Luego de dos audiencias públicas atravesadas por pedidos de nulidad y denuncias de censura, el oficialismo logró finalmente destrabar el dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y, con 37 firmas a favor sobre 66, buscará convertir en ley este miércoles la modificación de la ley de glaciares. El avance del proyecto, que cuenta con el apoyo de sectores mineros, se produce en medio de un clima de máxima tensión: mientras organizaciones sociales marchan al Congreso bajo la consigna «defender los glaciares es defender el agua», presentan una serie de datos opacos sobre el proceso legislativo.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) detalló el reparto discrecional de fondos que coincide con el calendario legislativo de la reforma. Según el informe, solo entre enero y febrero se ejecutaron $27.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El dato más inquietante es el timing: el 74,1% de ese total —unos $20.000 millones— fue transferido a las provincias de Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Salta apenas tres días antes de que el Senado tratara la reforma en febrero. La correlación política fue inmediata: 14 de los 19 senadores de esas provincias votaron a favor del proyecto oficialista, expresa el documento. 

La dinámica se repitió en marzo y abril. El decreto 219/2026 otorgó un adelanto de $400.000 millones en coparticipación a 12 provincias que, en conjunto, concentran 103 diputados nacionales. Para dimensionar la magnitud del recurso, esos fondos representan casi 20 veces lo destinado a todo el Plan Nacional de Manejo del Fuego para el 2026 o el pago de más de un millón de jubilaciones mínimas.

Más allá de la controversia presupuestaria, también se jugará la viabilidad técnica de la reforma. Experiencias recientes como el amparo por el financiamiento universitario, los logros judiciales del sector de discapacidad y la suspensión parcial de la reforma laboral —donde la Justicia congeló 82 artículos a pedido de la CGT— anticipan que la “seguridad jurídica” que promete el Ejecutivo para la minería podría terminar en una eterna judicialización.