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Represión frente al Congreso: violencia estatal, ataques a la prensa y un cerco a la protesta social

La masiva movilización universitaria terminó con un desmedido operativo de las fuerzas federales y porteñas. Mientras el gobierno informa detenciones sin pruebas claras, gremios periodísticos denuncian un "plan sistemático" que dejó al menos ocho trabajadores de prensa heridos.

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Represión

La movilización en defensa del presupuesto educativo del pasado jueves frente al Congreso, además de sumar adhesiones de diferentes sectores de la sociedad que también resultan víctimas del ajuste del mileismo, se convirtió en una brutal exhibición represiva por parte de las fuerzas represivas federales, a cargo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de la policía de la Ciudad, ordenada por el alcalde Jorge Macri que insiste en mostrar la política de “mano dura” como parte de sus argumentos electorales.

Lo que sirvió de pretexto para la represión policial y de las fuerzas de seguridad fue la acción de un reducido grupo de encapuchados –cuya identificación resulta extremadamente difícil– que rompieron bancos con una maza para convertir las piedras en proyectiles. Cuando uno de ellos fue enfocado con una cámara de televisión intentó en forma violenta impedir el registro audiovisual.

El informe emitido por el Ministerio de Seguridad da cuenta de 25 detenidos y acusados de participar en los disturbios, pero no existe evidencia de que entre ellos se encuentren quienes fueron vistos y registrados iniciando las agresiones. El informe oficial señala además que ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

Los disparos de las fuerzas de seguridad surgieron inicialmente desde detrás de las vallas de retención, el mismo lugar desde donde comenzaron a accionar los carros hidrantes cuando las columnas de manifestantes estaban todavía ingresando a la plaza frente al Congreso, lo que puede leerse como una clara intención de disolver la concentración y evitar que se hiciera visible el carácter multitudinario de la misma. Otro detalle muy llamativo es que los efectivos que participaron del operativo represivo se encargaron de recoger del piso las carcazas desechadas de los cartuchos disparados. ¿Eliminar evidencias y trazabilidad de los proyectiles utilizados?

Al respecto el diputado Germán Martinez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria se preguntó “¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? y aseguró que “al final, toda manifestación termina con represión». El también diputado Pablo Giuliano agregó que “el Gobierno necesita construir una escena negativa frente a la opinión pública».

Según la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) “cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente autoritario. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta”.

Los disparos de las fuerzas de seguridad surgieron inicialmente desde detrás de las vallas de retención, el mismo lugar desde donde comenzaron a accionar los carros hidrantes cuando las columnas de manifestantes estaban todavía ingresando a la plaza frente al Congreso, lo que puede leerse como una clara intención de disolver la concentración y evitar que se hiciera visible el carácter multitudinario de la misma.

Una declaración emitida por ARGRA y SIPREBA, los sindicatos que representan a reporteros gráficos y periodistas, denuncia que “las fuerzas federales que reprimieron la protesta volvieron a mostrar una saña particular contra quienes estaban realizando tareas periodísticas”.

De acuerdo a estos representantes gremiales “la represión a la prensa busca desinformar a la población y atacar una tarea clave a la hora de encontrar responsables como pasó cuando le dispararon a Pablo Grillo”, fotógrafo lesionado gravemente en la cabeza el 11 de marzo de 2025 cuando tomaba imágenes en una manifestación también en las inmediaciones del Congreso. En el mismo comunicado se denuncia que “desde diciembre de 2023 sufrimos un plan sistemático contra la libertad de expresión y prensa en la Argentina” y que “la represión de las fuerzas de seguridad es una solo un arista de este engranaje”, recordando que “desde que asumió Mieli al gobierno, más de 300 cronistas, fotorreporteros, camarógrafos, fueron heridos en manifestaciones” lo que equivale al diez por ciento del total de personas heridas de acuerdo a la estimación de organismos defensores de los derechos humanos.

La denuncia precisa que en los hechos ocurridos el jueves frente al Congreso la Policía Federal y Gendarmería “apuntaron directamente al cuerpo de los trabajadores de prensa, en muchos casos al torso y a corta distancia, a pesar de estar claramente identificados como prensa”. 

La periodista Laura Quispe recibió nueve balazos de goma en su espalda y fue atendida en el Hospital Ramos Mejía, donde luego de hacerle estudios se determinó que dos perdigones quedaron dentro de su cuerpo. Otros siete periodistas también fueron baleados y a ello deben sumarse también agresiones de las fuerzas de seguridad contra equipos de dos canales de televisión. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció además que las fuerzas represivas realizaron disparos en línea recta de proyectiles cinéticos, algo que está expresamente prohibido por los protocolos debido a las graves consecuencias que pueden causar a quienes manifiestan.

 

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