La reciente crisis por el paradero de menores haitianos en Chile permite ensayar una hipótesis política más descarnada, aunque no por ello desproporcionada: en la política, los más vulnerables suelen terminar convertidos en carne de cañón. Y cuando se trata de migrantes —más aún, de niñas, niños y adolescentes— la pregunta no puede limitarse a qué ocurrió. También se debe indagar quién gana cuando una falla estatal se transforma en incendio nacional.

¿Por qué una administración dejaría crecer, filtraría o magnificaría información incompleta sobre menores que debieran estar localizados junto a sus familias o adultos responsables? Formulada como hipótesis, la pregunta ilumina el episodio de otro modo: como quien aviva las brasas con un soplador y luego corre a posar con la manguera. Extraño, sí. Pero no inverosímil.

El incendio comenzó a arder ante la opinión pública tras la revelación de un preinforme de la Contraloría General de la República. El documento expuso graves fallas de trazabilidad en el ingreso y seguimiento de niñas, niños y adolescentes haitianos que llegaron al país por el aeropuerto de Santiago, en el marco de procesos de reunificación familiar.

Así se instaló en la agenda el ingreso masivo de menores haitianos mediante vuelos chárter, bajo una figura de sentido humanitario, pero con controles administrativos deficientes, documentos discutidos y domicilios que no siempre permitieron ubicar a los niños en una primera verificación. La discusión pública se concentró, además, en la flexibilización de requisitos aplicada en 2024 por razones humanitarias, en medio de la grave crisis que vive Haití.

La alarma máxima se encendió cuando los medios recibieron antecedentes que hablaban de más de 200 menores sin ubicación clara, Aquí, en 4Palabras informamos oportunamente de este hecho. La cifra abrió la puerta a especulaciones sobre redes de trata o tráfico de personas, aunque varias voces llamaron a no convertir una hipótesis investigativa en condena anticipada. Pero, para entonces, la escena pública ya estaba tomada por el miedo.

Justo cuando las llamas del escándalo dominaban la agenda, el oficialismo apareció con traje de rescatista. El gobierno del presidente José Antonio Kast convocó a los poderes del Estado, encargó coordinaciones interministeriales y, luego, la Cancillería designó al diplomático de carrera Marco Antonio Aguayo como embajador en misión especial en Haití, con el encargo de coordinar acciones y apoyar la búsqueda de información sobre los menores cuyo paradero seguía sin claridad.

La puesta en escena fue eficaz: un Estado que se muestra urgente, severo y resolutivo. Sin embargo, al mismo tiempo, distintos municipios y comunidades comenzaron a entregar información que obligaba a matizar el relato inicial.

Algunos de esos niños no estaban perdidos en un agujero negro criminal: asistían a colegios, vivían con familiares o aparecían vinculados a servicios locales. Es decir, podían estar fuera del domicilio registrado sin estar necesariamente desaparecidos.

La trabajadora social y activista por los derechos de las personas migrantes Michel-Ange Joseph, en declaraciones a The Clinic, bajó la temperatura de la alarma con un dato relevante: desde su experiencia comunitaria y jurídica, no existirían denuncias de familias haitianas por la desaparición de menores. Su frase fue directa: “La niñez haitiana está siendo utilizada como un juguete en una pelea política”.