El gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que tiene intenciones de “despejar” un pabellón de la cárcel local de Benjamín Paz para alojar allí a “menores” en conflicto con la ley, para “que sientan el rigor de la condena”. El debate sobre la punibilidad y la adhesión social que recibe la iniciativa del gobernador.

Eva Fontdevila (desde Tucumán)

Al regresar de sus vacaciones el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que piensa “despejar” un pabellón en la cárcel de Benjamín Paz -inaugurada en 2025 y con capacidad para 1600 internos- para alojar allí a “menores” para “que sientan el rigor de la condena”. En un enero intenso y con la seguridad urbana como una de las principales banderas de su gestión, Jaldo brindó una conferencia de prensa en la que abordó tres cuestiones sensibles: el operativo de traslado desde Buenos Aires y la detención de un ex militar, sospechoso de cometer un femicidio en la provincia el 8 de enero; la atención de la emergencia producida por el desborde de ríos producto de la intensa lluvia registrada en pocos días; y la situación de los jóvenes que infringen la ley penal. Este último tema se enmarcó en el contexto de un robo seguido de muerte protagonizado a comienzos de mes por dos adolescentes en la localidad tucumana de Alderetes.

El tema de los adolescentes infractores a la ley penal resurge cíclicamente en la agenda política y mediática. El andamiaje argumental en torno al problema y las respuestas necesarias es endeble pero eficaz para tranquilizar a quienes -en principio- están “dentro de la ley”. Se multiplican los mensajes de apoyo al gobernador en redes sociales y foros mediáticos, como cada vez que se propone endurecer castigos y fortalecer la frontera imaginaria entre “nosotros” y “ellos”, los delincuentes y los tucumanos “de bien”.

Por estos días, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó una reducción de los homicidios y delitos contra la propiedad en la provincia de Tucumán: según datos oficiales, disminuyeron en un 32% los homicidios y 20% los robos, resultado que atribuyen a la política de seguridad, basada en mayor presencia policial en barrios urbanos y localidades, equipamiento con cámaras, vehículos y armamento para la policía provincial.

La política de seguridad, sin embargo, fue denunciada durante 2024 y 2025 por los abusos policiales cometidos durante operativos masivos conocidos como “trencitos”, en cuyos despliegues se documentaron maltratos, detenciones arbitrarias y amenazas. En el mes de diciembre un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos creó el “mapa de la policía” como “una estrategia periodística y ciudadana destinada a fortalecer los cuidados de la población a través del registro y la visibilización de los abusos policiales en el Gran San Miguel de Tucumán”. ANDHES, Patria Grande, la Fundación Periodismo en Crisis, la organización Patria Amiga, el Frente Popular Darío Santillán y el medio Meta Crisis son los impulsores del proyecto, que en su versión porteña permitió esclarecer el disparo del gendarme Guerrero contra Pablo Grillo en la movilización del 12 de marzo pasado en Plaza del Congreso. Según sus impulsores, el mapa “surge en un contexto de creciente deterioro social, marcado por operativos policiales violentos y un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”.

Y dale con bajar la edad…

El discurso del gobernador Jaldo, de marcada mano dura y promesa de infalibilidad frente al delito, tiene en el asunto de los adolescentes una marca especial. En 2023 amenazó con dejar sin trabajo a los padres de chicos que peleaban a la salida de escuelas y colegios, con expulsar a los jóvenes de las escuelas y con llevarlos a la cárcel por hechos que conforman contravenciones y ni siquiera delitos penales. La iniciativa encontró consenso en parte de la sociedad tucumana que identifica el gesto como una autoridad necesaria.

Una de las razones esgrimidas por quienes encuentran en la baja de edad de punibilidad una solución a la participación de los menores de 16 años en delitos penales, es que los adultos los “usan” para delinquir. Para el gobernador tucumano “muchos mayores utilizan a los menores para que cometan los delitos”. Y subraya que “como en tema de juzgamiento los menores tienen más bondades y más posibilidades de quedar libres, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por ahí a algunos les gustará y a otros no. Pero vamos a avanzar porque muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”.

Si bien no hay ninguna estadística que indique un aumento en la incidencia de los delitos graves y violentos cometidos por adolescentes –esos hechos representan menos del 3% del total– sistemáticamente se esgrime la necesidad de endurecimiento del régimen penal y la baja de edad de punibilidad a los 13 o 14 años.

Una de las razones sostenidas por quienes encuentran en la baja de edad de punibilidad una solución a la participación de los menores de 16 años en delitos penales, es que los adultos los “usan” para delinquir. Para el gobernador tucumano “muchos mayores utilizan a los menores para que cometan los delitos”. Y subraya que “como en tema de juzgamiento los menores tienen más bondades y más posibilidades de quedar libres, nosotros estamos trabajando en un proyecto que por ahí a algunos les gustará y a otros no. Pero vamos a avanzar porque muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”.

Si bien este argumento se viste de la buena intención de desenmascarar a delincuentes adultos y cortar ese “uso”, el mismo resulta por lo menos fantasioso. Es falso que “no les pasa nada” a los adolescentes que delinquen dado que hoy son recluidos en institutos en el marco del sistema penal. Pero, por otra parte, una iniciativa como la que se anuncia habilitaría que se ponga en riesgo a niños aun menores, a quienes también podría “usarse”.

Pensar alternativas

En reiteradas oportunidades el juez de menores de Tucumán, Federico Moeykens, expresó que la baja de la edad no resolvería el delicado problema de la inseguridad. Y que es un error perseguir problemáticas sociales con el código penal. Su posición es a favor de la construcción de justicia restaurativa, de responsabilización y de abordaje de los casos mediante distintas herramientas que no solo están desarrolladas sino probadas. En muchos de los casos el abordaje de las adicciones y de las problemáticas sociales estructurales, familiares, habitacionales, educativas, etcétera, parecen ser más acertadas que la privación de libertad como panacea.

Las declaraciones del gobernador Jaldo preocupan no solo por alimentar desde la más alta responsabilidad de gestión provincial el reflejo punitivista contra los adolescentes, sino por el concepto más general acera del rol de la privación de libertad. En la ley penal argentina, el objetivo de esa restricción de derechos es la protección de las personas, la propiedad privada y la convivencia social, pero principalmente es la herramienta que el Estado debería usar para proponerle a la persona que infringe la ley, una alternativa que le permita convivir en el futuro (al cumplir una condena) en el marco de derechos consagrados. Hoy las cárceles, no ofrecen un ámbito de resocialización y, por el contrario, son espacios de profundización de desigualdades, violencia institucional y tramas delictivas complejas.

El gobernador tucumano anunció entusiasmado el destino de los adolescentes que delincan: “Estamos liberando un pabellón en Benjamín Paz. Atendiendo siempre a la justicia o los jueces que actúen en cada causa, los menores, que maten, que asesinen, van a ir a Benjamín Paz. Vamos a habilitar un pabellón para que sientan el rigor de la condena y de la detención. Porque para matar son mayores pero a la hora de la condena parece que habría que tenerles lástima. Esos asesinos, que son menores, no pueden ir a jugar al voley al instituto Roca”, aseveró. Aunque no resista un análisis constitucional y probablemente quede en un anuncio de verano, el discurso inquieta y la adhesión social preocupa.

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