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Discapacidad: avanza proyecto en la Legislatura bonaerense para promover los talleres protegidos

Discapacidad: avanza proyecto en la Legislatura bonaerense para promover los talleres protegidos

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso para la adhesión a la ley nacional de Empleo Protegido. Ante la crisis del sector, la medida busca respaldar a 177 talleres y garantizar derechos laborales para casi 5.000 trabajadores con discapacidad.

Manuel Barrientos

Ante el crítico escenario que atraviesan los talleres protegidos en todo el país, la Cámara de Diputados bonaerense dio un paso significativo esta semana al aprobar en comisiones el proyecto que establece la adhesión formal a la ley nacional 26.816 de Régimen Federal de Empleo Protegido. Promovida por la senadora Nerina Neumann y con media sanción del Senado desde octubre de 2025, la iniciativa obtuvo ahora la firma favorable en la comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad.

El avance parlamentario deja a la normativa a las puertas de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General, el paso previo antes de desembarcar en el recinto de Diputados para su sanción definitiva. Durante el debate en comisión participaron representantes de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires (FETAP), entidad que coordina la labor de los espacios de producción y empleo adaptado, que abarcan a casi cinco mil trabajadores con discapacidad.

El titular de la FETAP, Darío Corrao, expuso ante los legisladores la persistencia del reclamo por la norma reglamentada en 2013 y enumeró el rol de los talleres en el territorio bonaerense: “De los 263 talleres nacionales, la provincia de Buenos Aires tiene 177. Eso no es casualidad, es porque la provincia es la única que tiene un convenio con talleres protegidos, le paga una beca a las organizaciones y un plus a los operarios. Entonces eso genera que las organizaciones puedan sostener parte del gasto operativo que tienen”.

Esta infraestructura permitió que los espacios trascendieran el carácter asistencial para consolidar unidades de bienes y servicios integradas al mercado local, dedicadas a diversos sectores productivos y de servicios. El origen de estas experiencias responde a una matriz comunitaria ante la inacción del mercado formal y la escasez de alternativas públicas.

“Tenemos un gasto operativo cada vez más elevado. Somos corajudos como organización para contener a las personas, porque lo sentimos desde el corazón. Pero necesitamos el apoyo del Estado para que podamos crecer y que haya más unidades productivas”, explicó Darío Corrao, presidente de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires.

“Los talleres se terminan organizando por padres de familias de hijos con discapacidad que ven que sus hijos no tienen la oportunidad de nada. De alguna manera, el taller genera su unidad productiva, y en las ciudades se suele producir juntándose entre pares y armando una organización”, detalló Corrao para graficar la génesis autogestionada de la trama productiva.

La legislación nacional postula que las personas con discapacidad que trabajan en estos talleres perciban una asignación equivalente al 40% del salario mínimo, vital y móvil, junto a la cobertura del sistema de salud, las asignaciones familiares y los aportes de la seguridad social. La aplicación del haber mínimo a nivel nacional recobró vigencia a partir de una orden judicial que intimó al gobierno nacional a reconocer la ley de emergencia en discapacidad, cuya puesta en marcha había sido frenada luego del veto firmado por el presidente Javier Milei.

En ese marco de tensión financiera e incertidumbre presupuestaria, desde la FETAP evalúan que la ratificación normativa en La Plata representa la conformación de una plataforma política para interpelar al Ejecutivo nacional. “Si logramos la decisión de la provincia, la FETAP va a tener una herramienta para ir a reclamar a la Nación”, consideró Corrao.

El proyecto de ley en debate plantea la modificación del artículo 7° de la Ley provincial 10.592 e incorpora artículos específicos para jerarquizar la tarea de los operarios. También estipula que la actividad desempeñada en los talleres de producción debe ser remunerada y acompañada por asistencia económica para el sostenimiento de los centros. Para las organizaciones que sostienen las plantas productivas en medio de tarifazos y aumento de costos, la norma tiene carácter urgente.

“Tenemos un gasto operativo muy alto y cada vez más elevado. Hoy somos corajudos como organización para contener a las personas, porque lo sentimos desde el corazón, y alguien lo tiene que hacer. Necesitamos el apoyo del Estado para que podamos crecer y que haya más unidades productivas”, concluyó Corrao.

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