En el último día de 2025, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la ley que contemplaba la organización de los Servicios de Inteligencia. Lo hizo, simplemente, para eludir la acción del Congreso y cerrar la posibilidad de un debate plural y democrático. El decreto, además de ser manifiestamente inconstitucional, aborda temas extremadamente sensibles, incorporando algunas figuras nuevas que modifican para mal y reducen sustancialmente las garantías constitucionales y los derechos de los argentinos. 

Pero el Gobierno es coherente: se desliza de un Estado de derecho, democrático, a un Estado policial, para hacer viable el proyecto neoconservador, neoliberal, autoritario que está en marcha y que cada día es más visible con su alineamiento incondicional con los Estados Unidos. Hoy es un condicionante fuerte, duro y claro.

Sin urgencias que lo justificaran, el Ejecutivo podría haber canalizado su iniciativa legislativa a través de las sesiones extraordinarias a partir de febrero. Sin embargo, optó por no hacerlo en un intento de eludir al Congreso. Del mismo modo, evitó conformar las comisiones bicamerales de seguimiento de los organismos de inteligencia, bloqueando así el control parlamentario que históricamente ha existido sobre ellos.

Además, el Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar sobre materia penal y este gobierno no solamente lo hace sino que también legisla sobre materia procesal penal. Efectivamente, los agentes de inteligencia a partir de esta ley tienen la posibilidad de aprehender personas. Se incorporan figuras amplias que dejan a la interpretación de los agentes si existe o no flagrancia. En ese caso, pueden operar a la aprehensión o detención de las personas. Se trata de un retroceso fenomenal y de una política aberrante.

Por otra parte, con la nueva definición de contrainteligencia que se introduce en el DNU, se vuelve a una época en la que todos quedamos bajo libertad vigilada o bajo sospecha para un tema extraordinariamente gravitante, que se introduce en el DNU de manera muy negativa: las operaciones de los agentes de inteligencia se vuelven operaciones encubiertas, siguiendo el patrón político de la central de inteligencia norteamericana. Es un retroceso hacia el espionaje interno de manera muy evidente. 

La medida vulnera además el artículo 18 de la Constitución Nacional, que consagra el debido proceso y la inviolabilidad de la libertad al exigir orden judicial para cualquier detención. Asimismo, transgrede el principio de reserva del artículo 19, que protege la intimidad de las personas frente a la vigilancia estatal arbitraria. Esta falta de resguardo facilita la recopilación de información con fines de persecución política. Es, en esencia, una herramienta diseñada para coaccionar a dirigentes opositores y movimientos sociales, lo que torna imperativo nuestro recurso de amparo.

En definitiva, este DNU 941/2025 quiebra los consensos democráticos. La administración actual, junto a sus sectores aliados, promueve un deslizamiento peligroso del Estado de derecho hacia un Estado policial, propio de un estado de excepción que nos retrotrae a las épocas más oscuras de nuestra historia. Existe una ofensiva deliberada para desmantelar los pilares consolidados desde la transición encabezada por el presidente Raúl Alfonsín y fortalecidos por la defensa irrestricta de los derechos humanos. Al vulnerar el artículo 14 de la Constitución Nacional y criminalizar el derecho legítimo a la protesta, este decreto se posiciona como un retroceso democrático sin precedentes.

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