América Latina amaneció esta madrugada con la noticia del primer ataque militar de Estados Unidos contra un Estado sudamericano en (exactamente hoy, 3 de enero) 36 años, cuando invadió Panamá. El presidente Donald Trump confirmó, a través de su red social Truth Social, un ataque «a gran escala» sobre la capital venezolana, que culminó con la detención y secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La noticia provocó una reacción diplomática que divide la región en dos bloques entre quienes defienden la soberanía y el derecho internacional y aquellos alineados con las políticas de Trump que apoyan la intervención. 

Brasil y México, encabezaron la condena internacional. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva indicó que los bombardeos en Caracas y la detención de Nicolás Maduro “traspasan una línea inaceptable” y que estos actos representan “una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela” y un precedente más, “extremadamente peligroso”, para toda la comunidad internacional. «Atacar países es el primer paso hacia un mundo de violencia y caos donde la ley del más fuerte prevalece», señaló el gobierno brasileño, exigió “una respuesta vigorosa de la ONU” y se puso a disposición para “promover la vía del diálogo y la cooperación.»

Por su parte, la Cancillería de México invocó el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas para rechazar el uso de la fuerza y reiterar que “el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes”. También reafirmó su disposición para mediar o acompañar cualquier canal que “contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”. 

En una línea similar, Uruguay, rechazó “la intervención militar de un país en territorio de otro” y reafirmó la necesidad de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, “en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. 

El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su «seria preocupación» y condenó la violencia como método de resolución de crisis, y remarcaron que América Latina debe ser preservada como una «zona de paz».

Desde el Caribe, el tono fue más beligerante. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, tildó la operación de «terrorismo de Estado» y exigió una reacción urgente contra lo que consideró un «criminal ataque» de Washington.