El cambio principal es que ya no se trata de un acceso universal, como era el anterior programa, según explica Uceda. Mientras el programa anterior permitía obtener medicamentos sin requisitos más allá de ser afiliado, el nuevo esquema funciona como subsidio. “Este gobierno considera que esto no puede ser una política integral… sino que lo considera un subsidio social”, señala a modo de cuestionamiento a la actual administración.

Aun así, hubo avances en los criterios de acceso. Un de punto clave fue modificar el cálculo de ingresos para no dejar afuera a quienes cobran la jubilación mínima más una pensión. “Esto permite que todos los jubilados y jubiladas de la mínima puedan ingresar”, destaca Uceda.

Y explica que “Hasta esta resolución uno no podía superar el haber y medio previsional, pero a ese haber y medio se sumaban las pensiones. Entonces había un montón de jubilados y de jubiladas que recibían su aporte, su haber previsional de la mínima más la pensión por ser viudo o viuda y quedaban afuera. Lo que se logró es que esto no se sume. Y esto permite que todos todos los jubilados y jubiladas de la mínima puedan ingresar al programa”.

También se amplió el listado de medicamentos, incorporando tratamientos para diabetes, oncología y salud mental. En la práctica, ahora se garantiza la cobertura total de hasta cuatro medicamentos con receta médica, y la posibilidad de sumar dos más mediante evaluación profesional.

Para las organizaciones, el resultado es ambiguo: mejora el escenario inmediato, pero no resuelve el problema de fondo. “El acceso gratuito no es un regalo, sino es un derecho”, insistieron marcando la diferencia conceptual con la política actual.

“Si las moléculas activas (medicamentos del Vademecum) están dentro de ese listado, que hoy la mayoría de esos sí lo está,  los cuatro primeros medicamentos se cubren al 100% con solo la prescripción médica. Hay un quinto y un sexto que a través de la evaluación médica, no socioeconómica, sino médica,  pueden ser incorporados Pueden ser incorporados para la cobertura gratuita”, precisan desde las organizaciones.

Más allá de lo sanitario, el proceso dejó otra lectura. “Aliviana la situación pero es una pequeña batalla en una lucha que es larga”, afirma Uceda.  Subraya además el valor de la organización colectiva que, en un contexto adverso, sostiene la articulación entre jubilados que permitió torcer parcialmente una decisión que parecía cerrada. Al respecto reafirma que “no menos importante es que se realza la organización social. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que uno de los datos culturales de este gobierno es aislarnos, es hacernos sentir ya abatidos y JUBYPEN  demostró que siendo adultos, y adultos mayores que estando organizados, con convicción y con constancia,  se pueden conseguir resultados”.

Mientras tanto, advierte Marisa Uceda,  el desafío ahora será garantizar que la nueva resolución se aplique en todo el país, advirtiendo además que en los primeros días de oficializado el fallo judicial hubo oficinas del PAMI que argumentaron no estar al tanto de los cambios.

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