El último informe del Fondo Monetario confirma la posición del organismo como un acreedor neto y privilegiado, poniendo sus intereses de cobro y de corto plazo por encima de la sustentabilidad del programa de desarrollo económico del país. Las exigencias apuntan a exprimir el ingreso disponible de familias y empresas: más impuestos, reforma previsional y quita de subsidios.

Julián Ramundo

Cuando un acreedor necesita defender sus intereses, lo que va a mirar son dos aspectos. Por un lado, cuál es el stock; es decir, cuáles son los fondos que el deudor tiene para afrontar la obligación. Por el otro, cuáles son los flujos; es decir, cuáles van a ser los ingresos de fondos que va a tener en el futuro para poder honrar las deudas. En el último informe del FMI se ve claramente que el Fondo apuesta mucho más a los flujos futuros de fondos que a los ahorros genuinos que tuviera el país. Esto, de alguna manera, contraría la mirada del gobierno, que se jacta de haber cumplido la meta de acumulación —o más bien de compra— de reservas en el primer semestre por 10.000 millones de dólares. Esto se ve evidenciado, por un lado, en la validación del Fondo respecto de la meta de reservas, incluso con una suerte de flexibilización; pero también se manifiesta el fuerte énfasis del organismo, respondiendo a su histórica posición fiscalista, para garantizarse el cobro de la deuda.

Así las cosas, todas las recomendaciones emitidas tienden a una mirada ultrafiscalista que no contempla la dinámica del mercado interno, sino que solamente se basa en los ingresos y los gastos del Estado. Es por eso que se propone el incremento de impuestos a partir de una reforma tributaria en donde, entre algunas cosas, se destaca la readecuación del monotributo, entendiéndolo como un impuesto que aplana la capacidad contributiva de los independientes y por el lado de los gastos propone una reforma previsional (jubilaciones) que representa el principal concepto de gasto de la economía del Estado. En el mismo sentido, se sugiere la profundización de la reducción de los subsidios energéticos —que hoy representan el mayor gasto económico luego de las jubilaciones— y la posibilidad de avanzar con privatizaciones.

Todas las recomendaciones emitidas tienden a una mirada ultrafiscalista que no contempla la dinámica del mercado interno. Se propone el incremento de impuestos a partir de una reforma tributaria a través de la readecuación del monotributo, una reforma previsional, se sugiere profundización de la reducción de los subsidios energéticos y la posibilidad de avanzar con privatizaciones.

En este contexto, el organismo propone un timming casi de manera simultánea; es decir, propone avanzar fuertemente en una nueva reducción del peso del Estado en la economía desde el lado del gasto, pero combinada con una mayor presión tributaria.

Ahora bien, analizando esta cuestión desde la perspectiva del Fondo Monetario, lo que observamos es que se tiende a mejorar las cuentas de un actor principal de la economía, como lo es el Estado, pero se hace en detrimento de la otra contraparte: el sector privado, impactando directamente en el ingreso disponible. Este concepto, del que tanto se habla, va más allá del salario o del ingreso personal, ya que apunta al dinero neto que les queda a las familias y a las empresas una vez que han afrontado sus costos fijos (como alquileres, servicios, seguros e impuestos), es decir, aquellos gastos que suelen ser de carácter rígido.

Todas estas medidas tienden a contraer dicho ingreso disponible, lo que inevitablemente conduce a un menor dinamismo del mercado interno.

Con una mirada más integral, y tomando no solamente a la Argentina como economía en sí misma y al funcionamiento del Estado argentino, hay un elemento no menor que traza toda esta estrategia fiscalista y de corto plazo del Fondo Monetario, el talón de Aquiles con el que se viene enfrentando el gobierno desde que comenzó la gestión: la imposibilidad de regresar a los mercados voluntarios de deuda. En vez de buscar una estrategia para el repago de la deuda a través de los mercados, cambiando el tipo de acreedor de uno institucional y concentrado como el FMI a acreedores privados que puedan tener títulos de deuda argentina con distinta maduración y plazos más extendidos, el Fondo no contempla esta salida (o no le da el peso específico que podría tener) y apunta a garantizarse el cobro de sus acreencias solamente con recursos domésticos, validando así la tesis del gobierno de no requerir de Wall Street.

De esta manera, tanto el gobierno como el FMI pierden grados de libertad al no contemplar la posibilidad —al menos de manera formal— de acceder a los mercados de deuda con un sentido de mejora en los niveles de esfuerzo generacional. Esto permitiría apuntar a un manejo de la deuda externa más sustentable y que acompañe el pretendido desarrollo de las potencialidades de las exportaciones argentinas, provenientes de las nuevas «joyas de la abuela», los hidrocarburos y los minerales.

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