Mientras Vaca Muerta marca récords y las petroleras celebran balances, el salario privado perdió diez tanques de capacidad de compra bajo un esquema que cobra el petróleo propio a valor de importación. ¿A qué se destina lo recaudado por el impuesto al combustible que debería volcarse al mejoramiento y construcción de rutas?

Redacción 4Palabras

La escena se repite en cada estación de servicio del país con la precisión de una costumbre amarga. El conductor mira la pantalla digital, ve correr los números a una velocidad alucinante y calcula, casi por instinto, cuánto terreno volvió a perder. Desde que el gobierno de Javier Milei tomó las riendas en diciembre de 2023, la decisión de aplicar una devaluación inicial del 54% y soltar las amarras del mercado de combustibles disparó un aumento acumulado de la nafta que ya alcanza un 558%. Aquella promesa de desregulación inauguró un esquema de ajuste implacable que reconfiguró la vida cotidiana de millones de argentinos.

Hay un contraste que define esta etapa de la economía nacional. Mientras las autoridades celebran el ordenamiento fiscal en cada micrófono y las petroleras exhiben balances contables con ganancias récord en sus presentaciones trimestrales, la realidad en las calles muestra un impacto devastador sobre los ingresos de los trabajadores. Llenar hoy un tanque de cincuenta litros cuesta más de 100.000 pesos, un costo exorbitante que deja casi el doble de tanques fuera del alcance del mismo sueldo promedio en comparación con el escenario de 2023. De acuerdo a un informe de la Fundación Encuentro, significa que la capacidad de compra del salario privado sufrió la pérdida directa de diez tanques mensuales, convirtiendo el acto de cargar combustible en un privilegio prohibitivo.

Cada incremento en el combustible se transforma en un eslabón directo que encarece los fletes y termina impactando de lleno en la góndola del supermercado.

El nudo central de esta política encierra una paradoja sobre los recursos estratégicos del país. El suelo argentino, empujado por el despliegue ininterrumpido de Vaca Muerta, bombea petróleo en volúmenes históricos con un crecimiento de la producción que alcanza el 47% en el último año y mantiene a las refinerías locales trabajando al ciento por ciento de su capacidad. Sin embargo, el esquema oficial decidió tratar al consumidor interno como si habitara en una nación sin energía propia, obligándolo a pagar cada litro al valor de un país importador que recibe el crudo en barco desde el otro lado del océano.

En una economía donde la inmensa mayoría de las mercaderías se desplaza sobre ruedas, cada incremento en el combustible se transforma en un eslabón directo que encarece los fletes y termina impactando de lleno en la góndola del supermercado. Este mecanismo suma hasta 2,5 puntos a la inflación anual, lo que implica que el costo de la nafta liberada lo termina pagando la sociedad entera cada vez que compra comida o productos de primera necesidad.

A la par de los precios desbocados corre la recaudación fiscal asociada a cada carga. Los impuestos específicos al combustible, cuyo destino legal es financiar la obra pública y mantener la infraestructura vial, continuaron cobrándose sobre un precio base cada vez más alto, pero la plata quedó retenida para alimentar las cajas del superávit. Con lo que el Estado dejó sin ejecutar en estos dos años y medio se podrían haber mejorado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, lo que representa casi dos tercios de toda la red vial nacional. Mientras tanto, el asfalto se desmorona a la vista de todos y el peaje de esa desidia lo paga, de su propio bolsillo y con su propia seguridad, cada trabajador que sale a manejar.

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