A modo de ejemplo, Hernán debió comprar una nueva mochila por un valor de 500 mil pesos, porque la suya estaba destruída. “Claramente yo no la puedo pagar y agradezco un montón que la gente me haya ayudado, al mismo tiempo que me da mucha vergüenza y un poco de indignación porque es esa misma gente que me ayudó, pagó un impuesto, que hoy en día se traduce en los 21 mil millones de pesos que no están siendo ejecutados”, dice y señala que “es súper importante también que la gente comprenda qué mecanismos de Estado tenemos y cuáles están fallando y qué podemos hacer al respecto”.

Por otra parte advierte que la emergencia ígnea decretada por el gobierno nacional vía boletín oficial, solo detalla las misiones y funciones que tienen los organismos competentes a nivel nacional. No habla de un fondo para damnificados, ni de una compensación extraordinaria para el manejo del fuego, ni de acelerar ciertos procesos de compras para los equipos de los brigadistas. “Necesitamos empezar a educarnos para poder comprender que una emergencia ígnea debería, por ejemplo, destinar fondos para los damnificados, las casas que se quemaron, los campos que perdieron producción, que son personas al fin y al cabo que pierden no sólo dinero sino un estilo de vida”, insiste. 

Para la reconstrucción de lo que el fuego deje en pie, las donaciones llegan a montones, pero no alcanzan a cubrir la ausencia del Estado. Lo que las autoridades del cuerpo de bomberos dejaron en claro lo replican los brigadistas: no debe ser una responsabilidad de las personas de a pie. “Somos parte de un Estado nacional que tiene un fondo, y por eso se pagan impuestos”, advierte Ñanco. Sin embargo, para los vecinos autoconvocados que ayudan a combatir los incendios sí se están juntando borcegos, camisas ignífugas, antiparras, guantes de vaqueta, cascos, entre otras tantas cosas. En cuanto a las recaudaciones de dinero, las donaciones están enfocadas en los damnificados. Por otra parte, hay organizaciones gestionando la limpieza de espacios comunes y casas. Eso implica tirar paredes, limpiar escombros, y salvar todo lo que sea posible. 

Hernán Ñanco indica por último que la emergencia no termina cuando se apagan las llamas, sino que debe transformarse en planificación urbana y conciencia civil. «El mensaje más urgente para la población es que comprendamos que vivimos en un entorno inflamable», dice. Según su visión, la recurrencia de los incendios es una realidad inevitable que debe ser aceptada para poder gestionar estos acontecimientos y hacer “espacios más resilientes». Además, el brigadista considera que el trabajo más importante debería ocurrir fuera de la temporada de incendios. La clave reside en la organización durante los meses de frío y en el rediseño de la interfaz urbano-forestal. «Va a ser súper distinto si nosotros nos organizamos en el invierno. Es sentarnos y plantearnos en qué fallamos», señala y entre las medidas concretas, menciona la reducción de vegetación cerca de las zonas habitadas; la creación de vías de escape y acceso seguras; la instalación de reservorios de agua estratégicos y la limpieza y mantenimiento de las viviendas particulares.

«No podemos entrar en el bosque sin pensar en las consecuencias que esto tiene, tanto para el entorno como para nosotros mismos», enfatiza. Más allá de eso, pone el foco en la necesidad de que la comunidad comprenda la arquitectura del manejo del fuego y entienda qué organismo —provincial o nacional— es responsable de los fondos, los sueldos, las jubilaciones y los medios aéreos es fundamental para canalizar los reclamos de manera efectiva.

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