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El proyecto educativo libertario: niñas y niños abandonados en la libertad del mercado

El proyecto educativo libertario: niñas y niños abandonados en la libertad del mercado

Para los libertarios las escuelas son una especie de fábrica de formación que debe garantizar rendimiento, teniendo en cuenta la relación precio- calidad. La libertad educativa se lograría con aportes financieros combinados, en base a la oferta y la demanda de las familias, a través de vales, créditos fiscales, bonos y becas.

Monica Beltrán. Periodista.

El proyecto oficial libertario para la educación argentina deja a las infancias y juventudes libradas a su propia suerte, según las condiciones materiales y emocionales de la familia que les haya tocado.

Hasta principios de diciembre era sólo un borrador circulante, pero en los últimos días se publicó oficialmente las Recomendaciones y Propuestas Legislativas del Consejo de Mayo, que profundiza los acuerdos para enviar al Congreso una ley que desarticula el sistema educativo.

La derogación de la vigente Ley Federal de Educación (26.206/2006) y el triunfo del proyecto oficial Ley de la Libertad Educativa pueden herir de muerte el modelo tradicional de la educación argentina.

El sueño sarmientino de la educación pública laica y gratuita ya hace años muestra grietas importantes. La pedagoga Adriana Puiggrós lo puso en evidencia cuando reclamó llenar de aprendizaje las aulas de las escuelas públicas que se convirtieron en espacios donde los chicos y chicas humildes van a comer.

El texto oficial define la libertad educativa como “derecho humano”, la familia como el “agente natural y primario” que tiene “el derecho a elegir la educación más acorde con sus convicciones”. Y establece dos espacios para aprender alternativos a la escuela tradicional: el hogar familiar y la educación en entornos virtuales o sistemas digitales integrales.

La escuela es una fábrica

¿Cómo es la escuela en el modelo libertario? Entidades que compiten entre sí para ganar más adeptos en cada comunidad y obtener así financiamiento para sostenerse. Como cualquier otro miembro del mercado, las escuelas son una especie de fábrica de formación que debe garantizar rendimiento, teniendo en cuenta la relación precio- calidad.

“Cada escuela, sea pública o privada, tiene que presentar su proyecto educativo al Estado Nacional para que se lo apruebe y se otorgarán especies de franquicias, que ofrecerán educación en distintas partes del país, sea en La Quiaca o en la Ciudad de Buenos Aires”, explicó Gonzalo Gutiérrez, director del Instituto de Investigación de los educadores de Córdoba (UEPC).

Eso sí, cada año, deberán rendir cuentas de los fondos utilizados cada año, sometiéndose al análisis de desempeño, tras responder a evaluaciones estandarizadas centralizadas por el gobierno.

El financiamiento

El primer cambio propuesto en la inversión en la educación es derogar la Ley de Financiamiento, sancionada en 2006, que obliga al Estado de invertir el 6% del PBI en la educación. Ya se sancionó un decreto modificatorio, pero sigue vigente, aunque en sus diecinueve años de vida sólo se respetó en tres oportunidades: 2009, 2011 y 2015.

“Se reemplaza la asignación de recursos para la educación hacia las provincias, por recursos dirigidos a las instituciones educativas y a las y los docentes. Su distribución se organiza en función de los resultados de evaluaciones nacionales de cada escuela” (Textual de la propuesta del Consejo de Mayo).

Sin la imposición al Estado de ese monto, la libertad educativa se lograría con aportes financieros combinados, en base a la oferta y la demanda de las familias, a través de vales, créditos fiscales, bonos y becas. En la práctica, las escuelas con más demanda de alumnos serían las que más financiamiento estatal reciban.

“Proponen un modelo similar al norteamericano, con una con una diferencia fundamental: Los pisos de desigualdad social son muy grandes en este país, y la forma en la cual intervendrá el Estado profundizará esa desigualdad entre instituciones de gestión Estatal y de gestión privada. Se financia la demanda, no el servicio”, dijo Gutiérrez.

“Vamos a un ejemplo. Dos escuelas: una pública y una privada. A las dos se les da cien pesos de financiamiento, pero a los padres profesionales, que desgravan impuestos, les conviene pagar cuota. Entonces esa escuela privada tiene más demanda y el Estado le dará doscientos pesos. ¿A qué escuela le va a ir mejor?”, concluyó.

¿Y los maestros libres?

Maestras y maestros no tendrán más capacitación en servicio ni gratuita. Cada uno se forja su propia carrera. Tendrán que garantizar su formación para cuidar su puesto de trabajo. El que no rinde, deja su puesto. La estabilidad docente, no es parte de este proyecto.

Los directores serán como gerentes de recursos humanos: contratará a sus docentes. Pero además ellos tampoco tienen nada comprado. Serán evaluados cada 4 años para definir su continuidad o no en el cargo y mientras lo ejerzan, tendrán la responsabilidad civil y comercial de todo lo que pase en la escuela, señala el informe de la UEPC.

Abdala está convencido de que este proyecto tendrá modificaciones antes de ser ley. Pero para esto “hay que hacer una autocrítica. Estas ideas pueden llegar a tener legitimidad social, porque son novedosas, la escuela está mal y también hay que saber qué esperan las familias de la educación”, advierte. Por eso, propone elaborar un proyecto alternativo con “una mirada más social, no individual, que coopere con una sociedad más justa para todos”.

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