Impulsado por la aprobación del RIGI, pero con el antecedente de la modificación de la constitución provincial aprobada durante la gestión de Gerardo Morales, la actividad minera se ha convertido prácticamente el único eje productivo de Jujuy. Las comunidades indígenas, que pretenden preservar la propiedad comunitaria de la tierra, denuncian y resisten el avance de empresas que desconocen la normas legales que favorecen a las comunidades instaladas en territorios ocupados ancestralmente.

Moisés Rioja (desde Jujuy)

La provincia de Jujuy creó en el 2026 el Ministerio de Minería, un hecho que consolida una posición y un trabajo ejecutado desde 2015, cuando Gerardo Morales iniciaba su primer gobierno, siendo hoy el del gobernador Carlos Sadir una continuidad en las políticas encaradas.

Con un marco legal favorable para la actividad minera a partir de la aprobación del RIGI a nivel nacional, pero con la previa modificación de la Constitución Provincial en junio de 2023, en donde el Estado Provincial se compromete a “impulsar políticas públicas de fomento (…) a la minería responsable, sustentable, y sostenible, en especial la industrialización de minerales críticos para la transición energética y el transporte” (Art. 92), el gobierno provincial promueve las acciones orientadas a fortalecer la actividad minera casi como el único eje productivo.

En este contexto, mientras la política debate a nivel nacional la modificación a la ley de glaciares, distintas comunidades y organizaciones indígenas y campesinas alertan sobre el riesgo que produce la actividad minera en sus territorios ancestralmente ocupados.

En 2023, con la reforma de la Constitución Provincial, las comunidades indígenas nucleadas en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sostuvieron un corte en la intersección de la ruta nacional 9 y la 52 -ingreso a Purmamarca- por casi tres meses, denunciando la situación de vulnerabilidad en que la reforma dejaba a las comunidades indígenas en toda la provincia, vinculadas principalmente a la propiedad de sus tierras. De manera deliberada la reforma no menciona en ningún capítulo ni artículo la propiedad comunitaria de la tierra, forma actual en que las comunidades ocupan y demandan sus territorios ancestralmente ocupados. Tampoco aparece la obligación de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios antes de autorizar proyectos extractivos en sus territorios. Esta obligación está consagrada en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la propia Constitución Nacional argentina a través de los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

En este contexto el primer día de abril, camionetas de la empresa canadiense Dajin Resources S.A. intentaron realizar monitoreos individuales en las comunidades de Tusaquillas y Santa Ana, desconociendo la organización comunitaria, la consulta previa, libre e informada, y la decisión por parte de las comunidades de rechazo a la actividad minera en toda la región de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Cabe aclarar que existen varios reclamos y pedidos de amparo iniciados por las comunidades ante los estados de Jujuy y Salta (provincias que comprenden la cuenca), con avances y resoluciones favorables de la Corte Suprema de la Nación (2023), del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy (2025), y hasta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2023).

“Nuestra lucha es por el cuidado del agua, que en toda la Puna es un recurso escaso, y la minería que nos proponen como trabajo para hoy en unos años se transforma en territorios abandonados, aguas contaminadas y pobreza para nuestras comunidades” dice Valdiviezo sobre el progreso que les promete la actividad minera.

Julio Cesar Valdiviezo, comunero de la comunidad aborigen Distrito San Miguel del Colorado, destaca que Salinas Grandes es una fuente cultural y laboral para las familias de las comunidades que viven en la región, tanto desde la cosecha de la sal, como de las iniciativas de turismo rural comunitario que llevan adelante. En este contexto social y cultural las comunidades buscan proteger su territorio, y ven un escenario de amenazas que se complejiza cada vez más, como el ocurrido con el avance de monitoreos inconsultos que, según las denuncias, buscan dividir a las familias organizadas.

“Nuestra lucha es por el cuidado del agua, que en toda la Puna es un recurso escaso, y la minería que nos proponen como trabajo para hoy en unos años se transforma en territorios abandonados, aguas contaminadas y pobreza para nuestras comunidades” dice Valdiviezo sobre el progreso que les promete la actividad minera.

En un presente en el que el agua es un recurso escaso, las políticas del Estado Provincial y la minería, avanzan de manera sostenida y con decisión firme de expansión, ignorando los fallos de la justicia a favor de las comunidades y a la voz de sus poseedores ancestrales.

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