El FMI festeja los números, Milei busca convertir su programa en destino y el Senado se prepara para abrir la tierra y el agua al capital extranjero. En la distancia entre la planilla y la vida se juega algo más que una ley: quién defiende lo que todavía es de todos.

Pablo Castillo

Kristalina Georgieva estuvo en Buenos Aires entre el lunes y el martes. Fue su primera visita al país desde que asumió al frente del Fondo Monetario Internacional, en 2019. Se puso el casco y la ropa de trabajo de YPF para recorrer Loma Campana, en Vaca Muerta; se reunió con el gabinete y, antes de irse, le preguntó a un grupo de estudiantes reunidos en el Palacio Libertad:

– ¿Cuántos de ustedes tienen dólares debajo del colchón?

La sala se rió. La directora del FMI haciendo bromas sobre el ahorro informal en el país que más dinero le debe al organismo: en esa escena cabía buena parte del sentido de la visita.

Georgieva recomendó que la Argentina siguiera acumulando reservas. También dijo, con una ironía ya conocida, que esperaba que este fuera el último préstamo. Lo había dicho antes. Más de una vez.

La próxima administración deberá pagarle al Fondo más de 9.500 millones de dólares por año entre 2028 y 2031. Los vencimientos de capital empiezan en septiembre. Por ahora, los bonos suben, la inflación cayó al 2% mensual y el Gobierno festeja. El FMI vino a respaldar esa lectura de la economía.

Hay política también en una planilla de cálculo. Sobre todo cuando determina qué se mide, qué se celebra y qué queda afuera.

Georgieva habló del potencial de la Patagonia, de la energía y de las oportunidades de inversión. No habló del salario que no alcanza, de las pymes que cierran ni de quienes tienen que atravesar la estabilización sin ahorros ni margen para esperar. Cada préstamo del Fondo, además, trae compromisos que no se votan y que deberá cumplir el gobierno que venga.

Entre la economía que el organismo evalúa y la vida de quien no tiene dólares debajo del colchón hay una distancia. El gobierno la llama estabilización.

Mientras Georgieva tomaba mate con Luis Caputo, Javier Milei estaba en São Paulo, a unos 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Allí llamó “presidiario” y “ladrón” a Lula da Silva durante la convención del Partido Liberal que proclamó la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Brasil llamó a consultas a su embajador. El ministro de Hacienda brasileño Dario Durigan trató de “payaso” a Milei. El vicepresidente Geraldo Alckmin sostuvo que el presidente argentino perjudicaba a su propio país y recordó algo elemental: Brasil es el principal comprador de productos argentinos.

La relación bilateral quedó desplazada por otra prioridad. Milei quiere presentarse como conductor de una derecha latinoamericana en expansión: Fujimori en Perú, De la Espriella en Colombia, Noboa en Ecuador, Kast en Chile. Santiago Caputo administra esos vínculos con más dedicación que algunas relaciones entre Estados.

El gobierno habla de soberanía cuando enfrenta a presidentes que identifica con la izquierda. La palabra pierde espesor cuando la discusión pasa por la venta de recursos estratégicos al capital extranjero. Frente a Lula, la frontera se endurece. Frente a los inversores, se vuelve negociable.

En ese escenario reapareció Cristina Kirchner. Anunció que llevará su causa ante la ONU con el abogado de Lula y vinculó, en un mismo movimiento, su situación judicial, la crisis diplomática con Brasil y la proyección internacional del peronismo.

Georgieva habló del potencial de la Patagonia, de la energía y de las oportunidades de inversión. No habló del salario que no alcanza, de las pymes que cierran ni de quienes tienen que atravesar la estabilización sin ahorros ni margen para esperar. Cada préstamo del Fondo, además, trae compromisos que no se votan y que deberá cumplir el gobierno que venga.

La tierra que nadie quiere votar

Federico Sturzenegger ya trabaja sobre la decimosexta versión de su proyecto. El texto que en julio naufragó cuatro veces en el Senado podría llegar al recinto el jueves 6 de agosto. Los votos todavía no están.

Milei tiene previsto viajar a Colombia para asistir, el 7 de agosto, a la asunción de Abelardo de la Espriella, aunque todavía no se informó oficialmente cuándo partirá. Si el 6 de agosto ya hubiera salido del país, Victoria Villarruel quedaría a cargo del Poder Ejecutivo y la sesión sería conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El proyecto se llama ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Entre otras modificaciones, elimina el límite del 15% que desde 2011 restringe la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. También habilitaría la venta de predios con nacientes y ojos de agua, hoy protegidos.

El agua no es una mercancía más. Sin ella no hay tierra productiva, población ni futuro posible. Sin embargo, el proyecto trata la venta de una hectárea y la transferencia del acceso al agua como si fueran parte de una misma operación inmobiliaria. El oficialismo calcula que cuenta con 36 votos. En ese número incluye a diez senadores radicales que todavía no confirmaron su posición.

“Por cómo viene el tema, hay que esperar el texto definitivo”, le dijo a 4 Palabras un asesor de un senador de la UCR. En el Senado, esperar el texto definitivo puede significar muchas cosas. Entre ellas, ver qué ofrece el gobierno antes de la votación.

Carolina Losada acompañaría la iniciativa. Maximiliano Abad mantiene dudas. Edith Terenzi, de Chubut, no garantizó su presencia. Flavia Royón pidió un marco jurídico federal. Alejandra Vigo, de Córdoba, estaría en contra.

El peronismo asegura tener 33 votos para rechazar la ley. Necesita cuatro más. Mariano Recalde pidió movilización social desde Futurock: “La presión popular permea e influye en la decisión de los más especuladores”. La frase recupera una vieja certeza de la política argentina. Hay votos que no se mueven con argumentos nuevos, sino cuando el conflicto sale de los despachos y ocupa la calle.

Leonel Chiarella tiene 36 años, es intendente de Venado Tuerto y el presidente más joven que tuvo la UCR. Llegó al cargo en diciembre de 2025 con el respaldo de Maximiliano Pullaro, uno de los gobernadores radicales más próximos al gobierno de Milei.

Esta semana firmó un comunicado del Comité Nacional que advierte que el proyecto pone en riesgo “la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”. La definición partidaria fue contundente. En el Senado, en cambio, solo tres de los diez radicales se pronunciaron abiertamente en contra. Los demás todavía esperan. Así, la UCR puede rechazar la iniciativa en un documento y, al mismo tiempo, aportar el quórum necesario para que llegue al recinto.

La discusión también toca de cerca al territorio que gobierna Chiarella. General López, el departamento cuya cabecera es Venado Tuerto, tiene el 3,5% de su superficie rural en manos extranjeras. Si se elimina el límite del 15%, podría ser uno de los primeros lugares donde se adviertan los efectos de la nueva ley.

En paralelo, el diputado libertario bonaerense Agustín Romo presentó un proyecto para cobrarles la salud pública y la educación universitaria a los extranjeros sin residencia permanente, después de que se viralizaran videos de estudiantes extranjeros burlándose de la Selección.

El contraste es difícil de disimular: al extranjero sin patrimonio se le exige que pague para estudiar o atenderse; al que llega con capital se le permite comprar tierra sin límite. La frontera, al final, no parece ser la nacionalidad sino la billetera.

El plan mayor

Detrás de estas discusiones hay un objetivo que las excede. Milei necesita demostrar que su modelo puede durar. No necesariamente que la vida cotidiana vaya a mejorar antes de 2027. Hernán Lacunza lo dijo sin demasiados rodeos: el salario real podría mantenerse en una línea casi plana.

La apuesta consiste en instalar la idea de que el rumbo ya no puede modificarse. Que esta vez el péndulo argentino no volverá.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, las negociaciones con gobernadores para suspender las PASO y la apertura de la tierra rural están lejos de las preocupaciones inmediatas de quien cuenta las monedas para almorzar en los bares de Constitución. Para los inversores y los grupos económicos que observan al país desde afuera, en cambio, son señales decisivas.

Un programa económico puede volverse difícil de desmontar incluso antes de mejorarle la vida a la mayoría. Le alcanza con conseguir que una parte suficiente de la sociedad deje de imaginar otra salida.

Milei trabaja sobre esa expectativa. Busca que su proyecto sea visto no como un gobierno más, sino como un cambio de época. El salario puede seguir quieto; la narración, mientras tanto, avanza.

Pero incluso las narraciones políticas chocan con límites materiales. Y uno de esos límites tiene un nombre elemental: agua.

Esta semana mostró a cada actor cuidando lo suyo. El FMI protege su crédito. Milei, la continuidad de su relato. Los gobernadores, sus acuerdos y sus territorios. Los senadores radicales calculan cuánto acercarse a la Casa Rosada. El peronismo vuelve a discutir qué hacer con Cristina.

La tierra, el agua, el salario y la salud pública no tienen defensores con la misma eficacia.

Durante buena parte del siglo XX, los partidos políticos aspiraron a transformar demandas dispersas en proyectos colectivos. El Estado debía arbitrar conflictos y garantizar ciertos bienes comunes, aun cuando pocas veces lo hiciera de manera plena. Esa arquitectura no desaparece de un día para otro. Se vacía de a poco, cada vez que una organización confunde la política con la supervivencia de sus dirigentes y cada vez que algo que pertenece a todos queda sin representación.

En una columna anterior escribimos que no faltaban fuerzas emancipadoras. Faltaba un proyecto capaz de sacarlas de la dispersión y volverlas acción colectiva. El 6 de agosto no se votará solamente una ley. También sabremos si cada uno sigue cuidando su parcela o si, mientras mirábamos el Mundial, alguien empezó a juntar las partes.

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