La crisis es estructural. Los referentes denuncian que se está vulnerando el derecho básico a la atención. Julia Libertad Domínguez, psicopedagoga y referente de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión en Córdoba, explica que no se trata de un problema aislado: “Esto es una desarticulación del sistema que va haciendo que la gente, cada vez menos, pueda acceder a los servicios de apoyo. Es una situación límite en la que hay que retomar el estado de lucha permanente”.

La actriz y madre de un niño con discapacidad, Lola Berthet, coincide en que el agotamiento es total: “Para que haya un cese tan grande a nivel nacional es porque ya todo el sector de prestaciones no tiene más espaldas para seguir sosteniendo esto”.

Mientras el conflicto escala en las calles, los pasillos oficiales son un hervidero de rumores y acusaciones cruzadas. El ministro de Salud Mario Lugones sigue sin dar respuestas, al mismo tiempo que crecen las versiones sobre la posible salida de Alejandro Vilches, actual secretario de Discapacidad. La parálisis administrativa se ve agravada por un “pase de facturas” constante entre la cartera de Salud y el Ministerio de Economía. Desde ambos organismos se tiran la responsabilidad por las demoras en las partidas presupuestarias, dejando a los prestadores en un laberinto burocrático. Y las promesas oficiales quedan una y otra vez en la nada. 

En las últimas semanas se registraron situaciones de represión en las movilizaciones, que generan un repudio amplio en el sector. A este panorama se suma el anuncio del cuestionado jefe de gabinete Manuel Adorni acerca del envío de un nuevo proyecto para reemplazar la ley de Emergencia y el malestar del colectivo por la nueva constitución de la comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, que quedó bajo la presidencia del libertario Gerardo Huesen. “No tenemos ninguna expectativa de que tengan pensado algo bueno para nosotros”, reconoce Pérez Brancatto.

El llamado a la conciencia social y las próximas medidas

El Foro de Discapacidad se reunirá mañana viernes para evaluar los pasos a seguir. También habrá reuniones de organizaciones en otros puntos del país. El horizonte ya contempla nuevas marchas al Ministerio de Salud y una profundización de la vía judicial, donde no se descarta iniciar acciones penales por el abandono estatal de las personas con discapacidad. 

Sin embargo, el mayor desafío parece ser cultural. Myriam Casanovas, profesora de música en escuelas especiales de la provincia de Buenos Aires, advierte: “No se está cumpliendo una ley que fue aprobada, insistida, sancionada. En este momento lo importante es que los tratamientos no se están autorizando, que no se está prestando el servicio como corresponde”. La docente subraya la necesidad de involucrar a toda la comunidad: “Es necesario visibilizar porque es la única forma de tomar conciencia. Si nosotros les sacamos los apoyos a estos chicos, no pueden hacer nada, se quedan sin nada”.

Aunque los referentes notan un crecimiento en la visibilidad del conflicto, advierten que los tiempos del Estado no son los mismos que los de una persona que necesita su medicación o su tratamiento diario. “Está cada vez más instalado el daño que se le hace al colectivo de la discapacidad, como una problemática importante, que la sociedad no entiende cómo no se resuelve. Pero es necesario alzar cada vez más voces, no queremos que las personas con discapacidad sean arrojadas a su suerte. Vamos a un año de muchísima lucha”, dice Maidana desde el Foro. Desde Córdoba, Domínguez agrega: “Nos encontramos en una situación límite en la que hay que retomar el estado de lucha permanente”. Las manifestaciones continuarán, aseguran, hasta que la sociedad entienda que lo que está en juego es ni más ni menos que la dignidad humana. 

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