La izquierda ha ido al ataque, fustigando la moderación y la cautela de la cúpula tradicional como insuficientes para movilizar a los trabajadores y a los jóvenes, machacando obsesivamente sobre la cuestión del costo de vida. Con los triunfos de Abdul El-Sayed en Michigan y de Peggy Flanagan en Minnesota, en sendas internas por bancas al Senado, la izquierda ha demostrado que un programa osado no es un lastre electoral, sino un motor de movilización electoral.

La izquierda argumenta con vehemencia que la clave para recuperar la Cámara de Representantes y el Senado no pasa por cortejar al votante moderado de los suburbios con la promesa vaga de simplemente no ser Trump, sino por enarbolar una agenda audaz: congelamiento de precios de alquileres, cobertura de salud pública universal, fortalecimiento de los sindicatos, denuncia del poder corporativo y una política exterior en las antípodas del intervencionismo militar. 

Por el contrario, los estrategas centristas insisten en que la sociología de los distritos clave que definen la mayoría en el Congreso los hace inmanentemente moderados y que cualquier escoramiento hacia el progresismo ahuyentará a los independientes. Esta disputa está definiendo el tipo de candidatos que irán en las boletas de noviembre y alterando el mensaje con el que el partido pretende competir.

El factor Irán echa nafta a la hoguera del malestar

La coyuntura económica y la situación internacional suministran combustible al descontento contra el gobierno de Trump. El relato de prosperidad y orden que la Casa Blanca intentó proyectar desde el inicio del mandato ha sido dinamitado por la guerra contra Irán y la persistente carestía de la vida cotidiana.

La aventura bélica dio por tierra con la idea de un aislacionismo pragmático que pondría fin a lo que Trump llamaba en campaña las “guerras interminables”. El rechazo público a esta aventura militar es, ante todo, una reacción a problemas económicos de primer orden para las familias estadounidenses.

En la cultura política estadounidense, el costo del galón de combustible es la métrica por excelencia del humor social. Sumado a una inflación que no cede, el encarecimiento de la energía ha triturado el discurso del gobierno sobre un supuesto renacimiento económico. El votante medio percibe que el aventurerismo bélico y también los aranceles a las importaciones y el proteccionismo en general son las causas del encarecemiento del costo de vida.

Frente a la perspectiva de un retroceso electoral que puede llegar a ser paliza, el trumpismo no prepara una recalibración de su agenda, sino la impugnación preventiva del escrutinio. En un escenario de pérdida de la mayoría en el Congreso, es altamente probable que Trump se niegue a aceptar los resultados, replicando la dinámica destituyente que culminó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

A diferencia de 2020, esta vez los medios para resistirse han sido meticulosamente preparados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca. El movimiento MAGA ha llevado a cabo una silenciosa y sistemática tarea de orfebrería: ubicar a negadores de los resultados de 2020 en puestos clave de administración electoral. Desde secretarías de Estado (típicamente, la institución que certifica los resultados) hasta juntas locales de escrutinio en múltiples estados, estos funcionarios cuentan hoy con poder para dilatar la certificación, cuestionar la validez de los sufragios por correo o exigir auditorías interminables.

A esta estrategia capilar se suma la ofensiva legislativa a nivel federal encarnada en el proyecto de ley SAVE (Safeguard American Voter Eligibility Act). Promovida de manera insistente por la Casa Blanca, esta iniciativa pretende imponer requisitos draconianos para el registro de votantes. Aunque el proyecto no ha superado las vallas parlamentarias, su mera agitación cumple una función crucial: construir de antemano el relato de un «fraude masivo» perpetrado por votantes que no detentarían ciudadanía, sirviendo de coartada para desconocer cualquier derrota en las urnas.

Impeachment y “pato rengo”

De pasar la Cámara de Representantes a manos demócratas, el paisaje político de los dos años restantes del mandato de Trump será un territorio de guerra institucional y de conflicto de poderes permanente. La primera consecuencia esperable será la apertura inmediata de investigaciones parlamentarias sobre el uso de los recursos públicos, los conflictos de interés de la familia presidencial y las operaciones militares en el exterior. En este contexto, la activación de un proceso de juicio político pasará a estar en el orden del día. Si bien la destitución seguiría requiriendo defecciones republicanas masivas en el Senado, harto improbables, el juicio político funcionará como un dispositivo de desgaste continuo.

La pregunta es qué tipo de “pato rengo” (lame duck) será el Donald Trump modelo 2027. La experiencia sugiere que no asistiremos a un repliegue moderado ni a la búsqueda de consensos bipartidistas. Muy por el contrario, acorralado por el Poder Legislativo y amenazado por causas judiciales que podrían reactivarse al término de su mandato, Trump seguramente se vuelque hacia una presidencia plebiscitaria y por decreto. Libre de la necesidad de someterse nuevamente a la reelección, pero obsesionado con su legado y su impunidad, probablemente acentuará los usos arbitrarios de su autoridad, tensionando hasta más allá del límite sus atribuciones constitucionales. Todo, promoviendo la movilización de su base electoral en una lógica de campaña perpetua.

El primer martes de noviembre pondrá a prueba la capacidad de la democracia estadounidense para procesar el descontento social sin despeñarse hacia un quiebre institucional.

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