Pueblos fumigados: arrancó un juicio histórico por agrotóxicos

Con nueve imputados y más de 280 testigos, comenzó en los Tribunales Federales de Rosario el primer debate oral por contaminación ambiental por aplicación de agrotóxicos y daños a la salud. El caso busca sentar un precedente para todos los pueblos fumigados. Fue impulsado por Sabrina Ortiz, una madre que se hizo abogada para denunciar el envenenamiento de sus hijos y hoy es una referente ambientalista.

Martina Dentella

¿Cuáles son las heridas que provoca un Estado que habilita a que se apliquen más de 640 millones de litros de pesticidas por año (dato en aumento desde 1996)? ¿Qué implicancias políticas y sociales tiene el incremento de casos de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, diagnóstico de cáncer, entre otras enfermedades, en pueblos fumigados?

¿Cuál es el efecto que puede tener sobre las vidas de las 12 millones de personas que viven en zonas agrícolas expuestas a agrotóxicos?¿Quiénes son los grandes beneficiados de este modelo económico?¿Puede existir un freno? Esas son algunas de las preguntas que sobrevuelan en el debate por el primer juicio oral por aplicaciones con agrotóxicos o por “violencia química”, tal como lo describe la querella. En la sala del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, se pone finalmente en discusión lo que territorios sufren hace largas décadas: los estragos que los agrotóxicos hacen en la salud y los cuerpos de los vecinos de zonas rurales.

El juicio, que inició el miércoles 4 de febrero, apunta contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios municipales, acusados de contaminar el ambiente y omitir los controles básicos de salud pública en la aplicación de químicos. Se trata de los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos y Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada, quienes enfrentan cargos bajo la ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051), que prevé penas de hasta diez años de prisión. Junto a ellos, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, exintegrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino, deben responder por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

La acusación es contundente: los imputados habrían ejecutado fumigaciones con agrotóxicos violando incluso las distancias mínimas permitidas, afectando barrios como Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida. Pero el motor de este juicio tiene nombre propio y es el de Sabrina Ortiz.

El juicio, que inició el miércoles 4 de febrero, apunta contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios municipales, acusados de contaminar el ambiente y omitir los controles básicos de salud pública en la aplicación de químicos.

Durante una tarde de 2011, Sabrina sintió contracciones muy fuertes. Ese día habían pulverizado la tierra ubicada frente a su casa: horas después perdió un embarazo de cinco meses de gestación. Más tarde, los análisis clínicos también revelaron que su hijo Ciro, de 6 años, tenía más de 12 microgramos de glifosato en su organismo.

“Estás en la línea de fuego», le advirtió una médica luego de largos recorridos por hospitales. Ante un desamparo absoluto por parte de las autoridades locales, Sabrina estudió derecho, se recibió en noviembre de 2016 y tramitó la matrícula provincial para poder hacer una presentación en la fiscalía local. Esa primera vez no tuvo eco. Pero no dejó nunca de insistir. Sus abogados -y hoy compañeros de militancia ambiental- Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana lograron que la justicia federal interviniera. Su lucha derivó en un fallo histórico del juez Carlos Villafuerte Ruzo en 2019, que prohibió fumigar a menos de 1.095 metros de forma terrestre y 3.000 metros de forma aérea en todo Pergamino.

Días antes del inicio de las audiencias en Rosario, seis de los imputados intentaron evitar el juicio oral ofreciendo dinero y tareas comunitarias (probation). Sin embargo, el fiscal general Federico Reynares Solari y la querella se opusieron firmemente. El tribunal ratificó que, en delitos de lesa ambiental donde está en juego la salud colectiva, no hay «cheque reparador» que valga: la responsabilidad penal debe ventilarse en un debate público.

El juicio se extenderá durante febrero y marzo. Contará con testimonios de lo que la querella llama “ciencia digna”: médicos, biólogos e ingenieros agrónomos que explicarán el vínculo entre los plaguicidas y el daño genotóxico. Las próximas audiencias serán los días 12, 25 y 26 de febrero, y Sabrina Ortiz declarará en la primera jornada.

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