Detrás de cada número hay una disputa por el sentido de la educación: qué se mide, quién explica los resultados y, sobre todo, qué proyecto de escuela y de sociedad se pretende construir.

Silvia Andrea Vázquez

Ante los pobres resultados de PISA 2025, el gobierno de Javier Milei recurrió a la vieja táctica de culpar al kirchnerismo y auto vanagloriarse por medidas obvias como priorizar Lengua y Matemáticas. La ministra Sandra Pettovello y el secretario Carlos Torrendell emitieron declaraciones torpes que buscan ocultar su responsabilidad en el ajuste educativo que están aplicando.

Un análisis elemental de los datos contradice la narrativa oficial. Las pruebas PISA, diseñadas por la OCDE para evaluar a estudiantes de 15 años, sirven para comparar sistemas educativos y orientar políticas públicas, pero generan controversia: miden aspectos limitados y su valor se distorsiona cuando se presentan como la única evidencia válida. Pedagógicamente, una prueba puntual no refleja procesos de aprendizaje ni el contexto de enseñanza, y además se basa en contenidos que la OCDE considera universalmente valiosos, independientemente de lo enseñado localmente.

En Argentina, la derecha neoliberal suele explotar los malos resultados para deslegitimar la escuela pública y la docencia, una retórica catastrofista que impide reconocer logros y diagnosticar problemas con rigor. Al mismo tiempo, estos indicadores muestran un deterioro global de aprendizajes ligado a profundas transformaciones tecnológicas, que impactan fuertemente en las formas de comunicación, atención y comprensión de adolescentes y jóvenes. En este marco sí debemos reconocer que los desempeños nacionales de los últimos años son más preocupantemente bajos en la comparación regional. El problema no es la prueba en sí, sino usar sus resultados como única verdad.

Veamos un gráfico presentado en el informe de la fundación “Argentinos por la Educación” que permite apreciar las tendencias del 2006 en adelante.

Estos datos muestran la existencia de tres momentos:

Mejora relativa: entre 2006 y 2015 hubo un progreso en los resultados, con un avance significativo en Lectura, leve mejora en Ciencias y Matemática que empieza a decaer en el 2012.
Estancamiento: 2018 y 2022 muestran estabilidad en niveles bajos.
Retroceso fuerte: entre 2022 y 2025 se produce la caída más drástica, devolviendo a la Argentina a valores similares a los de 2006: en Matemática se cayó de 378 a 367 (11 puntos menos), en Lectura de 401 a 389 (-12) y en Ciencias de 406 a 393 (-13); ubicando al país en el puesto 75 entre 91 naciones evaluadas.

Atribuir esta caída a las gestiones educativas durante el kichnerismo es absolutamente falaz y muestra el cinismo de un gobierno que no se hace cargo de sus políticas de ajuste y de la incapacidad de sus funcionarios para explicitar un análisis medianamente serio de los últimos veinte años del sistema educativo. Ensayo general para la farsa actual como cantan los Redondos.

Los estudiantes evaluados en 2025 comenzaron la primaria en 2016 y atravesaron el desfinanciamiento del macrismo, el impacto del homeschooling en la pandemia y ahora el desmantelamiento educativo vía asfixia económica del actual gobierno. Los mejores resultados se dieron en periodos con mayor inversión, distribución de libros y computadoras, reconocimiento salarial docente y formación continua.

Resulta hipócrita que un gobierno que desfinancia la educación, deroga leyes claves de inversión, degrada el salario docente y precariza las condiciones de enseñanza en tanto descree de la escolaridad obligatoria se escandalice por los malos índices internacionales. La llamada “liberta educativa” que promueven, desertando de su rol de garante de la educación pública, profundiza la desigualdad y deja a muchas familias educando como pueden.

Reconocemos que el deterioro educativo es global y tiene causas profundas, pero los malos resultados de PISA 2025 son innegables y encienden una alarma: el derecho a una educación de calidad sigue lejos de ser universal.

Quienes trabajamos en la docencia sabemos que un examen no define ni culpa a estudiantes o docentes; es un indicador más – uno entre muchos – que revela la existencia de problemas en nuestro trabajo educativo cuya resolución implica abordar cuestiones pedagógicas tales como estrategias de enseñanza, trayectorias estudiantiles, financiamiento de condiciones institucionales dignas, realidades socioculturales de las comunidades, valorización del trabajo docente. Dimensiones que, por supuesto, son inescindibles del mejoramiento de las condiciones de vida de chicas, chicos y jóvenes que asisten a nuestras aulas.

Resulta hipócrita que un gobierno que desfinancia la educación, deroga leyes claves de inversión, degrada el salario docente y precariza las condiciones de enseñanza en tanto descree de la escolaridad obligatoria se escandalice por los malos índices internacionales.

Sin duda generar más y mejores aprendizajes es un desafío impostergable para un futuro próximo gobierno popular y un compromiso que deberemos asumir desde las instituciones educativas.

La escuela, sola, no puede, pero sin su protagonismo cualquier cambio pedagógico es pura elucubración teórica. Esta transformación sigue siendo una tarea política de indelegable responsabilidad estatal y de compromiso de la comunidad organizada, que reconfigure el sentido de la educación pública, convoque a docentes y estudiantes a la aventura del conocimiento y conmueva la materialidad escolar.

* La autora es Maestra de primaria y Licenciada en Ciencias de la Educación. Profesora e investigadora universitaria. Trabajó en la formación política, sindical y pedagógica de SUTEBA y CTERA. Actualmente dirige el Observatorio Socio Político de la Educación en la UNLu, es asesora de la HCD del Congreso Nacional y coordina la Comisión de Educación del Instituto Patria.

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