El proyecto distingue, a su vez, entre “daño ambiental irreversible”, aquel que imposibilite la regeneración natural del ecosistema afectado en un plazo razonable y “daño ambiental especialmente grave”, aquel que, en razón de su extensión espacial o duración temporal, provoque deterioros severos sobre el medio ambiente que comprometan el derecho humano a un medio ambiente sano de varias personas o comunidades. La duración temporal del daño ambiental se delimitará, en base al tiempo demandado para la regeneración natural de los ecosistemas afectados. En cuanto a la extensión espacial del daño ambiental, será delimitada en base a la superficie total afectada, la interjurisdiccionalidad o la existencia de una afectación multiecosistémica. El proyecto entiende la necesidad de tomar medidas urgentes y señala, en ese sentido, la imperiosa urgencia de consagrar un tipo penal autónomo que visibilice, sancione y prevenga las conductas más lesivas para el equilibrio ecológico. Cabe preguntarse si las medidas que tomó la gestión de La Libertad Avanza (LLA) tales como el desfinanciamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego a la órbita del Ministerio de Seguridad y la falta de políticas públicas de prevención buscan proteger y cuidar nuestro patrimonio o más bien operan en total desmedro del cuidado territorial.  

Guillermo Folguera, referente del pensamiento académico y de las comunidades en lucha es investigador del CONICET. El biólogo y filósofo, autor de textos como La ciencia sin freno y Ontología del Despojo, entre otros, representa una de las voces más lúcidas a la hora de analizar el camino de la criminalidad como única respuesta al drama ambiental. En diálogo con este medio, profundizó sobre el reciente anuncio del gobierno de Chubut respecto a la figura legal del ecocidio: “Todavía con los fuegos encendidos, todavía con el humo y las llamas, sale a levantar la bandera de la figura de ecocidio en términos legales. Eso obliga a una serie de reflexiones como parte de los crímenes del ambiente tiene larga data dentro del movimiento socio ambiental y en nuestro país en particular. La pregunta es por qué”. 

Para el académico, la respuesta reside en la ineficacia de la gestión oficial y el alineamiento político: “Esto tiene que ver con un gobernador que no solo no estuvo a la altura de poder resolver las llamas en su provincia sino que, por el contrario, parecen haberse agravado como resultado de las políticas implementadas a nivel provincial tanto como el aval que le dio desde su propia gobernación a las políticas del gobierno nacional”. 

Folguera alerta sobre un giro punitivo que apunta directamente a quienes protegen el territorio. “Llama la atención por qué el gobierno de Chubut intenta avanzar en este sentido. Ahí aparece una segunda instancia que es cómo han intentado avanzar fuertemente con la represión a las comunidades locales, particularmente la mapuche, responsabilizando y culpando a las propias comunidades que habitan esos territorios y que muchas veces forman parte de las brigadas que combaten los fuegos”. Bajo esta lectura, la herramienta legal cambia de sentido: “La figura de ecocidio parece entonces estar más vinculada hacia el intento de contar con herramientas legales para profundizar la persecución, más que a verdaderamente prevenir y resolver los problemas socioambientales en la provincia de Chubut”.

Por último, reflexionó sobre “la importancia de entender cómo las leyes siempre tienen un marco interpretativo” y cerró: “Esto no tiene que espantarnos en absoluto. Esto guarda relación con entender la naturaleza y la filosofía del derecho: la ley en sí sola no representa nada cuando quienes nos gobiernan y quienes imparten o debieran impartir el derecho no están priorizando bajo ningún punto de vista la justicia social y ambiental”.  

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