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“Esto explota”: crece la preocupación de los intendentes por la aceleración de la crisis social

“Esto explota”: crece la preocupación de los intendentes por la aceleración de la crisis social

El diagnóstico es compartido entre los jefes comunales: la demanda social se aceleró en los últimos dos meses y la “primera trinchera” del Estado se queda sin resto. Mientras el gobierno nacional celebra números cada vez menos creíbles, el avance del hambre, el endeudamiento familiar y la falta de empleo dibujan un escenario de implosión. El drama de las diez cuadras de cola bajo la lluvia para conseguir un trabajo.

Manuel Barrientos

“Esto explota”, dice un intendente. La demanda social se multiplica. En especial, en alimentos, medicamentos y el pedido de empleo. Y las arcas municipales están cada vez más flacas. En los barrios, la tensión crece: día a día hay más escenas de violencia intrafamiliar o entre vecinos. Un roce mínimo entre un auto y una moto puede desencadenar peleas que nadie sabe cómo terminan.

Hay un sonido que no se escucha en las oficinas de Balcarce 50, pero que aturde en las barriadas del Conurbano y en los pueblos del interior bonaerense: es el ruido seco del quiebre de las expectativas que había generado la asunción de Javier Milei. No es un estallido espectacular. Es, más bien, una implosión. Una crisis que viaja hacia adentro, que se mete en la pieza, que se encuentra en las heladeras vacías, en los medicamentos que se saltean y en la desinstalación de las aplicaciones de billeteras virtuales para terminar de modo mágico con deudas que se volvieron impagables.

El diagnóstico, crudo y sin anestesia, emergió esta semana de las entrañas mismas del territorio y encontró un eco de peso institucional en la sede del Episcopado. Allí, monseñor Marcelo Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y un grupo de intendentes compartieron un cuadro de situación que quema. Colombo no es un advenedizo en la geografía del dolor: su pasado como sacerdote diocesano en Quilmes le otorga un “olfato de calle” que hoy resulta vital para decodificar lo que el gobierno nacional ignora. Lo que los “Súper RIGI” no pueden tapar.

Los intendentes pusieron sobre la mesa ante el máximo referente de la Iglesia local el escenario de una aceleración del deterioro en los últimos sesenta días. Ya no se habla solo de los sectores estructuralmente postergados; ahora es la clase media la que asoma la cabeza en los comedores, la que abandona la prepaga para saturar los hospitales públicos, la que recorta los medicamentos porque la ecuación entre comer y curarse dejó de cerrar.

La crisis tiene ramificaciones que exceden lo estrictamente económico. Cuando la heladera se vacía, la violencia se muda al living. El aumento de la violencia intrafamiliar y el avance del narcotráfico en los barrios son las caras más oscuras de un tejido social que se desgarra. Crecen también los problemas de salud mental y los casos de suicidio. A esto se suma un transporte público que languidece.

Si alguien necesitaba una imagen que sintetice este tiempo, la pudo encontrar esta semana bajo la lluvia de Paso del Rey, en Moreno. Allí, dos mil personas formaron una cola de diez cuadras. No esperaban el ingreso a un recital ni el lanzamiento de un iPhone: buscaban uno de los 60 puestos de trabajo en el frigorífico Don Theo.

Las historias que se desgranaban en esa espera de frío y barro son el mapa de la Argentina actual: un chofer de Uber eventual, una mujer despedida de una clínica, trabajadores informales que ya no encuentran a quién venderle un sándwich en la calle. Esa tristeza es el síntoma de un país donde el empleo registrado se convirtió en el privilegio de una minoría.

La crisis tiene ramificaciones que exceden lo estrictamente económico. Cuando la heladera se vacía, la violencia se muda al living. El aumento de la violencia intrafamiliar y el avance del narcotráfico en los barrios son las caras más oscuras de un tejido social que se desgarra. Crecen también los problemas de salud mental y los casos de suicidio. A esto se suma un transporte público que languidece: menos frecuencias, boletos impagables y pibes que en las universidades deben retirarse antes de hora porque, si se quedan hasta el final de la clase nocturna, ya no tienen cómo volver a sus casas.

Ante este escenario de “descalabro”, la respuesta del Estado nacional parece ser el encierro y la desconexión. Mientras el gobierno “no la ve”, o prefiere no verla, la contención se desplaza hacia las parroquias, Cáritas, los templos evangélicos, las redes comunitarias, los pedidos desesperados en los pasillos de los edificios municipales.

El problema es que la “primera ventanilla” del Estado —esa donde el vecino golpea la puerta para pedir un medicamento, una chapa o un plato de comida— se está quedando sin resto. La caída de la coparticipación federal y la baja en la recaudación local ponen a las gestiones territoriales en una encrucijada financiera inédita.

Los intendentes necesitan pagar salarios, sostener los servicios básicos y, fundamentalmente, evitar que la crisis social siga escalando. La advertencia de la Iglesia y el clamor del territorio coinciden: la paz social no es un estado natural, sino una construcción diaria que requiere recursos y, sobre todo, sensibilidad. Mientras el ajuste se celebra en las redes sociales, en las calles la realidad sigue empujando hacia una explosión que, por ahora, solo se manifiesta en el silencio de las diez cuadras de cola bajo la lluvia.

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