Inicio
/
Política
/
El Estado se retira, el olvido avanza: derechos humanos en la Argentina de Milei

El Estado se retira, el olvido avanza: derechos humanos en la Argentina de Milei

Bajo la consigna de la “motosierra ideológica”, el Gobierno nacional avanza contra la institucionalidad de los derechos humanos. Un informe clave de Abuelas, CELS e H.I.J.O.S. advierte sobre el impacto de los despidos, el bloqueo de archivos estatales y la narrativa negacionista oficial.

Redacción 4Palabras

A poco más de dos años de la asunción de Javier Milei, el panorama de los derechos humanos en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes desde el retorno de la democracia. El informe “Bajo asedio: las políticas públicas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista”, elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, H.I.J.O.S. Capital y Memoria Abierta denuncia un proceso sistemático de “desmantelamiento, degradación y desjerarquización” de la institucionalidad construida para juzgar los crímenes de la última dictadura.

“Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei comenzó un proceso de desmantelamiento de políticas públicas que son clave para la vigencia de la memoria y la continuidad de la búsqueda de verdad y justicia”, señala el documento. Los organismos advierten que la ofensiva no es solo discursiva, sino profundamente material. Desde diciembre de 2023, el Ejecutivo nacional ejecutó un recorte drástico de recursos humanos y financieros en materia de derechos humanos y políticas de memoria. Redujo la planta de trabajadores del área en un 40%.

“Hubo y hay motosierra ideológica: de ahí el particular énfasis puesto en justificar públicamente estos recortes sobre la base de la descalificación de las políticas y de las y los trabajadores que las llevan adelante, así como el direccionamiento permanente de discursos de odio hacia las víctimas y las organizaciones”, explican los organismos.

Uno de los puntos más críticos es el retiro del Estado como querellante en los juicios de lesa humanidad. A través del decreto 605/2025, se eliminaron las facultades de la ahora Subsecretaría de Derechos Humanos para intervenir en las causas, dejando a las víctimas sin representación institucional en casi todas las provincias. Incluso, el Gobierno ha llegado a solicitar la suspensión de trámites judiciales alegando falta de abogados, una carencia provocada por sus propios despidos.

“Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei comenzó un proceso de desmantelamiento de políticas públicas que son clave para la vigencia de la memoria y la continuidad de la búsqueda de verdad y justicia”, señala el documento elaborado por los organismos de DDHH.

El quiebre del control civil sobre las Fuerzas Armadas

El informe alerta también acerca de la repolitización de las Fuerzas Armadas. Los organismos de Derechos Humanos sostienen que el nombramiento de Carlos Alberto Presti (militar en actividad hasta su designación) como ministro de Defensa rompe un consenso democrático de cuatro décadas: la subordinación de los militares a jefaturas civiles y su alejamiento de la política interna. “La decisión evidencia una pulsión por la repolitización de las Fuerzas Armadas y por la militarización de la vida política, en sintonía con el resto de las decisiones que ha ido asumiendo el gobierno”, afirman los organismos de DDHH.

A esto se suma la obstaculización del acceso a archivos estatales. Actualmente, no existe oficina pública con facultades para auditar documentación de las Fuerzas Armadas o de seguridad, bloqueando equipos civiles que eran clave para nutrir las causas judiciales y las investigaciones sobre el robo de bebés.

Bajo el lema de la “memoria completa” —terminología históricamente usada por sectores pro-dictadura—, el Gobierno impulsa una narrativa que busca relativizar el terrorismo de Estado. Al cuestionar la cifra de los 30.000 desaparecidos y estigmatizar a organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, el oficialismo intenta socavar el pacto social que condenó los crímenes de lesa humanidad.

A pesar del hostigamiento, el documento destaca que el trabajo articulado entre organismos y el Banco Nacional de Datos Genéticos permitió restituir tres identidades en este periodo. Y recuerdan que aún faltan localizar a cerca de 300 hombres y mujeres cuya desaparición forzada continúa en el presente.

Los organismos sostienen que este retroceso masivo contraviene normas nacionales y compromisos internacionales. Y explican que lo que está en juego no es solo el pasado, sino la identidad democrática de Argentina, hoy amenazada por un gobierno que prioriza el ajuste fiscal y la reivindicación de las fuerzas represivas por sobre las obligaciones de reparación y justicia.

“Queremos abrir un proceso colectivo de reflexión y acción que dispute sentidos, recupere legitimidades y fortalezca una defensa activa de los derechos humanos como política de Estado”, afirman los organismos, con vistas a los 50 años del último golpe de Estado que se conmemorará el próximo 24 de marzo de 2026.

El informe fue realizado con el apoyo de las fundaciones Heinrich Boll, Friedrich Ebert y Rosa Luxemburgo. Puede leerse de manera completa acá.

4Palabras