Por primera vez desde 2002, aumentó la mortalidad infantil en la Argentina

El indicador subió 0,5 puntos en 2024. Corrientes, Chaco y La Rioja son las provincias más golpeadas por un retroceso estadístico que rompe dos décadas de tendencia al descenso.

Redacción 4Palabras

La Argentina experimentó una suba de 0,5 puntos de la tasa de mortalidad infantil, por primera vez desde 2002. Las provincias más afectadas fueron Corrientes, Chaco y La Rioja. Así la realidad sociosanitaria enciende una señal de alarma que no se registraba con esta intensidad desde hace más de dos décadas.

Por primera vez desde el año 2002, el país experimentó un retroceso en uno de los indicadores más sensibles y determinantes del desarrollo humano y la eficacia de las políticas públicas: la tasa de mortalidad infantil.

Según los datos oficiales desprendidos del informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, el índice nacional sufrió un incremento de 0,5 puntos, quebrando una tendencia histórica de descenso que se venía consolidando desde el cambio de milenio.

Este indicador, que mide la relación entre los fallecimientos de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos en un período determinado, pasó de un registro de 8 a 8,5 entre los años 2023 y 2024. Detrás de esta fría estadística se esconde una cifra dolorosa que revela la magnitud del problema: un total de 3.513 bebés fallecieron antes de cumplir sus doce meses de vida durante el último año relevado.

La mortalidad infantil no es solo un dato demográfico: es un espejo del acceso a la nutrición, a las condiciones de saneamiento ambiental, a la calidad de la atención prenatal y al nivel educativo de las familias. El aumento de este índice después de tantos años de progresiva mejora obliga a una reflexión profunda sobre las prioridades de la gestión sanitaria y la protección de los derechos de la infancia en las zonas más postergadas del país, donde la brecha con la Capital Federal parece ensancharse cada vez más.

Para comprender la gravedad del asunto, se debe observar la serie histórica. Desde el año 2000, cuando la tasa se ubicaba en 16,6 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, la Argentina había logrado mantener un camino de reducción sostenida, con excepciones muy puntuales que coincidieron con crisis profundas o desajustes sistémicos. Los únicos años en los que se habían detectado incrementos previos fueron en los bienios 2001-2002, 2006-2007 y 2021-2022. Sin embargo, este nuevo salto entre 2023 y 2024 resulta particularmente preocupante por el contexto de vulnerabilidad que atraviesan diversas regiones del país.

La geografía de la mortalidad infantil en la Argentina actual dibuja un mapa de desigualdades estructurales profundas. Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta el número más bajo del país, con 4,9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, situándose en niveles comparables a los de países desarrollados, el panorama en el norte argentino es diametralmente opuesto y desolador.

Corrientes se posiciona hoy como el distrito más afectado por esta problemática, ostentando la tasa más elevada del territorio nacional con 14 decesos confirmados por cada 1.000 nacimientos. No es un caso aislado en la región: el Chaco reportó una tasa de 11,8 y La Rioja alcanzó los 11,7 puntos. Otras provincias como Formosa y Santiago del Estero también superan ampliamente la media nacional, registrando un total de 10,7 muertes infantiles.

En términos de volumen absoluto, la provincia de Buenos Aires reflejó 1.236 fallecimientos, seguida por Santa Fe con 275 y Córdoba con 231, cifras que se explican por la densidad poblacional de estos distritos pero que no dejan de sumar peso a la tragedia estadística nacional.

La mortalidad infantil no es solo un dato demográfico: es un espejo del acceso a la nutrición, a las condiciones de saneamiento ambiental, a la calidad de la atención prenatal y al nivel educativo de las familias. El aumento de este índice después de tantos años de progresiva mejora obliga a una reflexión profunda sobre las prioridades de la gestión sanitaria y la protección de los derechos de la infancia en las zonas más postergadas del país, donde la brecha con la Capital Federal parece ensancharse cada vez más.

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