Por decisión del gobierno nacional el 2026 comenzó para los argentinos con aumento de tarifas de los servicios públicos debido al recorte de los subsidios del Estado en marco de la propuesta de “déficit cero” que aplica la administración de Javier Milei. Salarios achatados y tarifas que aumentan. Simultáneamente se ajustan los procedimientos para nuevas privatizaciones, siguiendo por el agua.

Redacción 4Palabras

El año 2026 se inició con baja… de temperatura. Sí. En buena parte del país el termómetro tuvo piedad de las personas y registró niveles “normales” para el verano que, en la despedida del 2025, había recalentado hasta los festejos. Pero frente a este alivio el gobierno nacional se encargó –como lo viene haciendo habitualmente desde hace dos años– de empañar la fiesta con aumentos de costos de los servicios públicos. Con los salarios pisados o congelados, las tarifas de energía eléctrica, gas y agua continuarán subiendo y exprimiendo los bolsillos ya de por sí escuálidos de los consumidores.

En el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) –sin que haya respuestas por la calidad de los servicios y por los cortes ocurridos en los últimos días el año– el suministro de energía eléctrica será más caro en 2,31% para los clientes de Edenor y 2,24% los de Edesur. Las resoluciones 841 y 842/2025, publicadas en las últimas horas del año anterior, autorizaron los incrementos en el Costo Propio de Distribución (CPD) que las empresas aplican a los usuarios a partir del primer día del 2026.

Según estas normas el ajuste surgió de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, cuyo objetivo es ”que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales”.

Para completar el cuadro, desde el 1 de enero entró además en vigencia el nuevo esquema de subsidios, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que determina un tope de ingresos equivalente a tres canastas básicas totales. En virtud de ello los hogares donde la suma de los ingresos de todos sus integrantes supere el monto del tope, dejarán de recibir subsidios lo que redunda automáticamente en sacar más plata del bolsillo para destinarla a cubrir los servicios.

El gobierno nacional se encargó de empañar la fiesta del comienzo de año con aumentos de los costos de los servicios públicos. Con los salarios pisados o congelados, las tarifas de energía eléctrica, gas y agua continuarán subiendo y exprimiendo los bolsillos ya de por sí escuálidos de los consumidores.

El gobierno nacional anunció además que la tarifa mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el objetivo de garantizar que las empresas del sector preserven el valor real de sus ingresos y puedan sostener inversiones. El Ejecutivo nacional prevé también que durante el primer trimestre de 2026 los entes reguladores del gas y la electricidad se fusionen en un único organismo, con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y supervisión del sector energético.

Mientras tanto el incremento del valor del gas natural por redes oscila entre 2% y 3%. El precio mayorista del gas llegará a 3,79 dólares por millón de BTU, cuando actualmente para Metrogas se ubica en 2,95 dólares. Este ajuste podría redundar en subas superiores al 10% en determinadas regiones y categorías de consumo.

El agua también saldrá más cara. El gobierno autorizó un aumento del 16% para el primer cuatrimestre de 2026, que se aplicará de forma escalonada: 4% mensual entre enero y abril próximos. Se deja sin efecto la medida que restringía los aumentos del 1% por ciento mensual durante 2025. A partir de ahora la tarifa promedio de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) será de $30.489 para los hogares ubicados en la zona definida como “alta”, de $27.689 para los de la zona “media” y de $22.248 para los de la zona “baja”. En este caso el argumento es que Aysa necesita “alivio financiero” debido a perjuicios generados por aumentos que no se implementaron a lo largo del año anterior, provocando una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos. Como consecuencia la empresa se vio obligada –argumentan– a postergar gastos e inversiones. Todo ello se da mientras el gobierno avanza en las herramientas legales que desembocarán en la privatización de Aysa.

No alcanza con esto. La administración a cargo de Javier Milei decidió también –sin anuncio público– aumentar el impuesto a los combustibles líquidos y dióxido de carbono para todo enero, determinación que impactará en los precios de la nafta y el gasoil. Para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,390 por litro para el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial y $1,640 por litro por el gravamen al dióxido de carbono.

Aunque sea más caro vivir… feliz año nuevo.

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