Los fundamentos de la reforma están en el DNU70 que Javier Milei envió al Congreso en diciembre del 2023. Lo que busca el gobierno y lo que pretenden los empresarios de la Unión Industrial. Para algunos dirigentes sindicales se trata de afectar y restringir el derecho a huelga.

Pablo Waisberg

El gobierno nacional pretende mantener el secreto sobre la reforma laboral que presentará el próximo martes 9 de diciembre en el Congreso. Es parte de la estrategia para intentar cerrar todos los acuerdos posibles de forma tal que, finalmente, su programa laboral pueda avanzar en la Argentina. Pero, más allá de retoques posibles, el proyecto de fondo debe buscarse en el DNU70, que el presidente Javier Milei firmó el 20 de diciembre de 2023, apenas diez días después de sentarse en el sillón de Rivadavia.

En ese texto “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, que no pudo aplicarse porque la Cámara Nacional del Trabajo suspendió el capítulo laboral del decreto presidencial, está el objetivo del fondo del gobierno. Allí se establecían más de 20 modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo: extendía el período de prueba, modificaba las indemnizaciones a la baja y habilitaba el fraude laboral y los despidos discriminatorios “por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial”.

Además, limitaba la realización de asambleas e impulsaba el fin de la ultraactividad, para debilitar la negociación colectiva por rama de actividad. Ese es uno de los puntos que preocupan particularmente al gobierno y, también, a la Unión Industrial Argentina (UIA). Tal como lo explicó el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex gerente del área laboral de Techint, uno de los objetivos de esta reforma es que los convenios colectivos por actividad marquen el techo salarial y no el piso salarial, como ocurre actualmente. Es decir, es posible que haya negociaciones por empresa, pero deben ser más beneficiosas para el trabajador que el convenio por actividad.

“Aún no está clara cómo será la reforma que tiene lista el gobierno, pero su programa laboral fue presentado en el DNU70. Era un programa que atacaba derechos individuales y colectivos. Y era peor que la reforma que hizo la última dictadura porque avanza sobre la base de la ley vigente, que es de la dictadura”, señaló el titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte.

Uno de los objetivos de esta reforma es que los convenios colectivos por actividad marquen el techo y no el piso salarial. Al gobierno y a la Unión Industrial Argentina (UIA) les interesa limitar la realización de asambleas e impulsar el fin de la ultraactividad, para debilitar la negociación colectiva por rama de actividad.

Para Cremonte, la reforma del gobierno tiene también “un componente de sometimiento, además de la discusión sobre quién se queda con el resultado de lo que se produce y cuánto queda en el bolsillo de los patrones y cuánto en el bolsillo de las y los trabajadores”.

“Y es falso el discurso de que esta reforma va a afectar sólo al sector registrado de los trabajadores. En Argentina existen 14 millones de asalariados registrados y no registrados. Todos ellos trabajan bajo patrón. Los no registrados son trabajadores que cobran un salario todos los meses y sus salarios no son tan diferentes de los registrados”, agregó Cremonte.

Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadores de Algodón, Daniel Yofra, advirtió sobre la decisión del gobierno de “afectar y restringir el derecho a huelga” y explicó que esa fue la base que les permitió a los trabajadores del sector oleaginoso tener los mejores salarios de la economía argentina. “Éramos pobres trabajando en los años 90 y sólo cuando pudimos organizarnos y utilizar la herramienta de la huelga pudimos pelear por el salario mínimo vital y móvil, en los términos que lo plantea la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. A nosotros nadie nos regaló nada”, dijo.

En el caso de los Aceiteros, que fue uno de los gremios que realizó medidas de fuerza contra la Ley Bases -que se terminó aprobando en una versión recortada del DNU70-, es necesario “plantarse para que esta reforma no pase”. Agregó: “Nos acusan de querer desestabilizar, pero nosotros tenemos muchos compañeros que vienen desestabilizados hace mucho tiempo por este tipo de políticas anti-obreras. Tenemos que luchar en unidad para poder vivir con un salario digno y con derechos laborales que nos permitan disfrutar de la vida con nuestras familias. El año pasado hicimos huelga cuando se trató la Ley Bases y este año no va a ser la excepción”.

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