Lo que estaba en juego no era menor. La ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, establece que un DNU solo pierde vigencia si lo rechazan las dos cámaras. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, así que la Cámara de Diputados es desde hace más de dos años el único obstáculo entre el megadecreto y su derogación. Cada sesión que se cae le da más tiempo a una norma que modificó o derogó cientos de leyes por decreto y que hoy sigue litigándose en los tribunales, como mostró el vaivén de la Corte Suprema sobre la ley de tierras en la última semana.

El DNU 70/23, que el gobierno llamó “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, fue la primera gran apuesta de Milei apenas asumió. Tiene 366 artículos que derogaron o modificaron cientos de normas de un saque, sin pasar por el Congreso. Entre otras cosas, eliminó la ley de alquileres, la de abastecimiento, la de góndolas, la de compre nacional y la de tierras rurales, que limitaba la compra de campos por parte de extranjeros. Desreguló las prepagas, que en los meses siguientes aplicaron aumentos muy por encima de la inflación. Habilitó que las empresas públicas se transformen en sociedades anónimas como paso previo a su privatización y abrió la puerta a las sociedades anónimas deportivas en el fútbol. Además, permitió pactar contratos en moneda extranjera y desarmó regulaciones en sectores tan distintos como la aviación, el turismo y el comercio exterior. El capítulo laboral fue suspendido por la Justicia y parte de su contenido terminó incorporado después en la ley Bases. El resto sigue vigente casi tres años después, con decenas de causas abiertas sobre su constitucionalidad.

La reforma de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias son asuntos con fuerte impacto social y con amplio consenso en los discursos de casi todos los bloques. Al no dar quórum, los ausentes postergaron también esas discusiones. La oposición quiso reunir en una sola sesión el DNU con reclamos más transversales para sumar voluntades, pero la estrategia le jugó en contra: el que no quería quedar asociado al rechazo del decreto tuvo la excusa perfecta para no ir a nada. Ahora el oficialismo armó una sesión con su propio guion sobre esos temas para el próximo 21 de octubre.

Mientras adentro se contaban las ausencias, afuera la marcha federal universitaria terminó en represión. La diputada Mariela Coletta había llamado desde su banca a sumarse a la movilización y había exhibido una bandera con la leyenda “Universidad pública siempre”. Frente al Palacio hubo hidrantes, corridas, piedrazos y enfrentamientos con las fuerzas federales. Según trascendió, hubo más de 30 detenidos, entre ellos dos menores, y ocho policías heridos. Legisladores de la oposición pidieron citar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por los incidentes.

Las organizaciones convocantes denunciaron que el gobierno sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario y advirtieron sobre la situación presupuestaria del sector. “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, rezó el documento universitario. El problema, claro está, lo ubican en la Casa Rosada: “El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano.”

En el Senado el oficialismo también tuvo una jornada sin sobresaltos. Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, y de Industria y Comercio, firmó dictamen favorable al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El texto quedó listo para el recinto. El Senado lo había aprobado en 1998. Diputados le dio media sanción el 27 de agosto con 147 votos contra 93 y una reserva sobre el Capítulo II, por lo que volvió a la Cámara alta. La ratificación es uno de los compromisos del entendimiento comercial firmado con Estados Unidos en febrero, y el embajador Peter Lamelas reclamó en público su pronta aprobación.

El debate dejó ver qué está en juego. Patricia Bullrich defendió que “este tratado no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes” y destacó su utilidad para el CONICET y las universidades. Lorena Di Giano, de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, recordó que el país tenía “un sistema de patentes que es modelo en el mundo”. Advirtió que la industria multinacional usa estos mecanismos para extender la exclusividad comercial y que eso puede derivar en un “aumento exorbitante de precios en los medicamentos y la quiebra de muchas obras sociales”. Jorge Capitanich pidió que el Ejecutivo cuantifique los beneficios y alertó que el acuerdo podría “aumentar el grado de dependencia” tecnológica.

El jueves dejó un saldo que el gobierno puede leer como favorable. Con apoyos que negocia gobernador por gobernador, ya no necesita mayorías propias: le alcanza con que ciertas bancas queden vacías en el momento justo. La foto de Santilli con Orrego resumió la historia. La oposición puede llenar la calle, pero en el recinto no logra sostener una mayoría capaz de ponerle límites al decreto que reorganizó buena parte de la economía argentina.

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