Economía
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Guillermo Folguera: “La propiedad de la tierra tiene que ser rediscutida en nuestro país”

Guillermo Folguera: “La propiedad de la tierra tiene que ser rediscutida en nuestro país”

Biólogo y filósofo Folguera advierte no solo sobre los riesgos de la política económica actual para la vida y la democracia, sino por los condicionamientos que las medidas que se toman ahora tendrán el futuro de la sociedad y de las comunidades. Advierte que se está construyendo “un territorio para las corporaciones” y pide un proyecto propio que nos permita pensarnos a largo plazo como país.

Tamara Smerling

“Hay que repensar el país, sin parches, con la misma radicalidad que el gobierno de Milei: con un país a 30 o 40 años, un proyecto diferente, con territorio, salud, vivienda, transporte, ambiente, pero que básicamente se pregunte por las vidas que lo habitan y no solo por hacer negocios”, dice Guillermo Folguera desde el otro lado del teléfono. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Ley de Glaciares, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o la Ley de Emergencia en Territorios Indígenas son algunas –solo algunas— de las afrentas que los ambientalistas tuvieron que pelear en estos casi tres años de gobierno libertario.

Folguera es biólogo y filósofo, docente de la Universidad de Buenos Aires y también investigador de CONICET. Su comienzo en la militancia fue desde muy joven: “En el 2001 estuve en la calle, como tantas otras personas”, dice, ahora, a poco de marchar también frente a la Plaza de los Dos Congresos. Pero fue recién, al año siguiente, 2002, cuando comenzó a pensar en los temas de ambiente como secretario de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA: “En ese momento entré en el Grupo de Reflexión Rural, que tenía una mirada muy crítica en torno al modelo de los agronegocios”.

Después de esas primeras experiencias, pensando los temas de sociedad y ambiente, justamente, comenzó a militar y también a investigar sobre los agronegocios que estaban en plena expansión en la Argentina. “En 2015 también comencé a trabajar sobre las problemáticas de la megaminería, con litio y cobre, por eso también formó parte del Colectivo Ciencias, Ambientes y Territorios con investigadoras e investigadores de todo el país y, también, del Colectivo Después de la Deriva en Revuelto Radio”, dice, ahora, a una semana del debate en el Senado contra la extranjerización de las tierras o los desalojos exprés y en defensa de los bosques nativos.

¿Cómo analizás qué ocurrió con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada? ¿Se puede leer como un pequeño triunfo frente a la extranjerización de las tierras? ¿Qué implicancias tienen estos cambios?

Lo que ocurrió con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue que estaban planeados, al menos de manera inicial, cinco módulos generales y se produjo la caída, al menos, de tres de ellos: en el apartado que hablaba de los bosques nativos y el manejo del fuego, en el apartado que contemplaba los barrios populares y también el que estaba relacionado con la Ley de Tierras Rurales. El modo en que, hasta último momento, el gobierno trató de negociar esas “caídas” son éxitos, sobre todo en un contexto más general en el cual avanzó con cambios de una magnitud impactante como fue la reforma laboral: sin que haya habido impactos sociales y sin que hayan tenido que claudicar en muchos otros aspectos porque no hubo movilizaciones tan grandes. Ahora, sin embargo, esta no es una derrota total: creo que es importante que lo entendamos. No es poco lo que sigue en pie: me refiero a ponerle límites a la capacidad del Estado de expropiar y a todo lo que tiene que ver con los desalojos exprés. Pero además porque nos sigue ubicando a la defensiva: es una constante que se va a repetir. Realmente creo que eso es algo que tenemos que cambiar: no quedan claro cuáles son nuestros proyectos.

¿Por qué?

Porque esta ley pone límites a la extranjerización pero ese límite que tenemos hoy triplica la cantidad actual. En todo el país, además, se observan violaciones a esos mismos límites. Es evidente que estamos ante un problema mayor. Entonces frente a una derecha tan extrema y tan clara, como la que representa el gobierno de Javier Milei, deberíamos presentar un proyecto absolutamente alternativo e igual de extremo.

La Ley de Glaciares, la Ley de Emergencia en Territorios Indígenas, la privatización y concesión del Río Paraná como Vía Navegable a 25 años, son todas medidas de los últimos dos años: ¿Cuál considerás es la importancia geopolítica de Argentina hoy para las corporaciones?

Por un lado, la multiplicidad de leyes que fueron modificadas o eliminadas en este tiempo ubica a la Argentina como un país “barato” para las corporaciones. Por otro lado, pone los territorios a disposición de todos los proyectos extractivistas en juego, que pueden ser mineros, de agronegocios, de hidrocarburos, pesqueros, forestales o como centros de datos, en una multiplicación de formas de despojo. En ese sentido, Argentina aparece como un lugar importante. Solo que, además, para avanzar con un poco más de precisión, desde lo geopolítico, una parte muy importante del país tiene que ser proveedora de fuentes energéticas (como la minería de cobre, de litio, aerogeneradores) y que no es casualidad que los pretendan ubicar en un punto central de la Patagonia. La única manera de reclamar que este país no es para las corporaciones y que tiene que ser territorio de vida vendrá de la mano de retomar algunos proyectos locales y regionales con vistas también a los consumos locales y que ofrezcan también una alternativa a la comunidad.

En ese sentido, con las denominadas inversiones en territorios, ¿qué te parece que pasará ahora con normativas como el RIGI?

El RIGI, el Súper RIGI, está intentando garantizar las exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias para las corporaciones, para que su margen de ganancias sea mayor. En ese sentido, creo que buscan que Argentina sea un territorio más apetecible para estas empresas. En el fondo se trata simplemente de una manera de garantizar que el pueblo argentino esté sosteniendo este tipo de proyectos a partir de la exención impositiva. Todo esto no se entiende de manera aislada si no es a través de un escenario extractivista, de despojo territorial y de endeudamiento. El gran corolario del gobierno es agravar todos los problemas que teníamos: es evidente que esto tiene relación directa con el endeudamiento que toma la forma particular del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que, a todo el panorama que señalé recién, le suma que el Estado tiene que recuperar miles de dólares para pagar esas deudas. Todo esto, que se conoce como Doctrina del Shock, arrincona a todo gobierno nacional de los próximos años. En ese sentido cabe la lectura política de la deuda ligada también al extractivismo.

Guillermo Folguera: “La única manera de reclamar que este país no es para las corporaciones y que tiene que ser territorio de vida vendrá de la mano de retomar algunos proyectos locales y regionales con vistas también a los consumos locales y que ofrezcan también una alternativa a la comunidad”.

¿Hay proyectos de transición energética por parte de este gobierno?

Este gobierno no tiene proyectos de transición energética como fue el Acuerdo de Río de Janeiro: no le interesa en lo más mínimo. Tampoco piensa en la crisis o en el cambio climático, que es donde se sostiene el discurso de la transición energética. Creo que una de las características centrales que tiene el gobierno nacional es pensar a corto plazo: es la lógica típica de especulación, una “timba financiera”, que no lo hace pensar más allá de un año y medio, en términos de proyección locales pero de 40 o 50 años para las multinacionales o los grupos financieros. En el caso de la minería de litio y cobre, que son de los dos pilares centrales de la expansión, auspiciada por los gobiernos provinciales y también el nacional, con publicidad de la transición energética, lo único que realmente impulsa es el precio internacional del cobre. En ningún sentido creo que eso puede moldear una política que no sea otorgar dinero a corto plazo para una pequeña, ínfima, parte de la población.

¿Por qué considerás que hoy no tenemos propiamente un país sino “un territorio para las corporaciones”?, ¿y por qué estamos ante un ataque de nuestra democracia en todas sus diferentes aristas?

Es imposible pensar una democracia en la cual las comunidades, verdaderamente, en sus territorios, elijan cómo vivir. Es imposible sin que eso implique un sacrificio de sus condiciones de vida. En ese sentido, creo que “tenemos un libro de negocios para las corporaciones” porque la vida no está puesta como prioridad. En todo el discurso gubernamental la metáfora se mueve de manera directa: ubica a la Argentina como si funcionara como un banco en el cual tenemos que obtener rápidamente dólares y además a cualquier precio: sin que eso implique la pregunta si un territorio se inunda o se prende fuego, quién se enferma y por qué, qué estamos comiendo, dónde duermo a la noche o cómo me muevo de un lugar a otro. Es decir, los derechos históricos de una comunidad quedan relegados en pos del beneficio de un sector financiero o corporativo específico. El concepto de democracia está muy lejos, en ese sentido, de cualquiera de estos aspectos y por eso realmente merece ser discutido. Milei, Caputo, Bullrich y Sturzenegger vinieron a agravar un problema que ya era preexistente en nuestro país: qué significa nuestra democracia, es decir, cómo vamos a garantizar un techo seguro, cómo vamos a garantizar los alimentos o cómo vamos a hacer para que no arrasen con nosotros con incendios o inundaciones o químicos. Son las preguntas que creo que más que nunca tenemos que hacernos en este contexto.

En una entrevista reciente mencionabas que la velocidad con que en Argentina se dio, en los últimos 50 años, la concentración de propiedades es altísima, un equivalente a la provincia de Santa Fe solo que en manos extranjeras, ¿qué rol cumplen las comunidades en los territorios, en los pueblos originarios, en pequeños pueblos, en ese entramado y esa resistencia?

Las comunidades, en los territorios, ocupan el lugar que tiene que tener justamente la democracia: vivir ahí. En ese ‘vivir ahí’ aparece, junto con las comunidades humanas, también la naturaleza, se da la prioridad que debería tener este país en una democracia. Junto con ese ‘vivir ahí’ lo que se presenta, del otro lado, es un ofrecimiento territorial en función del recurso en juego: litio, cobre, oro, plata, trigo, maíz, girasol, soja, gas, petróleo, celulosa, calamar o merluza. Una commodity, con un bajo o nulo valor agregado para su exportación. Creo que en ese enfrentamiento está la clave para generar proyectos alternativos: ¿Cómo hacemos que nuestro país sea un territorio de vida? Mientras tanto, del otro lado, habrá distintas lecturas: una entrega desbocada como el gobierno de Milei o también diferentes versiones que si lo hace YPF no es lo mismo que Chevron o una empresa de Jujuy que una trasnacional o que si lo hace Grobocopatel en lugar de Bayer-Monsanto puede ser diferente. Entonces aparece un discurso en torno a lo extranjero que oculta lo que sabemos: que la tierra tiene que ser rediscutida en nuestro país, porque la concentración es absolutamente inadmisible. Y que si bien es un éxito notable haber puesto un límite a la extranjerización, en ningún sentido eso representa una victoria porque la concentración es inédita: en un país que, además, no tuvo reformas agrarias.

“Milei, Caputo, Bullrich y Sturzenegger vinieron a agravar un problema que ya era preexistente en nuestro país: qué significa nuestra democracia, es decir, cómo vamos a garantizar un techo seguro, cómo vamos a garantizar los alimentos o cómo vamos a hacer para que no arrasen con nosotros con incendios o inundaciones o químicos”.

Teniendo en cuenta que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, además de las tierras, permitía el acceso a los cursos de agua dulce, como lagunas y ríos, ¿cómo afecta todo esto a nuestros recursos y también a la soberanía? ¿Cómo prepararse para una nueva afrenta?

Hay un doble juego: hay que articular entre sectores, a lo largo y ancho del territorio, entendiendo que no todo se da en Buenos Aires ni tampoco en el ámbito urbano. También habrá que involucrar a los pueblos pequeños, los sectores rurales, las comunidades originarias: habrá que repensar un país para poner freno a todo eso. Pero, además, creo que también hay que priorizar nuestros propios proyectos: porque el hecho de haber puesto freno a 50 años de protección de los territorios quemados, cuando intentan eliminar o modificar la Ley de Manejo del Fuego, fue algo muy acertado. Ahora, la Argentina tiene repoblar el territorio –en términos demográficos—y volver a tener bosques y montes nativos. No solo por lo que significa en términos de bienestar abstracto sino en términos concretos: por las inundaciones, los incendios o las sequías, por la capacidad para enfrentar estos fenómenos que se pronostican para las siguientes décadas. Creo que además de dar una afrenta clara y significativa al gobierno de Javier Milei urge, además, presentar un proyecto propio que nos permita pensarnos a largo plazo.

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