En Brasil, ocurre un femicidio cada seis horas. Esta cifra, junto a otras estadísticas sobre la violencia de género en este país de dimensiones continentales, resulta alarmante. Sin embargo, en contraste con la gravedad de la situación, la participación del Estado muestra avances significativos desde la asunción del presidente Lula da Silva.

El Ministerio de las Mujeres de Brasil mantiene una intensa actividad. Bajo el liderazgo de la ministra Márcia Lopes, no solo se han puesto en marcha nuevas acciones, sino que se han consolidado y ampliado programas históricos de protección y asistencia.

El propio presidente Lula da Silva ha destacado en sus discursos la necesidad de que los hombres se involucren proactivamente en el combate a la violencia. En sintonía con este compromiso, el pasado 8 de diciembre el mandatario sancionó una ley que endurece las penas por delitos de violencia sexual contra personas vulnerables (infancias, adolescentes y personas con discapacidad).

Bajo el lema “No dejes que llegue al final de la línea, llamá al 180”, este servicio cuenta con 350 profesionales capacitadas para brindar orientación telefónica y vía WhatsApp. Con 20 años de trayectoria, el programa fue presentado recientemente en la COP30 (Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático) como un modelo de referencia global.

Durante el evento, celebrado en Belén, en el norte de Brasil, se dedicaron dos jornadas exclusivas a la equidad con la consigna: “No habrá justicia climática sin justicia de género”. Allí se avanzó en la creación de un protocolo internacional para situaciones de emergencia, dado que las mujeres son las más afectadas por los desastres, pero también las más capaces de liderar la reconstrucción de sus hogares y redes de cuidado.

Sensibilización y territorio

Desde el 20 de noviembre (Día de la Conciencia Negra) hasta el 10 de diciembre, se llevó a cabo una jornada nacional contra el racismo y la violencia de género. En todas las provincias del país se realizaron intervenciones artísticas y debates enfocados en las violencias que sufren especialmente las mujeres negras e indígenas. La agenda incluyó el 25 de noviembre, Día de los Hombres por el Fin de la Violencia contra la Mujer.

Una de las iniciativas más destacadas es la ley que otorga una pensión especial a los dependientes de mujeres asesinadas por su condición de género. El monto será de un salario mínimo (1.621 reales a partir de enero 2026, equivalentes a unos 445.000 pesos argentinos). Y estará destinado a hijos o dependientes de hasta 18 años, previa comprobación de que la muerte fue resultado de un femicidio. El autor o cómplice del crimen tiene prohibido por ley representar a los menores o administrar estos fondos.

La implementación de esta pensión especial y el fortalecimiento del Ministerio de las Mujeres representan un cambio de paradigma en la responsabilidad del Estado brasileño. Al reconocer económicamente a los huérfanos del femicidio, el gobierno no solo asume una deuda de reparación histórica, sino que establece una red de seguridad material para las víctimas colaterales más vulnerables. Estas políticas, sumadas a la proyección internacional en foros como la COP30, posicionan a Brasil como un laboratorio de soluciones institucionales que –aunque todavía enfrentan cifras de violencia críticas–, demuestran que la lucha contra el patriarcado ha pasado de ser una consigna social a una prioridad de la agenda pública y económica.

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