Argentina / 22 junio 2026

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Efecto boomerang: algo no está bien 

El relato libertario convenció a los sectores medios de que el enemigo era el gasto público. Hoy, la realidad muestra persianas bajas, rutas deterioradas y un ajuste que pagan los de siempre.

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La destrucción del Estado, que lleva adelante el gobierno libertario, vuelve a la sociedad en infraestructura y servicios públicos deteriorados. Los impuestos regresivos que afectan más a los que menos tienen, desfinancian la capacidad del Estado para garantizar derechos y promover el desarrollo.  Los súper ricos se niegan a contribuir con el fisco, aún cuando hayan aprovechado las políticas públicas para crecer y aún hoy sigan beneficiándose del Estado. Las privaciones de las mayorías redundan en minorías adineradas que multiplican sus ganancias, y eso no parece llevarnos a ningún paraíso.

Ha sido un logro de la extrema derecha convencer a los sectores medios que si pagan mucho de impuestos es por culpa de tener que sostener a los desfavorecidos. Si sus empresas y negocios no rinden lo suficiente, ni pueden competir, es porque la carga impositiva sobre ellos es enorme e injusta porque está destinada a sostener a un sector de la población que no se esfuerza lo suficiente por generar riqueza; o a una cantidad innumerable de empleados públicos acomodados políticamente e ineficiente, o a una casta de funcionarios y dirigentes que malversan los ingresos fiscales para enriquecerse.

Destruir el Estado se convirtió así en la receta para bajar los impuestos y que ese ajuste lo pague la casta.  Así, florecerían empresas y comercios, al fin liberados de sus cargas tributarias y de innumerables regulaciones. Sin embargo, los cierres de industrias y negocios que causan las importaciones y la caída del consumo, la pérdida de empleos registrados, la baja de los ingresos y la precarización laboral evidencian que algo no está bien en ese razonamiento.

La destrucción del Estado se lleva adelante por desfinanciamiento, se recauda menos y se destina más dinero a los servicios de deuda; por desmantelamiento de organismos clave para el desarrollo y la asistencia social, por despido de personal especializado, y por la pérdida de capacidad de acción que genera la baja de regulaciones. La menor coparticipación a las provincias deteriora también los servicios a cargo de gobernaciones y municipios.  Y eso afecta a la infraestructura pública que utilizan los sectores medios en sus actividades económicas y su vida cotidiana, además de reducir el consumo interno. La motosierra cortó ramas en la que muchos sectores económicos estaban apoyados.

El INDEC informó que en abril el personal del Estado tuvo una disminución interanual de 6,1%, con fuertes bajas en el área de salud y parques nacionales y subas en áreas de seguridad. La salida de profesionales y técnicos reconocidos expone una lógica de vaciamiento a organismos que impulsaban o controlaban distintas áreas científicas, tecnológicas, artísticas, ambientales o de sostenimiento social, más que guiarse por criterios que premien idoneidad y desempeño.

Las causas que va juntando el gobierno de Milei dejan en claro que desmantelar el Estado ni siquiera termina con la corrupción, sino que genera nuevas formas de esquilar los recursos públicos. Además, la experiencia muestra que quienes sostienen que hay que hacer un ajuste, nunca son los que se van a ajustar. Sólo se trata de convencer al resto de la sociedad que su ajuste es necesario.

El gobierno extremó el carácter regresivo de nuestro sistema impositivo diluyendo el peso de impuestos a los bienes personales y de artículos de lujo. Los impuestos al consumo y a las transacciones hacen recaer todo en los sectores medios y bajos, que destinan un porcentaje más alto de sus ingresos a la paga de impuestos que los destinados por los sectores más altos.

Las sociedades actuales parecen dividirse entre quienes pueden evadir impuestos o exceptuarse de pagarlos, y aquellos que sufren la presión fiscal. Colocar a toda la sociedad en el juego de evitar impuestos para subsistir es una faceta más de la destrucción del Estado, y toda la sociedad se resiente.  Las causas que va juntando el gobierno de Milei dejan en claro que desmantelar el Estado ni siquiera termina con la corrupción, sino que genera nuevas formas de esquilar los recursos públicos. Además, la experiencia muestra que quienes sostienen que hay que hacer un ajuste, nunca son los que se van a ajustar.  Sólo se trata de convencer al resto de la sociedad que su ajuste es necesario. 

En “Los derechos humanos frente al ajuste fiscal”, publicado en Lo mío es mío y lo tuyo es mío, Gaggero, Matamoros, Migunes y David sostienen que “existen numerosas alternativas como aumentar los ingresos fiscales de manera equitativa o combatir la elusión y evasión tributaria, que podrían proteger de mejor manera los derechos humanos a través del ciclo económico sin recurrir a la austeridad.” En definitiva, se trata de establecer un sistema impositivo progresivo, que permita al Estado garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, gravando a todos en la medida de su capacidad de aporte, en lugar de recaer de manera desproporcionada sobre los sectores medios y bajos.

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