En el mismo sentido para la FAIE “los pibes y las pibas no son un peligro sino que, por el contrario, están en peligro” dado que “el deterioro en la calidad de vida y de perspectivas de desarrollo en los dos últimos años se ha profundizado dramáticamente a causa del desfinanciamiento de programas de educación, salud e inclusión social”. Para la federación que reúne a las iglesias evangélicas históricas y de mayor tradición en la Argentina “no existe evidencia científica, jurídica o empírica que demuestre que estas medidas conduzcan a disminuir el delito, por el contrario, aumenta las posibilidades de reincidencia”.

En ese sentido la declaración coincide con manifestaciones que la Iglesia Católica hizo a través de sus autoridades y de la Comisión de Pastoral Social. Para la FAIE “apelar a tristes y poco saludables sentimientos de venganza, revanchismo y odios presentes en una sociedad dañada por la inseguridad y la falta de justicia genera peores heridas”.

En tanto para la Mesa la reforma impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza que hasta el momento ha recibido el respaldo de legisladores de otras fuerzas políticas –incluidos algunos de la oposición—“no resuelve el problema y es regresivo” dado que “la evidencia indica que el paso por el sistema penal a edades tempranas aumenta la reincidencia”. Sumado a ello, que una decisión en tal sentido “viola principios de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Según la Mesa la reforma legislativa que se pretende aprobar “legitima la violencia institucional” porque en un contexto “donde las fuerzas de seguridad actúan con violencia desatada contra las infancias en barrios populares y protestas, bajar la edad penal daría un marco legal a estas prácticas ilegales”.

La FAIE afirma que “para garantizar seguridad es urgente detener el crecimiento del narcotráfico, generando políticas públicas de inclusión y desarrollo social, además de detener blanqueos de capitales que no distinguen sobre el origen de los mismos”.

La carta de la Mesa dirigida a las presidencias de todos los bloques legislativos advierte que los derechos de las niñeces y adolescencias no pueden ser “moneda de pago” en acuerdos políticos y exige que el debate se base en evidencia y no “en una agenda mediática oportunista” porque, entre otras razones, lo que se propone desatiende a las víctimas reales, por cuanto “no ofrece soluciones reales de reparación para las víctimas”.

Bajo la consigna “no a la baja de la punibilidad” la FAIE sostiene que “todos los recursos deben orientarse a ampliar el sistema de protección y recomposición de derechos de niños, niñas y adolescentes” porque “las infancias y juventudes necesitan protección frente a las diferentes violencias de nuestra sociedad sin equidad”.

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