Luego de la llamativa mayoría que prorrogó a Mahiques padre y el decreto que restringió los mecanismos de participación en la designación de los magistrados, el oficialismo apura un amplio canje de vacantes con la oposición “dialoguista”. Mientras tanto, Comodoro Py empieza a devolver gentilezas con fallos a medida: Martínez De Giorgi apartó a los querellantes en la causa $Libra.

Manuel Barrientos

“Hay que mirar con lupa los votos que consiguió Mahiques padre”, se escuchaba esta semana en los pasillos del Poder Judicial. La frase, pronunciada por un experimentado habitante de los tribunales federales, encierra la clave de lectura de un andamiaje más ambicioso que la simple continuidad de un apellido con linaje judicial.

El Senado de la Nación aprobó hace un mes y medio la prórroga del mandato del juez federal Carlos Mahiques –padre del actual ministro de Justicia– como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. El pliego fue ratificado por una mayoría abrumadora: 58 votos a favor y apenas 11 en contra. En la superficie, la noticia es que el oficialismo de La Libertad Avanza, en un tándem ya aceitado con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, logró estirar la permanencia de un magistrado que ya cumplió 75 años, una excepción regulatoria que solía ser una rareza en la tradición institucional argentina. En el subsuelo, la radiografía del tablero legislativo expone algo superior: el peronismo aportó también varios votos. Entre ellos, los de Sergio Uñac (San Juan), Adrián Bahl (Entre Ríos), María Teresa González (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), José Neder (Santiago del Estero), Pablo Bensusán (La Pampa) y los del Frente Cívico de Santiago (Gerardo Zamora y Esher Moreno). También hubo algunas ausencias resonantes.

En el equipo presidencial consideran que tienen los números para avanzar en la postergada integración de la Corte Suprema de Justicia. El plan original contempla sumar dos candidatos para alcanzar el número de cinco miembros, pero cerca del Ejecutivo no descartan una jugada mayor: ampliar la composición agregando otras dos sillas que queden en manos de los “gobernadores”, esa conjunción variopinta, pragmática y movediza que le ha permitido al gobierno libertario corporizar sus planes desde diciembre de 2023. Aún en ese caso la mayoría seguiría estando en manos de un bloque judicial que ha sido muy proclive a los grandes sectores económicos que hoy respaldan al oficialismo.

Hay una premisa ineludible: la obligación del Ejecutivo de completar la Corte Suprema ante la insostenibilidad de un tribunal que funciona al límite con tres miembros. Pero detrás de la retórica de la eficiencia institucional, juristas y organizaciones sociales observan con preocupación un diseño que restringe los niveles de transparencia y asfixia la posibilidad de impugnaciones ciudadanas.

Hace un par de semanas, Milei firmó el decreto 467/2026 que derogó los decretos 222/2003 y 588/2003 y eliminó los mecanismos que autolimitaban al Ejecutivo y garantizaban la transparencia y la participación ciudadana en la designación de los jueces de la Corte Suprema. La Asociación Argentina de Juristas (AAJ) catalogó la medida como un “grave retroceso institucional”.

Hay una premisa ineludible: la obligación del Ejecutivo de completar la Corte Suprema ante la insostenibilidad de un tribunal que funciona al límite con tres miembros. Pero detrás de la retórica de la eficiencia institucional, juristas y organizaciones sociales observan con preocupación un diseño que restringe los niveles de transparencia y asfixia la posibilidad de impugnaciones ciudadanas.

El paquete es más grande que dos cargos en la Corte Suprema. En la mesa de negociaciones también brilla la Procuración General, acéfala de titular oficial desde que la política decidió congelar las designaciones. El pliego de Daniel Rafecas, propuesto en su momento por Alberto Fernández, envejeció en los cajones del Congreso sin haber sido siquiera tratado, mientras Eduardo Casal prolonga una interinidad eterna que nació bajo el mandato de Mauricio Macri en 2017.

La movida oficialista también apuesta a otro casillero fundamental y largamente vacante: el Defensor del Pueblo. Desde 2009 todas las presidencias han gobernado sin designar a un titular. Es un cargo de control institucional que se perfila como la próxima prenda de cambio para aceitar esa mayoría extendida que se exhibió sin fisuras con Mahiques padre.

Mientras tanto, el pacto con sectores del aparato judicial empieza a rendir frutos tangibles, justo cuando el gobierno todavía digería el cimbronazo del reciente fallo de la Corte en contra del financiamiento universitario. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó una resolución en la causa conocida como $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa piramidal con criptoactivos que salpica de lleno al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y al exjefe de gabinete Manuel Adorni.

Martínez De Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa del trader y lobista Mauricio Novelli y resolvió excluir a las querellas del expediente. La decisión apartó de un plumazo a los cinco inversores particulares que habían impulsado con más ahínco las denuncias de fraude.

La carambola judicial adquiere un tinte de estricta reciprocidad política cuando se revisa el archivo reciente: apenas dos semanas atrás, el Senado de la Nación aprobó el pliego de Ana Juan, esposa de Martínez De Giorgi, para ocupar un cargo en el Poder Judicial. Junto al de María Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon), son los únicos que aún no tienen la firma presidencial.

Hay una pregunta que circula por los sectores judiciales. Y que aún no tiene respuesta. ¿Por qué este apuro frenético para blindar los tribunales? ¿Qué se esconde detrás del impulso oficialista por acelerar las designaciones judiciales y limitar el poder de los organismos de contralor?

Algunos juristas sostienen que hay una necesidad imperiosa de cerrar acuerdos rápidos y asegurar todos los cerrojos institucionales de cara al 2027. El objetivo de máxima es garantizar el control de todos los resortes ante una eventual reelección o, en el peor de los escenarios para el oficialismo, dejar un entramado legal lo suficientemente rígido como para maniatar y limitar las acciones de un próximo gobierno de signo contrario.

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