Del 21 al 24 de abril, se hará la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en Bahamas, donde se reunirán representantes de los países que integran este tratado regional para avanzar en su implementación efectiva en América Latina y el Caribe. El gobierno de Javier Milei -que se empecina en negar el cambio climático- llega a la COP4 luego de haber impulsado las modificaciones a la ley de glaciares (aprobadas en el Congreso). Según pudo saber este medio a la conferencia asistirá un representante de cancillería con un plan de implementación congelado y sin medidas concretas que garanticen su avance en territorio nacional. Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de FARN, analiza el escenario y advierte sobre “la ola de juicios que se vienen”. 

¿Cómo sigue la pelea luego de la modificación de la ley de glaciares?

Estamos trabajando en el armado de una acción legal para plantear su inconstitucionalidad. Lo que vamos a buscar es que mediante una medida cautelar se suspendan los efectos de la ley, que todavía no ha sido publicada en el boletín oficial. Estamos ya a varios días porque se sancionó el 8 de abril. En los días venideros estaremos presentando un amparo y una medida cautelar porque implica un retroceso muy grave para la protección ambiental de la Argentina y para el derecho humano al agua. 

La “trampa” principal tiene que ver con la seguridad jurídica porque en estas condiciones el gobierno no puede garantizar a las empresas que quieran invertir. ¿Qué puede pasar en ese sentido? 

Con la ola de juicios que se vienen, no van a poder garantizar la seguridad jurídica a las empresas de ninguna manera. Ya sabemos que La Pampa va a presentar un amparo, parece que la provincia de Neuquén irá en el mismo sentido, y varias zonas afectadas harán lo mismo. Es un escenario donde va a haber mucha incerteza. Esta ley va a ser muy cuestionada en el tribunal. 

Y más allá de las organizaciones, ¿qué puede hacer la sociedad civil? 

La gente puede y debe estar informada principalmente. Charlar, conversar con sus pares sobre lo que está pasando sirve  para apoyar también este tipo de acciones en las que estamos trabajando. En definitiva, lo que buscamos es representar a todas las personas que están preocupadas por este tema. 

¿Qué herramientas da Escazú a una comunidad que ve amenazado un recurso tan importante como el agua para defenderse en la justicia?

Escazú nos da varias herramientas: la de la participación, la herramienta de la justicia, de la información, pero también nos da un principio muy importante que se llama el principio de no regresión o no retroceso. Lo que busca justamente es que no se pueda ir hacia atrás, una vez que lograste determinado estándar de protección. Ahí tenemos un principio fundamental para la defensa. Y también el hecho de que el acuerdo de Escazú proteja y reivindique a la figura de los defensores ambientales creo que va a ser clave en las luchas por venir por el agua, porque muchas personas se van a movilizar cuando quieran iniciar los proyectos mineros y seguramente se pondrán en riesgo porque las empresas tienen seguridad y también tenemos normas hoy en Argentina que hablan de la seguridad productiva. Se busca a veces asegurar más a los proyectos empresarios que a las personas. Justamente Escazú nos viene a dar una herramienta para ir contra eso, que es la figura de los defensores ambientales y proteger a quienes defienden la vida.

Es algo que el artículo 9 de Escazú aborda con distintas posibilidades, con la cuestión de tener mecanismos de respuesta rápida frente a amenazas a los defensores, con la idea de generar un entorno propicio y seguro para que ellos puedan ejercer la defensa del ambiente.