La Pastoral Social –en base a la doctrina social de la Iglesia—precisa ahora que “el desarrollo verdadero no puede reducirse al mero crecimiento económico, sino que debe ser integral, sostenible y respetuoso de la dignidad humana y de la naturaleza”. Porque –siguen diciendo los obispos católicos—“toda actividad productiva debe someterse a estos principios y al cuidado de bienes públicos universales”. Apoyándose en el documento Laudato Si del papa Francisco recuerda que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio ambiental” y, en consecuencia, “las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.

Le pide la Iglesia a los legisladores que “mantengan y fortalezcan el espíritu y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la Ley de Glaciares” y que prioricen “la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por sobre cualquier otro interés” mediante la escucha de las comunidades locales y de los científicos, actores esenciales para un discernimiento prudente”.

Solicitan también los obispos que “promuevan un modelo de desarrollo nacional que armonice la producción con la ecología integral, buscando alternativas que no comprometan recursos naturales críticos e irrecuperables, honrando así el carácter de esencia sagrada que poseen esas fuentes de agua”.

Confiando en “la sabiduría y en el amor patrio de nuestros representantes para tomar decisiones valientes y proféticas que nos unan como Nación en torno a la protección de la vida en todas sus formas”, la Comisión de Pastoral Social expresa su deseo de que “quienes intervengan (en el proceso de actualización de la ley) sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando la nobleza de la política y no su vergüenza”.

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