ayudante en la División Informaciones policiales D-2, ya condenado en el primer juicio de la causa Laguna Paiva a 6 años y 6 meses de prisión, será juzgado por privación ilegítima de la libertad, tormentos, allanamiento ilegal y abandono de persona.

Además de Riuli, en el primer tramo de la causa fueron condenados Germán Raúl Chartier, jefe de la División de Informaciones Policiales URI (D-2), a 16 años de prisión; Rubén Oscar Insaurralde, sargento en la División de Informaciones D-2, a 6 años; Fernando Sebastián Mendoza, jefe de la Comisaría XIII de Laguna Paiva, a 5 años; Antonio Rubén González, cabo en la División Robos y Hurtos, a 5 años; y Omar Epifanio Molina, cabo en el Departamento Operaciones Policiales D-3, también a 5 años de prisión.

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