El Gobierno de Javier Milei busca cerrar el año con una gran apuesta en las sesiones extraordinarias. Anoche envió al Congreso el proyecto que busca modificar la ley de Glaciares sancionada en 2010, que abre la puerta a inversiones millonarias por parte de las empresas de explotación minera. Las asociaciones ambientalistas se oponen al proyecto y lo califican como un “retroceso”.

Según el documento difundido por la oficina de Presidencia, la intención es modificar la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, “poner fin a interpretaciones arbitrarias” y proponer “reglas claras”. Además, afirman que “se protegerá a los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, se fortalecerán los estándares ambientales vigentes y eliminará la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizaron el desarrollo económico del país”. 

Los gobernadores están usando la modificaciones de la ley de Glaciares como moneda de cambio en negociaciones con el Gobierno nacional, que retacea recursos a modo de extorsión. Dispuestos a entregar recursos naturales a cambio de fondos que las empresas extractivistas traen junto con las inversiones, se enfrentan con organizaciones civiles de sus propios territorios, que exigen un freno a esta avanzada. 

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) confronta con la idea de que la ley de Glaciares vigente impide el desarrollo en las provincias comprometidas. Desde la asociación ambientalista sostienen que “evita daños irreversibles en zonas donde el agua es escasa y donde cualquier tipo de contaminación tiene consecuencias permanentes”. Junto con otras 25 organizaciones ambientalistas rechazan las posibles reformas que se puedan aplicar en un documento clave que explica por qué la modificación de esta ley implica un retroceso con daños irreparables y que “sin agua agua no hay desarrollo posible”.