La trama de intereses que explica la masiva movilización de fuerzas militares de EE.UU. en el Caribe Sur es tan intrincada y los actores involucrados son tan grotescamente corruptos que la más disparatada teoría conspirativa parece verosímil comparada con la realidad. Ello obliga a que todo intento de entender cómo Venezuela terminó bajo amenaza de ataque militar estadounidense se base en la prudencia y parta de constataciones incontrovertibles, no de aseveraciones opinables.

Primero, lo más obvio (y lo más omitido en la cobertura de noticias): los Estados deben regirse por el derecho internacional. Al firmar la Carta de las Naciones Unidas, los países firmantes se obligan a abstenerse “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Ningún país del mundo está, entonces, autorizado a imponer una forma de gobierno a otro. Tampoco tiene ninguna base legal para hundir embarcaciones y asesinar a sus ocupantes ni dentro ni (mucho menos) fuera de sus aguas territoriales.

Aunque suene ingenua, la mención del derecho internacional es indispensable: dejarlo de lado implica aceptar que la fuerza es argumento suficiente. Esto no implica ignorar que ese marco legal ha sucumbido en innumerables ocasiones frente al poder desnudo. Sin embargo, al menos desde la adopción de la mencionada Carta, las acciones militares de las grandes potencias invocaron siempre algún principio legal. Incluso cuando inventaron falsos pretextos (como antes de la invasión a Irak, en 2003), no se ignoró por completo la existencia de una estructura normativa aceptada en el papel. La escalada de Trump debe ser vista, pues, como algo que va mucho más allá de una amenaza a un país particular.

Los pretextos, cuando se trata de la cuestión venezolana, están a la orden del día, pero no van dirigidos ya a intentar engañar al Consejo de Seguridad de la ONU, sino a urdir un relato para convencer a la audiencia doméstica y que pueda ser reproducido por los gobiernos de Estados vasallos a la hora de manifestar aquiescencia a cualquier cosa que Trump decida hacer.

La condición corrupta del régimen dictatorial venezolano le da verosimilitud a cualquier acusación, sea fundada o inventada. De esos ingredientes nace la denominación de “Cartel de los Soles” para referirse a las redes de connivencia que unen a militares venezolanos en actividad con los narcotraficantes colombianos que controlan las rutas del narcotráfico que atraviesan Venezuela para embarcar droga por el Caribe y el Atlántico. Esas redes distan de ser una organización permanente y jerárquica, un cartel como los de Colombia y México, pero agruparlas bajo una etiqueta sirve para construir un enemigo y para precisar contra quién se libra una nueva batalla de la guerra contra las drogas. El modus operandi trumpiano se reitera: a los disidentes políticos domésticos se los denomina “Antifa”, una entidad fantasmagórica que se puede luego criminalizar.